En Chile existe un déficit de especialistas en el área de salud y eso se evidencia al compararnos con países de la OCDE. Además la distribución de éstos no es homogénea, pues se observa una tendencia natural a la concentración de especialistas en los grandes centros urbanos del país. Para revertir esta situación, se ha desarrollado un cuantioso plan de inversión para proveer al sistema alrededor de 4 mil especialistas para 2018. Esfuerzo que va en la dirección correcta, sin embargo, aún sería prematuro evaluar resultados.
Hoy es clave la definición de brechas a nivel regional y local, junto a la generación de incentivos para que la formación y destino de estos especialistas se dirija hacia donde realmente se requiere. En este sentido, el rol del Ministerio de Salud (Minsal) es crucial para definir una política de Estado centrada en superar este déficit sin sacrificar calidad. Teniendo en cuenta que, dada la estructura del sistema de salud chileno, el Estado también es un gran demandante de especialistas.
Bajo este escenario es importante no confundir roles, ya que el Ministerio es el responsable del sistema en su conjunto y no solo del sistema público.
Si la intención es subsanar el problema, las autoridades de salud debiesen establecer los incentivos necesarios para incorporar a la mayor cantidad de actores del sector universitario, tanto públicos como privados, los cuales debiesen constatar sus competencias en materia de acreditación, aseguramiento de la calidad y en la entrega de una formación de calidad a los futuros profesionales del área.
En la red pública, los servicios de salud debiesen generar, paralelamente, los incentivos para que los centros universitarios y clínicos de cada región creen de forma conjunta las condiciones para prepa- rar a los profesionales que se necesitan y a su vez retenerlos en el sistema.
El Minsal debe intervenir en la formulación de normas que regulen este proceso de formación y también participar en la definición de aquellos procesos que regulan la acreditación de los programas, de manera que den cuenta de la realidad nacional.
Por la diversidad de entidades universitarias y centros clínicos formadores que existe, la regulación y las políticas emanadas del Minsal deben ser flexibles y respetar dicha diversidad. Así como también el marco regulatorio debe enfatizar aquellos estándares que debe cumplir el proceso formativo, garantizando la calidad del especialista y regularlos, permanentemente, según las Leyes 19.937 y 19.964.
El esfuerzo mancomunado de centros de formación clínica y universidades es la clave de un buen resultado del proceso formador. Por ello, el marco regulador que se defina debe ser flexible, favoreciendo el establecimiento de una relación acorde a la realidad nacional, respetando los modelos de atención de los centros de formación clínica y los modelos educativos de las instituciones formadoras.
Por lo tanto, más que preferir modelos de planificación y control centralizados, se hace necesario que la autoridad se enfoque al trabajo mancomunado con los actores universitarios y centros de formación clínica y así éstos en forma conjunta definan y ejecuten las estrategias específicas en base a la realidad local.
Columna de Héctor Sánchez, Director Instituto de Salud Pública, U. Andrés Bello
Fuente: La Tercera