Entre enero y noviembre de este año, la Superintendencia de Salud cursó 206 sanciones en las distintas fiscalizaciones hechas a isapres, clínicas, hospitales, consultorios y centros médicos del país. Así lo muestra el consolidado presentado ayer por el superintendente Sebastián Pavlovic, quien explicó que esa cifra representa un aumento de 41% respecto a las aplicadas durante igual período de 2014.

De esas sanciones, 99 se tradujeron en multas -el resto son amonestaciones-, que en total ascienden a $835 millones (32.595 UF), que el sistema debe pagar al fisco por sus incumplimientos. Esto es un poco más del doble de las sanciones pecuniarias cursadas en 2014, cuando entre todas sumaron 16.070 UF, casi $412 millones, calculados al valor actual de la UF.

Este aumento se explica, según el jefe del departamento de Fiscalización de la superintendencia, Marcelo Ricci, porque «se está fiscalizando más profundamente y siendo más severos con los incumplimientos reiterados, aplicando la supervisión basada en riesgo, entre otras cosas, para orientar nuestra actividad a los temas críticos que afecten a las personas y para cumplir el rol que nos corresponde».

Si bien los prestadores de salud (clínicas, hospitales, centros médicos y consultorios) acumularon el 60% de las multas cursadas durante este año, son las isapres las que tienen que desembolsar mayores montos: mientras las aseguradoras privadas deberán pagar $449 millones, los establecimientos gastarán en ello poco más de $386 millones.

Los principales incumplimientos detectados en las isapres corresponden a actos discriminatorios, por impedir la afiliación a personas mayores de cierta edad (en algunos casos, sobre los 55 años), a no entregar documentos contractuales a los afiliados, por no devolver los excesos de cotización, e incluso por no permitir el ingreso a personas que desempeñan una determinada profesión u oficio, específicamente profesores y vendedores.

«Nos llegó esta denuncia de una persona que trabajaba en una aseguradora, la que nos informó que se estaba discriminando a las personas por su profesión y oficio. Esto fue fiscalizado y posteriormente se sancionó», contó Pavlovic. La isapre a la que se refería era Colmena, según los documentos entregados por la superintendencia.

No informan casos AUGE

En el caso de los prestadores, tanto públicos como privados, la mayoría de las sanciones se deben a que estos no cumplen con el deber legal de informar a los pacientes que tienen una de las patologías incluidas en el plan AUGE, con lo que no permiten que la persona acceda a los beneficios que contempla la ley.

Respecto a las fiscalizaciones, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, sostuvo que «un buen sistema privado debe tener una buena fiscalización», aunque manifestó que «la superintendencia destina $12 mil millones de su presupuesto principalmente a fiscalizar a dicho sector privado, donde se encuentran afiliadas las personas que cuentan con más recursos en Chile y tienen más posibilidades de reclamar», y a su juicio la entidad está en deuda respecto de las fiscalizaciones en el sector público.

 

Fuente: El Mercurio