Todos los años, las isapres tienen la posibilidad de reajustar los precios base de sus planes, en un acto que ocurre todos los 31 de marzo, cuando informan la magnitud de sus alzas a la Superintendencia de Salud.

Desde entonces, cada una de las aseguradoras privadas tiene la obligación de enviar una carta de notificación a sus afiliados, ofreciéndoles además una alternativa de plan. Y según la normativa, todas las comunicaciones que tengan un origen legal (como estas o aquellas referidas a las licencias médicas) deben ser enviadas, por obligación, a través una carta certificada de CorreosChile.

Este monopolio legal es cuestionado tanto por las isapres como por otras empresas de courier , que buscan participar del envío en un mercado potencial de unas 1,8 millones de cartas certificadas al año solo por este concepto, en el caso que todas las isapres ajusten sus precios.

Consalud recurrió a la Contraloría hace algunos meses, acusando la «captura» del mercado de parte de CorreosChile. A este requerimiento se sumó la empresa Chileexpress.

Origen de la disputa

Contraloría dio la razón en dicha oportunidad a la superintendencia, que justificó la exigencia en normas legales vigentes. En particular, a una disposición de 1994 de la extinta Superintendencia de Isapres, que hizo patente la necesidad de que los seguros de salud se ajustaran a la normativa, que entrega a la empresa postal del Estado dicha responsabilidad, en un contexto donde el mercado del correo tenía menos actores que en la actualidad.

Sin embargo, pese a que Contraloría ya emitió su pronunciamiento sobre la materia, otra empresa de courier , WSP, decidió demandar a la Superintendencia de Salud -que es el ente gubernamental encargado de regular el mercado de las isapres- ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, acusándola de prácticas anticompetitivas a raíz de esta obligación de comunicación vía CorreosChile.

En su argumentación, la empresa afirma que la superintendencia «no tiene razones legales ni técnicas» para mantener el monopolio de la empresa de correos estatal, por lo que solicita al tribunal que se libere de esta obligación a las isapres, que se prohíba de cara al futuro y que se multe a la superintendencia con 4.500 Unidades Tributarias Anuales (alrededor de $2.330 millones).

Ante esto, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, aseguró a «El Mercurio» que su repartición ha obrado conforme a la legalidad vigente y aseguró que le parecía curioso que la demanda fuera en contra de su repartición y no contra el mayor beneficado de esto, que es CorreosChile.

Esta última empresa decidió hacerse parte de la controversia jurídica, argumentando en favor de mantener su posición de ventaja en el mercado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, advirtió que las aseguradoras «son indirectamente afectadas porque no podemos hacer operar el mercado. La idea sería que los distintos servicios compitieran», y añade que «eventualmente este recurso podría tener éxito, porque podría haber un comportamiento que impide la libre competencia».

 

Fuente: El Mercurio