De manera unánime, ayer el Pleno de la Corte Suprema eligió al ministro Hugo Dolmestch Urra para liderar el Poder Judicial por los próximos dos años. Pocos minutos después, se presentó ante los medios de comunicación y dio a conocer algunos de sus énfasis que, espera, marquen su gestión: la cercanía con los ciudadanos, la “independencia judicial y la inmovilidad de los jueces”.

Después, en horas de la tarde y tras recibir las felicitaciones de sus pares, conversó con La Tercera en su despacho del Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago. Ahí tiene una mesa con tres banderas: la de Chile, la de la Universidad de Concepción (donde cursó sus estudios de Derecho) y la de Magallanes, donde es ministro visitador. Al medio de estos emblemas está la clásica estatua de la justicia, con lo ojos vendados y una balanza en una de sus manos.

¿Cuál cree que es el rol que le cabe a los jueces en materia de seguridad ciudadana? Es una de las principales preocupaciones de la población.

Creo que el aporte de la jurisdicción para prevenir el delito es el sancionar adecuadamente. Nunca he estado de acuerdo que el Poder Judicial participe en estas comisiones con las policías para fijar políticas. Nosotros estamos para que si estas políticas no son adecuadas, o fracasan, debamos sancionarlas.

¿Estima que los jueces son garantistas?

Yo creo que sí. La ley es la garantista, con el concepto moderno del Derecho Penal, que dice que no condenemos anticipadamente. Es el famoso principio de inocencia, lo que favorece a la comunidad. En el sistema antiguo, si tenía un accidente de tránsito, debía quedar preso esperando el proceso. Ahora no, lo que es una garantía para la gente decente. ¿Por qué se escucha mal esto? Porque los clientes frecuentes no somos nosotros, son los delincuentes, que también les favorece el principio de inocencia y quedan en libertad.

¿Qué pasa con aquellos que han estado presos más de 50 veces?

Ahí puede haber un concepto un poquito exagerado, y yo no puedo imponer a los jueces que hagan tal o tal cosa. La comunidad nos pide que, en cierto grado, seamos más drásticos para ayudar a la prevención. A la gente no le parece bien que hayan personas que han estado detenido 10 o 20 veces, y siguen siendo inocentes.

¿Qué le parecen estos casos de presunto financiamiento irregular de la política?

Eso está siendo investigado y es bueno que así sea para que no se repita, porque le hace mal al país.

¿Qué le parece la figura del fuero parlamentario? Han aparecido voces que cuestionan esta prerrogativa.

No, yo creo que es una certeza, una protección a la función pública, que es tan delicada y conflictiva. Es bueno que tengan un fuero, que, por los demás, también favorece a la gente común. Cuando deben enfrentarse con ellos judicialmente, se les quita el fuero, entonces no lo veo como una molestia. Todo lo contrario, yo creo que es una garantía.

¿Cómo ve lo que está ocurriendo en La Araucanía?

No lo comprendo muy bien, porque no lo he estudiado. Pero lo veo delicado y me voy a tratar de instruir en esto y determinar qué podemos hacer. Creo que hay ahí algunas dificultades que nos exceden un poco, pero pienso que la jurisdicción sí puede hacer algo. Es algo muy grave el hecho que estemos en conflicto permanente con nuestras raíces. Pero tampoco puedo decir, porque sería valórico, que la jurisdicción va a estar siempre a favor de la causa indígena o de la otra.

El gobierno plantea que, en esa región, se debería crear un acuerdo que incluya a todos los estamentos, incluyendo los jueces. ¿Qué piensa de esta idea?

Habría que pensarlo. Nunca me ha parecido bien que los jueces puedan hacer un programa de prevención o ponernos de acuerdo en una cosa que puede fracasar. Y si puede fracasar, va a caer en la jurisdicción. Y si yo he sido autor de un programa que fracasó, difícilmente podré sancionarlo. Voy a estar inhabilitado. Creo, por ejemplo, que los jueces en las comisiones interinstitucionales, de prevención de los delitos, no deberíamos estar.

En las últimas semanas se conoció el caso de la colusión de papeleras. A esto se suman otros que han ocurrido antes, como las farmacias. Llama la atención que hay situaciones en que si la empresa se denuncia no recibe sanción. ¿Qué piensa de esta situación?

Creo que habría que legislar. Son delitos económicos que no conocíamos antes. Nuestra legislación penal está muy limitada. Uno ve el Código Penal y hay sanciones al ladrón de gallinas. Entonces nos encontramos con problemas que son para al risa, como lo que pasó con las farmacias. Tuvieron que pagar millones de dólares de multa y cuando llegó al momento de la sanción penal, no había ley, y la única norma posible era una que se dictó hace no sé cuántos años atrás, que se hizo para sancionar a los que vendían género. Esa era la única ley aplicable a la colusión en materia de farmacias.

¿Ve avances en esta materia?

Hay algunos. Hay hasta un tribunal especializado en esta materia, que también está bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. Me parece que esa legislación es muy verde. Somos un país muy joven.

¿Cómo ve el hecho que el Poder Judicial se ha tenido que pronunciar de temas valóricos, como la identidad de género o el aborto?

Nosotros no hablamos de temas valóricos. Nos enfrascamos en esos tópicos por la vía de la investigación penal y de las sanciones y derechos de las personas. Nunca la ley penal ni la ley civil ha estado ajena a esto. Matar, por ejemplo, es un problema valórico. Yo tengo que recibir el hecho punible y debo pronunciarme respecto a la ley. Por ejemplo, si la ley dice que hay igualdad de género, respeto eso.

La Corte Suprema emitió un fallo en que pedía al gobierno recurrir a la OEA por la situación de Leopoldo López. Esta resolución ha generado diversas críticas. ¿Cree que debería ser revocado?

Hay un tema que nos puede traer problemas, porque está sobre la base de la jurisdicción universal. Esto es tan moderno, que data de la Segunda Guerra Mundial. Los delitos contra la humanidad se ponen al alcance de todos, porque antes habían países que no participaban de estos acuerdos. Hoy, el mundo civilizado, se ha ido universalizando la jurisdicción. Pero de ahí a introducirse en políticas internas de un país, yo creo que hay una distancia. El concepto de jurisdicción universal que ocupa ese fallo ha sido muy discutido, yo creo que hay que estudiarlo. Quienes lo fallaron, tiene toda la razón del mundo en hacerlo y merecen el respeto.

¿Qué le parecen los recursos que se siguen poniendo contra las isapres por los alzas en los planes?

Hay quienes dicen que nos estamos inmiscuyendo en cosas fuera de nuestra esfera (…) Nosotros podemos decir que las modificaciones unilaterales de la relación contractual, y por mucho que esté autorizada, podría constituir un delito. No se olvide de La Polar.

¿Cuántos años más deberían durar las causas por violaciones a los derechos humanos?

Dos o tres años sería bastante bueno, pero no creo que sea tan pronto. Nosotros estamos haciendo que nuestros jueces vuelvan a sus trabajos y concentrar esta tarea en algunos pocos, porque son cada día menos.

 

Fuente: La Tercera