Con las primeras 11 enfermedades que se incluyeron en la llamada Ley Ricarte Soto -que crea un sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo- el Ministerio de Salud estima que se pueden beneficiar 4.400 pacientes al menos hasta el 31 de diciembre de este año.

Para ello, la norma -que rige desde el 4 de diciembre-tuvo un presupuesto de $30 mil millones en 2015 al cual este año se sumaron otros $60 mil millones destinados a financiar los fármacos de quienes se inscriban como beneficiarios de este nuevo sistema. Esa inscripción la debe hacer el médico tratante llenando un formulario especial.

El balance de Salud a tres meses de vigencia de la norma es que «hoy día tenemos poco más de mil pacientes ya registrados dentro de la Ley Ricarte Soto y nuestro universo es de 4.400 aproximadamente», según la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón.

La autoridad detalló que «un grupo importante de ellos ya estaba recibiendo financiamiento a través de distintos programas ministeriales, pero lo recibía de manera incierta. Ahora, ellos lo tienen con certeza y eso asegura la continuidad del tratamiento».

Para la vocera de la Alianza de Pacientes, Cecilia Rodríguez, «esto muestra que el inicio ha sido lento. Nosotros sabíamos que esto no iba a operar completamente desde el comienzo, pero creemos que ahora esto se tiene que agilizar».

Rodríguez dice que uno de los problemas que han detectado los pacientes es que hay pocos prestadores aprobados por Salud para hacer diagnósticos, tratamiento o seguimiento para las distintas enfermedades. «Eso genera temor a los médicos, porque podrían inscribir pacientes como beneficiarios sabiendo que van a tener que cruzar hasta dos regiones para recibir sus fármacos», aseguró.

Según los últimos datos disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud, hay 37 hospitales y clínicas aprobados en el país, concentrados principalmente en las zonas centro y sur. Para conseguir esa aprobación, deben revisarse una serie de antecedentes, aunque a través de un decreto exento Salud permitió que hasta marzo los recintos asistenciales podrían conseguir la certificación solo enviando una declaración jurada del director del establecimiento y comprometiendo enviar los documentos en los dos meses posteriores.

Pero este jueves recién pasado, cuando se agotaba ese período excepcional, Salud emitió un nuevo decreto exento que amplió ese plazo a cuatro meses. «El miedo que tenemos es que no haya prestadores interesados y eso no permita que la gente acceda a la ley», manifestó Rodríguez.

Alarcón admite que tener las redes listas para la ley «fue un tema súper exigente» por el poco tiempo que hubo para prepararse. El proyecto se tramitó en el Congreso durante tres meses, se promulgó en junio y entre ese mes y diciembre, se dictaron todos los reglamentos que dejaron la norma en rigor desde diciembre pasado.

Pese a ello, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, dijo que la evaluación es positiva. «Puede haber cosas que mejorar, pero la ley se ha ido implementando tal como lo habíamos planeado» y señaló que uno de los mayores desafíos ha sido implementar el sistema de compra de medicamentos agregando demanda a través de Cenabast para conseguir precios más bajos.

 

Fuente: El Mercurio