La discusión del proyecto Aula Segura instaló la necesidad de sancionar las agresiones cometidas por estudiantes contra profesores. No obstante, otro aspecto de este problema quedó de lado y no fue considerado en el debate: las agresiones de apoderados a docentes.

Según la Superintendencia de Educación, el año pasado se registraron 263 denuncias de agresión a profesores, de las cuales 57% corresponde a maltratos de padres de escolares, tendencia que se arrastra al menos desde 2014 y que este año ha mostrado al menos dos casos emblemáticos: el de una profesora agredida fuera de su colegio en Cartagena y el de un docente que recibió un sillazo en Chimbarongo.

Patricia Sepúlveda, profesora de inglés, es el primer caso. Fue agredida por un apoderado y un estudiante en julio pasado, y aún sufre secuelas del ataque en una pierna. La profesional lamenta que este tipo de hechos no quedaran incorporados en Aula Segura.

“Me gustaba más el proyecto del diputado Mario Venegas, porque él hablaba de penas de cárcel para todo aquel que agreda a funcionarios de la salud y educación”, señala.

Fernando Torrealba, docente de enseñanza básica, se encuentra con licencia médica desde septiembre pasado, después de que un apoderado ingresó al establecimiento y le lanzó una silla a la cabeza frente a sus alumnos, hiriéndolo seriamente.

“Las agresiones a profesores ocurren con mucha frecuencia en los cursos de enseñanza básica. En la ley se dio énfasis a los ataques de alumnos contra el personal docente, pero quizá hay un vacío en cuanto a los apoderados que agreden a profesores”, argumenta.

Ataques en aumento

El incremento de este tipo de acciones preocupa al gremio docente, principalmente porque al ser cometidas por adultos, generalmente alcanzan mayor gravedad. El representante del Departamento de Educación del Colegio de Profesores, Álvaro Mardones, cree que la violencia tiene entre sus factores la subvaloración de la actividad docente. “Ciertos adultos creen que los profesores son más empleados que maestros. Los ven como empleados del estudiante”, describe.

“Tenemos la hipótesis de que en los colegios, cuando la comunidad está empoderada con su propia escuela, los niveles de agresión son menores. La estructura de la escuela influye en los niveles de estrés, y cuando hay redes de diálogo y cooperación en la escuela, los niveles de violencia tienden a desaparecer”, asegura.

El aumento de la violencia también ha generado preocupación en la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), donde son atendidas las víctimas de ataques a profesores. Daniela Campos, jefa de Riesgos Psicosociales de la entidad, indica que de todos los docentes que reciben, 43% llega por casos de hostilidad de apoderados y alumnos y 23% por enfermedades de salud mental ligadas a la carga emocional que generan las agresiones.

“Esto va al alza, también, porque las enfermedades profesionales, en general, han aumentado 350% en los últimos años. Esto seguirá creciendo”, afirma Campos.

Los apoderados están conscientes del problema y plantean que los colegios deberían adoptar medidas contra los agresores. Así lo cree Pedro Contreras, representante del grupo “Apoderados por Clases”, quien afirma que los adultos que cometen estas acciones deben ser “retirados de inmediato” de los establecimientos, “porque el sentido común dice que no puede haber agresiones en un liceo. No es una conducta normal y hay que terminar con eso”.

En el Legislativo, varios parlamentarios ya han advertido la existencia de este vacío en Aula Segura. La diputada Camila Rojas (IA) reconoce que si bien la ley “considera que cualquier miembro de la comunidad educativa puede cometer un acto de violencia, las sanciones son solo explícitas para el caso de los escolares. Pero hay otros problemas que no tienen que ver con los estudiantes, sino con los apoderados dentro del colegio, y que no tienen sanción en la ley”, plantea.

Para el profesor Torrealba, con 43 años de ejercicio profesional, otro factor que tiene incidencia en el crecimiento de la violencia de los apoderados contra los profesores de sus hijos es el desprestigio que experimenta en la actualidad la actividad docente en el país. “Antes, los alumnos y apoderados nos miraban con un respeto único. Hoy, por el contrario, las nuevas generaciones se ‘echan al bolsillo’ ese respeto”.

 

Fuente: La Tercera