Aunque la Presidenta Michelle Bachelet dijo que el proyecto de reforma a las isapres se enviaría al Congreso este año, la ministra de Salud, Carmen Castillo, explicó en entrevista a «El Mercurio» que eso no ocurrirá.

La titular de Salud dijo que el texto está en su etapa final, después de discusiones con distintos actores y que ha tenido mejoras que hoy lo hacen más viable políticamente, pero que este año no se enviará al Parlamento, sino a la Mandataria «para ser tramitado en el momento que ella determine porque hay tanto proyecto de ley, que seguramente deberá determinar cuál es el mejor momento».

Sus palabras fueron recibidas con preocupación por la industria. El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, reconoce que el retraso «era previsible porque estamos en diciembre y no ha pasado nada», pero agrega que «me parece que el Gobierno no se da cuenta de lo grave de esto. Es urgente hacer cambios en el sistema. Este año vamos a tener 150 mil recursos de protección (por las alzas de precio de los planes) y un gasto de $18 mil millones en costas».

La preocupación se debe a que el próximo año otra vez las isapres deberán reajustar sus precios sin contar con un nuevo marco regulatorio y temen que eso signifique más recursos de protección y siga en alza la judicialización en el sistema que ya alcanza al 11% de la cartera que ha tenido readecuaciones, lo que complicaría el escenario para la industria, a la que distintos actores del sistema ya han catalogado como «en riesgo».

Lo anterior, dado que las cifras financieras del sistema mostraban que a septiembre cuatro de las seis isapres abiertas -Masvida, Banmédica, Cruz Blanca y Consalud- obtenían resultados operacionales (dineros que obtienen por el giro del negocio, que es la administración de los contratos de salud) negativos.

«Si continúa este proceso de judicialización y si eso implica el cierre de una isapre (el Estado) va a tener que hacerse cargo de miles de personas enfermas que van a llegar a Fonasa», afirma Caviedes, quien no se atreve a proyectar cuánto más puede resistir el sistema bajo el actual escenario, pero advierte que «evidentemente esto tiene un tope».

Y parlamentarios también criticaron el retraso. El diputado Juan Luis Castro (PS) dijo que «es lamentable porque era un compromiso que asumió la Presidenta de enviarlo antes de fin de año», y agregó que «encuentro que es un serio problema para los tres millones de chilenos que están en isapres».

Mientras, la senadora Jacqueline van Rysselbergue (UDI) dijo que «es una mala noticia porque yo estoy de acuerdo con un sistema mixto que funcione con un sector público y el privado, pero todos sabemos que se requiere una mejor regulación».

Y ante el actual escenario «se debería impulsar el proyecto que está actualmente en el Senado sobre la materia, que está en último trámite y que de alguna manera resolvería el tema de la judicialización».

Esa iniciativa fue impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, y la comisión de Salud del Senado retomó su revisión hace dos meses.

 

Fuente: El Mercurio