Después de varios anuncios y postergaciones, la ministra de Salud, Carmen Castillo, aseguró en diciembre pasado que antes de que terminara 2015 se le entregaría a la Presidenta, Michelle Bachelet, el borrador de la reforma al sistema de salud privado. Con el documento en la mano, la Mandataria lo visaría y determinaría en qué momento se enviaría al Congreso.

Sin embargo, ese plan no se cumplió. Castillo explicó a «El Mercurio» que «todavía no hemos a entregado a la Presidenta (la propuesta de proyecto de ley) porque tenemos que cumplir con otras fases más».

Lo que detiene a Salud, afirmó la ministra, es que todavía necesitan hacer análisis financieros. «Estamos en este momento con el Ministerio de Hacienda viendo los detalles finales dado de que (la reforma) tiene un impacto no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Entonces, ese análisis tiene que estar con muy buenos sustentos», reconoció.

La premisa con la que trabajan es que los cambios legales podrían implicar un traslado de afiliados desde isapres a Fonasa, o viceversa. Eso provocaría que el seguro público deba gastar más para dar cobertura a un mayor número de afiliados, o que dejen de percibir una parte de las cotizaciones con las que hoy cuentan, respectivamente. Cualquiera de esos escenarios podría implicar un mayor gasto fiscal para enfrentar el nuevo escenario.

Algunos conocedores de las tratativas afirman que hasta ahora ningún cálculo presentado por Salud a su par de Hacienda ha sido satisfactorio para la cartera económica y es por eso que siguen trabajando en ello.

De todas maneras, Castillo dijo que «esperamos que en enero podamos entregarla (la reforma) a la Presidenta para que ella estime cuál es el mejor momento del año para enviarla al Congreso».

La modificación a la Ley de Isapres no estuvo considerada entre las prioridades legislativas que se fijaron en la reunión del miércoles entre la Presidenta, ministros y autoridades de los partidos de la Nueva Mayoría.

Ante esto, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, sostuvo que «si el Gobierno busca que este proyecto no tenga impacto en el presupuesto fiscal, deberían mirar la judicialización (por alza de precios de los planes) con seriedad. Esta puede significar la falla de una isapre, y eso se va a traducir en el traslado de miles de personas a Fonasa. Eso sí que va a tener un impacto fiscal». A su juicio, «el proyecto no estaría resolviendo ese problema».

Por su parte, el gerente general de Consalud, Marcelo Dutilh, afirmó que «esta es la séptima vez que la reforma se posterga. Nosotros pensábamos que a estas alturas íbamos a estar discutiendo un proyecto de ley, pero hay una decisión política de seguir postergándolo para eventualmente terminar con el sistema privado».

 

Fuente: El Mercurio