Comenzó como un “dato” de familiares, amigos o compañeros de trabajo, a contar del 2000. Ocho años después, los recursos de protección presentados en las cortes de apelaciones del país, para frenar el alza de precio de los planes de isapres, alcanzaron notoriedad al sobrepasar las restantes causas del tribunal de Santiago y concentrar el quehacer de los magistrados.

Para las aseguradoras, ha sido un vertiginoso aumento: en 2014, fueron 99.521 los procesos elevados por afiliados a lo largo del país, es decir, un 84% más que en 2013, cuando se tramitaron 53.994 libelos.

34 mil contratos “congelados” por efecto de la judicialización, lo que equivale a cerca del 10% de su cartera.

Gonzalo de la Carrera, presidente de Colmena, señaló que el aumento de recursos “está llegando a niveles insostenibles, poniendo en riesgo la continuidad del sistema de salud privado. Si las autoridades no envían un proyecto de ley que permita a las isapres adecuar sus precios a lo que suben sus costos, de manera legítima y transparente, este sistema de salud se acabará dentro de un año o dos”.

Masvida, en tanto, no entregó información sobre las cifras de judicialización. Sin embargo, posee la menor cantidad entre las grandes aseguradoras, pues en los últimos cuatro años no reajustó los precios. Esto, sin embargo, podría cambiar durante el proceso de adecuación 2015-2016, pues fue la isapre que aplicó el mayor aumento del sistema, con 6% promedio.

Causas

Un grupo conformado actualmente por casi 300 abogados en todo el país, se ha especializado en defender a los afiliados de las isapres frente al alza de sus planes, esgrimiendo el criterio que ha convencido a las cortes de apelaciones e, incluso a la Corte Suprema. “La doctrina es que los reajustes de precio deben tener elementos objetivos que los justifique, como nuevas prestaciones o aumento efectivo y comprobable de costos médicos, y eso es lo que no logran demostrar las isapres en las cortes”, dice Barría.

Para las isapres, el negocio que en torno a este tema que han montado grupos de abogados, ha contribuido al alza y critican los casos en que, incluso, se ha llegado a ofrecer gift card o dinero en efectivo para incentivar a los afiliados a judicializar el reajuste.

Según un reciente análisis realizado por la consultora Altura Management, los estudios jurídicos dedicados al tema isapre obtuvieron ganancias de $ 14.836 millones en 2014, mientras que el costo de estos procesos para las aseguradoras llegó a $ 25.156 millones.

Frente a esto, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó medidas: en agosto pasado bajó de $ 130 mil a $ 50 mil los costos de juicios por alzas de precio.

Problema estructural

El economista y académico de la U. de Chile, Rony Lenz, afirma que el aumento de causas responde al descontento de las personas frente al mecanismo de reajuste que usan las isapres, “cuyo origen tiene diferentes vertientes; el incremento de costos en el sistema de las atenciones, ligadas a los cambios tecnológicos y la calidad, y la frecuencia del uso de prestaciones”. Añadió que “esta judicialización nos está diciendo que el sistema de isapre está enfermo estructuralmente en dos partes: en los mecanismos de pago y los modelos de atención que se están financiando, y en cómo se está atendiendo a la población. Las isapres operan bajo la lógica de pago por prestación o fee for service, que en el mundo ha mostrado ser inflacionario y por eso los países desarrollados lo han abandonado, pero acá no hay un esfuerzo real por contener los costos y tampoco se evalúan las tecnologías que se incorporan para verificar que sean costo efectivas”, afirma.

Lenz, además, opina que el envejecimiento de la cartera y la falta de transparencia que ha mostrado el sistema “le están pasando la cuenta”. “La gente está descontenta y está demandando a las isapres. Ese problema está en la base de la discusión de la próxima reforma, porque esto hay que cambiarlo. Hoy la judicialización está en niveles sostenibles, pero a medida que aumenta el costo técnico, se va estrangulando el componente de aadministracióny rentabilidad del negocio, pero probablemente se esté llegando pronto a niveles donde no se pueda diferir más”.

Héctor Sánchez, director Instituto Salud y Futuro de la U. Andrés Bello, afirma que la judicialización seguirá en aumento, pero que “las isapres calculan la siniestralidad y saben que hay un porcentaje que va a recurrir contra el alza y en función de eso se define el incremento de los precios. La judicialización y sus efectos están incorporados en el reajuste que asume el 92% de la cartera que acepta el alza de precio”.

Añadió que “el aumento es preocupante, pero no es una razón para que puedan irse a la quiebra, pues hay otras causas más graves, como la escasa gestión de riesgo y de costos, porque las isapres sencillamente traspasan el costo al precio mayor que paga el usuario”.

 

Fuente: La Tercera