Si un hospital recibe $100 al año, durante este 2016 podrá gastar un máximo de $103.

Así lo resolvió el Ministerio de Salud -en acuerdo con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Fonasa y la Contraloría General de la República-, que aplicará una regla de equilibrio financiero en los hospitales públicos como una forma de intentar contener sus altos niveles de endeudamiento, que a febrero recién pasado alcanzaba un total de $159.995 millones, $30 mil millones más que a diciembre.

En la práctica, los centros de salud podrán gastar en personal o en bienes y servicios hasta un 3% por sobre sus ingresos operacionales, estrechando así la opción de generar nuevos endeudamientos.

Y lo deberán hacer con condiciones: la más importante de ellas es que no podrán reducir el número de atenciones totales que hicieron en 2015. Es decir, están forzados a buscar fórmulas para reducir el gasto.

Así se lo informó ya la Subsecretaría de Redes Asistenciales a los 29 servicios de salud del país, como también a todos los hospitales autogestionados de la Región Metropolitana.

Ahora serán los recintos asistenciales los que deberán buscar las maneras de hacer gastos más eficientes. La subsecretaria de Redes, Gisela Alarcón, explica que la fórmula para apegarse a este nuevo compromiso de gasto «tiene que ver con ser mejores gestores clínicos, hacer solicitudes de exámenes más pertinentes, que no se deriven pacientes de más (a un centro privado de salud), que los hospitalizados estén solo por los días que se requiera, que los hospitales resalten sus competencias en la gestión clínica».

Según la subsecretaria, el déficit en salud surge por factores «evitables y no evitables». Entre los primeros, que el Estado financia menos dinero que el que les cuesta a los hospitales entregar una atención. Según un estudio de la UC de 2012, menos del 60% de los costos son cubiertos por el arancel respectivo. Ante esto, Alarcón plantea en una presentación que hará en el Congreso que el Ministerio de Hacienda «ha concurrido puntualmente» a paliar los déficits que se generan en el sistema, por medio de aportes extraordinarios, «dilatándose sistemáticamente la solución definitiva de este problema por parte de las autoridades económicas».

Mañalich: «Es inviable»

Los expertos cuestionan la efectividad de la medida. Jaime Mañalich, ex ministro y académico de la U. de los Andes, cree que «es inviable políticamente que, con las últimas cifras de desempleo, el Gobierno pueda reducir su gasto en personal. Más aún cuando Salud representa la mitad de los empleos públicos en el país».

Manuel Inostroza, del Instituto de Salud Pública de la UNAB, expone que «no habrá efecto alguno» si (la regla financiera) no está asociada a incentivos o castigos para los directores de hospitales. «Mi problema no es la meta. Parece razonable, pero hoy no hay garantías de la disciplina financiera de los servicios de salud. Si no hay incentivos, premios o castigos asociados a los indicadores, no veo qué garantía haya de que la deuda vaya a controlarse».

Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, dice que «el problema que tienen los hospitales es que los precios les son impuestos por Fonasa, el volumen de producción se les fija de acuerdo a metas de gestión, y más del 70% de sus costos son fijos, porque corresponden a remuneraciones. Los gestores de hospitales no tienen mucho margen de acción; entonces, es muy difícil cumplir con ese equilibrio financiero».

 

Fuente: El Mercurio