Entre enero y noviembre fallecieron 508 personas que teniendo una patología garantizada por el plan AUGE, no recibieron la atención dentro del plazo establecido por ley y murieron sin conseguirla.

Así consta en un oficio que envió Fonasa a la comisión que analizó la acusación constitucional presentada por parlamentarios de Chile Vamos contra la ministra de Salud, Carmen Castillo.

La comisión, a solicitud de los diputados acusadores, pidió al seguro público certificar e informar cuántas personas fallecieron con una garantía de oportunidad vencida -que debieron seguir esperando más allá del plazo exigible por ley por su atención- entre el 23 de enero y el 11 de noviembre, fechas que corresponden a cuando la ministra Castillo asumió el cargo y cuando se presentó la acusación constitucional, respectivamente.

En la respuesta, Fonasa dice que «508 personas han fallecido en período en el cual se encontraban con una garantía de oportunidad vencida», pero agrega que «es importante señalar que no se puede asociar las causas de muerte con el problema de salud GES que aqueja a la persona y mucho menos que la no atención oportuna del mismo propicie el fallecimiento».

El documento, con fecha 1 de diciembre, expone además que la mayoría de los casos analizados se refieren a un segmento de la población adulta mayor (mayores de 65 años) y que «la mitad de los casos corresponden a patologías que no provocan muerte, por ejemplo, vicios de refracción y cataratas, así como la entrega de órtesis».

La cifra casi triplica a la obtenida en junio por el senador Alejandro Navarro (MAS), quien pidió la misma estadística y la respuesta fue que en los primeros seis meses del año habían muerto 171 pacientes que estaban en «lista de espera» AUGE.

«Aunque no recibir la atención AUGE no sea la causa de muerte, el hecho es que la gente muere sin recibir una prestación que está garantizada por ley», dijo la diputada independiente y una de las precursoras de la acusación constitucional, Karla Rubilar.

Estos antecedentes estuvieron a la vista de la comisión que analizó el libelo acusatorio, según contó la diputada miembro de esa instancia, Marcela Hernando (PR).

La comisión, de manera unánime, decidió rechazar el libelo por considerar que las razones presentadas por los diputados acusadores no constituían causal de acusación y porque «no presentaron pruebas», explicó Hernando.

La definición final la tiene la sala de la Cámara de Diputados que hoy, a las 10:30 horas, tiene citada a una sesión especial para votar la acusación.

Eso sí, antes, la defensa de la secretaria de Estado presentará a la sala la llamada «cuestión previa», con la que pretenden que la acusación se declare inadmisible. Si eso ocurre, el proceso se dará por finalizado y no se discutirá el fondo de la acusación, sino que se considerará como que nunca ocurrió.

 

Fuente: El Mercurio