Pese a la precarización observada del empleo —ha aumentado el porcentaje de empleos por cuenta propia en comparación con los dependientes—, aún predominan, en el mundo privado, los trabajadores con contrato, incluso indefinido. Nuestra legislación les entrega un cúmulo de garantías. Pero los que trabajan por cuenta propia, o boletean, quedan vulnerables y desamparados ante cualquier vicisitud.

La Constitución dice que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes». Como es sabido, los trabajadores independientes son reacios a cotizar en previsión, como en salud y otros seguros sociales, pero sobre todo en AFP. La paradoja es que el Gobierno ha «dedicado» buena parte de su período a estudiar cómo mejorar el sistema de pensiones, pero al mismo tiempo tiene una masa no despreciable de personas bajo la figura de servicios de honorarios, pese a que la inmensa mayoría de ellos cumple un horario, tiene un lugar físico donde trabajar y depende directamente de las instrucciones de una jefatura (ergo, son de facto dependientes). Este fenómeno, para ser justos, se arrastra desde los 90.

Asf, el Estado valida y perpetúa una mala práctica, pues el contrato de honorarios fue creado para labores temporales, no para que se vayan
renovando año a año. Encima, desconoce derechos como leyes sociales, indemnización por años de servicios o desahucios, entre otros. Esta situación se aprecia en el Informe Anual sobre Derechos Humanos (2016) de la UDP, que ahonda en la materia.

Según expertos, hay cerca de 300 mil trabajadores que prestan servicios a honorarios (170 mil de éstos son de órganos autónomos o centralizados y136 mil en las municipalidades). Otras entidades manejan cifras similares. Y no existe un gobierno responsable, porque todos se han visto enfrentados a contratar profesionales especializados sin disponer de plantas que permitan atraer este tipo de recurso humano, salvo algunas superintendencias. El tema es muy complejo, porque pasar a estas personas a un mejor régimen laboral implica muchísimo dinero del tesoro público. Pero creo que hay que sacar el tema a la luz y gradualmente ir planteando alguna solución.

Cuan do estamos ad portas de empezar a aplicar el programa de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que el Gobierno firmó el año pasado junto a la OIT y por el cual el país se compromete a promover la incorporación de los trabajadores informales e independientes a la seguridad social —en particular en lo que respecta al mundo del trabajo—, es posible preguntarse si acaso no seria razonable que el Estado partiera por casa. Porque estos trabajadores a honorarios tampoco están cubiertos en sus riesgos laborales. La mejor manera de enseñar es hacerlo con el ejemplo.

 

Columna de Ernesto Evans, Presidente de la Asociación de Mutuales A.G.

 

Fuente: La Segunda