Cada tres años el Ministerio de Salud tiene la posibilidad de modificar, eliminar o incorporar enfermedades al plan AUGE. Este año corresponde hacer nuevamente el ejercicio, y tanto la autoridad como el consejo consultivo que evalúa las acciones sanitarias en torno a las garantías explícitas en salud trabajan intensamente en ello.

Sin embargo, en medio de la discusión presupuestaria de fines del año pasado, el plan AUGE quedó minimizado: de los $77 mil millones que se solicitaron originalmente para mejorarlo, Hacienda no entregó nada.

Esa cifra incluía $6.047 millones para hacer correcciones a lo ya cubierto desde 2013, más la diferencia para mejorar las prestaciones ya garantizadas.

Tras diversas gestiones, el Ministerio de Hacienda dispuso de nuevos recursos. Se trataba de $16 mil millones, cifra calculada por Salud para hacer las ya comentadas correcciones, más las mejoras más urgentes, como la incorporación de nuevos medicamentos, exámenes o coberturas de hospitalización para ciertas enfermedades.

Pero al momento de entregar estos recursos no hubo consenso al interior del Ministerio de Salud sobre la factibilidad de usarlos, debido a que las acciones sanitarias que se financiarían con esos $10 mil millones no estuvieron consideradas dentro del estudio de costos que Salud presentó para sustentar el aumento del gasto fiscal.

Así se le planteó el jueves, en su reunión habitual, al consejo consultivo, lo que abrió un debate sobre las opciones que existen para poder mejorar el plan AUGE.

Pero también este acto dejó en evidencia un distanciamiento entre las autoridades de Salud. Mientras la ministra Carmen Castillo es partidaria de hacer uso de los recursos adicionales entregados por Hacienda, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, ha planteado reparos a que esto se realice sin que existan los estudios de costo que respalden la decisión de la autoridad, lo que fue compartido por el consejo consultivo.

Consultado sobre el punto, el consejero del AUGE Manuel Inostroza aseguró que «no se puede utilizar ese dinero sin la verificación de costos, es ilegal; y la diferencia de opiniones al interior de Salud da cuenta de la poca capacidad que ha habido para generar equipos que trabajen en conjunto».

Sin embargo, en el Ministerio de Salud se definió trabajar para ampliar el estudio de costos e incorporar las mejoras que se podrán financiar (ver notas relacionadas).

Otro punto que preocupa al consejo consultivo es el retraso en el envío del decreto AUGE, cuya toma de razón debe hacer Contraloría y publicado en el Diario Oficial 90 días antes de su entrada en vigencia. Esto implica que el ente contralor vise la norma antes del 31 de marzo.

 

Fuente: El Mercurio