El 14 de agosto, hace solo dos semanas, ingresó al Congreso la batería de proyectos que conforman la reforma de pensiones que pretende impulsar el Gobierno.

Desde entonces, el debate en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados no ha tenido pausa y ya han desfilado por ahí los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; del Trabajo, Alejandra Krauss; el presidente del Banco Central, Mario Marcel; el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz; el líder de la Conapyme, Juan Araya, y el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Jorge Claude, entre otros. Desde el minuto uno la discusión ha sido intensa, sobre todo en lo relativo al impacto que la reforma podría tener sobre el empleo y sobre las dudas que despierta la creación de un administrador estatal de fondos previsionales.

Y tal vez porque el debate ha estado centrado, primero, en esos dos puntos generales, es que para los parlamentarios e incluso para los gremios relacionados con el tema, ha pasado desapercibido un efecto indirecto pero crucial de la reforma: que eleva también las cotizaciones para isapres, Fonasa y mutuales de seguridad. En concreto, al elevarse gradualmente el tope imponible desde las actuales 75,7 UF hasta coincidir en monto, en un plazo de seis años, con el tope del seguro de cesantía, que actualmente se ubica en 113 UF, para mejorar las pensiones, también se incrementa para las cotizaciones de salud -isapres y Fonasa- y para financiar el seguro de accidentes y enfermedades laborales; es decir, para las mutuales.

Prácticamente todos los parlamentarios consultados e incluso fuentes de Gobierno se mostraron sorprendidos por este efecto y reconocen que no lo han tenido a la vista. Esto, a pesar de que tanto el mensaje como el articulado del proyecto de ley que crea el nuevo ahorro colectivo son explícitos en que el flujo de recursos aumentará para todos los actores del sistema de seguridad social: «Este límite se incrementará para efectos de la cotización obligatoria para pensiones, salud y accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, igualándolo al que aplica al seguro de cesantía, en forma gradual en un período de cinco años», afirma el proyecto.

En contrapartida, ni el informe financiero del proyecto ni el informe de productividad elaborado por el economista del Ministerio del Trabajo, Cristóbal Huneeus -y que prevé la destrucción de entre 2.200 y 394 mil empleos en el caso de que el aumento de la cotización se hiciera sin gradualidad-, detallan el efecto del mayor tope imponible en materia de salud.

«El Informe de Productividad aborda el aspecto principal que es el ahorro colectivo», responden desde Hacienda.

Hacienda reconoce que todos los topes aumentan

¿Fue un error de redacción o un efecto deseado del proyecto? Consultado al respecto, el Ministerio de Hacienda comentó por escrito: «El proyecto de ley que crea el Nuevo Ahorro Colectivo aumenta la cobertura del Sistema de Pensiones y fortalece el Pilar Solidario y efectivamente modifica el artículo 16 del DL. Nº 3.500, y lo hace en el artículo tercero Nº 1. Como el límite imponible de la cotización para salud y para accidentes del trabajo y enfermedades profesionales está vinculado al establecido en el referido artículo 16, la modificación de este tiene como consecuencia que el cambio en el tope imponible también resulta aplicable a esas cotizaciones».

Por ejemplo, una persona que tiene un sueldo bruto mensual de $2,4 millones (equivalentes a $1,9 millones líquidos), contribuye mensualmente con $485 mil a su AFP, isapre, seguro de cesantía y mutual de seguridad, considerando aportes del empleador y del trabajador, indistintamente. Con la reforma que propone el Gobierno, esa misma persona contribuiría al cabo de seis años con $720 mil mensuales; es decir, $234 mil adicionales si se consideran AFP, isapre, seguro de accidentes y enfermedades laborales y seguro de cesantía. (ver tabla con detalle de aportes del trabajador y del empleador)

Isapres: gasto en licencias sube US$ 37 millones al año

En Isapres de Chile se dieron cuenta en los últimos días de que la reforma también les afectaría. El presidente del gremio, Rafael Caviedes, adelanta las consecuencias y con un documento en mano asegura que tendrá un efecto en el gasto por el pago de licencias médicas. «La consecuencia será un aumento del gasto en este beneficio de $25 mil millones al año (alrededor de US$ 37 millones adicionales), el que se incrementará en la medida que el tope aumente año a año». El pago de este beneficio tiene igualmente un carácter regresivo, señala Caviedes, ya que «dentro de un mismo plan habrá gente con distintos ingresos, por lo que, para un mismo precio del plan, los afiliados de mayores ingresos serán los que más recursos consumirán».

Para Caviedes, este efecto se replicará en forma similar en Fonasa, «lo que impactará en los costos que ya enfrenta ese servicio».

Según el documento elaborado por Isapres de Chile, se debe considerar además que las licencias médicas maternales y por hijo menor de un año son de cargo del Estado; en consecuencia, será el fisco el que asumirá las diferencias por aumento de la base de cálculo y con el consecuente aumento del efecto regresivo de la aplicación de los fondos fiscales».

Según datos de la Asociación de Isapres, en 2016 las isapres y Fonasa pagaron cerca de US$ 1.657 millones anuales en licencias médicas «curativas» (US$ 676 millones corresponden a isapres abiertas). En el caso de las licencias maternales y por hijo menor de un año, el Estado gastó US$ 710 millones.

Consultado por la posibilidad de que este efecto fuera compensado por los mayores ingresos que traería para las isapres esta medida -los afiliados de altos ingresos tendrán que pagar más-, el dirigente gremial fue claro: con el incremento del tope imponible, no aumentan los ingresos de las isapres. «Los planes de isapres tienen un precio fijo, por ejemplo, 4 UF. Si aumenta el tope, el precio sigue siendo 4 UF. La diferencia puede generar excedentes que son de propiedad del afiliado para uso en prestaciones de salud. Esto en Fonasa no pasa porque ahí se cotiza por el 7%», explica.

Otras fuentes del sector financiero tienen una mirada distinta. Indican que los ingresos de las isapres sí subirán considerablemente y que los afiliados tendrán solo tres vías de acción: generar excedentes; cambiarse a un plan superior, acorde al nuevo tope imponible y contratar productos adicionales.

Mutuales recurrirían al fondo de reserva legal

El presidente de la Asociación de Mutuales, Ernesto Evans, en tanto, advierte que el proyecto tiene efecto en tres áreas que involucran a este sector: primero, influye directamente porque las mutuales tienen entre 7 mil y 10 mil empleados propios. En segundo lugar, porque estas entidades tienen bajo su alero a más de 30 mil pensionados por accidentes o enfermedades del trabajo. Cuando esas personas cumplen la edad legal de jubilación, pasan al sistema de AFP. Pero mientras eso ocurre, son las mutuales las que pagan las cotizaciones de esas personas en las AFP. Según cifras de la Asociación de Mutuales, en 2016 la suma de las pensiones pagadas alcanzó un monto de US$ 67 millones mensuales. «Vamos a tener que ver el tema del fondo de reserva que nos obliga la ley para cumplir con esas obligaciones», agrega Evans.

En tercer término, las mutuales deben asumir el pago de las licencias mientras el trabajador está haciendo uso de su subsidio de incapacidad laboral. Durante el ejercicio anterior, las mutuales pagaron US$ 148 millones por este concepto.

Si se considera el efecto oculto que tiene la reforma de pensiones para este sector, esperan participar del debate parlamentario en las próximas semanas. «No nos han invitado (al Congreso), porque se supone que somos primos lejanos, pero sería muy interesante participar», afirma Evans.

Pablo Lorenzini: «Tema es complejo considerando las restricciones presupuestarias»

Para el diputado Pablo Lorenzini (DC), claramente los detalles que se han ido conociendo del proyecto dejan claro que la tramitación no será rápida: «La parte números la vamos a tener que ver en la comisión de Hacienda con mucho detalle. Al menos, el cálculo del impacto que tendría en salud no lo he visto. En Fonasa se pagan muchas más licencias que en el sistema privado de salud. Este tema es complejo considerando las restricciones presupuestarias que tenemos para los próximos dos o tres años, sobre todo en salud, donde hay muchos recursos comprometidos», afirma.

A su juicio, la discusión del proyecto no va a ser fácil, «porque van a empezar en cada área, cada experto, a dar a conocer efectos del proyecto. Esta es una cuestión que afecta a todos los chilenos a largo plazo; entonces, no es llegar y decir aprobemos mañana y chao».

Ernesto Silva: Gobierno debe presentar nuevos informes financieros

En la misma línea, el diputado de la UDI Ernesto Silva propone al Gobierno presentar nuevos informes financieros, en que se expliciten claramente los costos del proyecto vinculados a salud: «Este proyecto claramente necesita más tiempo de estudio por parte del Gobierno», afirma.

La investigadora de LyD Alejandra Candia agrega que el argumento de la autoridad para aumentar de esta manera los topes imponibles busca que el proyecto sea menos regresivo -esto, porque un mayor tope imponible golpea a los sueldos más altos-, pero que «sigue siendo regresivo porque castiga solo a los dependientes».

 

Fuente: El Mercurio