Tras 7 años, bajamos en un 57% las víctimas fatales por accidentes de tránsito que involucren
conductores en estado de ebriedad. La denominada Ley Emilia -normativa que endurece las
sanciones con cárcel a quienes manejan vehículos bajo la influencia del alcohol y causen lesiones
graves, gravísimas o muertes-, cumplió 5 años desde que entró en vigor, y revela un avance en la
rebaja de los fallecidos, pero, mirado holísticamente, aún estamos lejos de lograr resultados
generales satisfactorios.
Desde la Fundación Emilia aclararon que no han bajado los accidentes por conducir en estado de
ebriedad, aunque sí el número de muertos. En Chile anualmente mueren por accidentes de
tránsito cerca de 1.600 personas. La cifra histórica va desde los 1.500 a 1.600, pero siguen siendo
elevadas. Según un informe dado a conocer por la Conaset, estamos en las tasas más elevadas de
la OCDE, si comparamos los accidentes de tránsito con resultado de muerte, de los países
miembros, cada 100 mil habitantes. También las cifras son altas en México, Corea, Estados Unidos,
y bajas en Suecia, Gran Bretaña, Suiza. Para la Conaset, la ley que redujo la velocidad máxima
urbana (de 60 a 50 km/h) permitió disminuir accidentes y fallecidos a un año de su
implementación.
Pero el problema no sólo son los fallecidos por la conducción en estado de ebriedad, sino también
los fallecidos porque van o vuelven de su trabajo utilizando algún vehículo. El año pasado, hubo
208 trabajadores fallecidos dentro de las faenas o lugares de trabajo. Pero desplazándose al
trabajo o al volver de éste al hogar, hubo 147 fallecidos (cifras de la Superintendencia de
Seguridad Social), lo que es un 17% más respecto del 2017. Además, dentro de los fallecidos en el
lugar de trabajo, en 97 casos hubo participación de un vehículo, donde la mayor proporción son
vehículos que están en la vía pública como camiones, buses y el sistema público de transporte. Es
decir, casi la mitad de las fatalidades en el centro de trabajo involucran a un vehículo.
Respecto de esto último, estamos en presencia de un problema país: mientras los accidentes de
trabajo van a la baja, con tasas históricas de 3,1 trabajador accidentado cada 100 (la más baja
desde que se tiene registro), los accidentes de trayecto, si bien no suben descontroladamente, sí
aumentan y son más graves, y es una variable que hoy no es preocupación del empleador, quien
no tiene responsabilidad legal o multa de lo que hace su trabajador cuando abandona la oficina y
se vuelve a su casa.
Estamos frente a un tema que requiere una mirada integral, transversal y público-privada. Son
muchas vidas y recursos que se pierden por este tipo de accidentes. Se están dando algunos pasos,
hay acercamientos entre las mutualidades, donde dan la prestación médica a los accidentados de
trayecto y despliegan campañas preventivas, y el Ministerio de Transporte, pero sin la
coordinación de las distintas y variadas instituciones que velan por la seguridad y salud de las
personas, se hace complejo seguir avanzando. A su vez, si no se cristaliza un cambio cultural, por
ejemplo, haciendo algo tan simple y sensato como no usar el teléfono mientras se conduce,
seguiremos lamentando más y más fallecidos y familias afectadas.

Columna de Ernesto Evans, Presidente de la Asociación de Mutuales.

Publicada en La Segunda