Con motivo de las polémicas que han rodeado el posible incumplimiento de las promesas de campaña del Gobierno en materia de construcción de hospitales, se ha planteado una interesante discusión sobre los beneficios y la conveniencia de las concesiones de infraestructura.

Hay quienes tienen una objeción específica a las concesiones hospitalarias, por la naturaleza del servicio involucrado, al igual que con las cárceles, pero que no resienten esa modalidad para el desarrollo de infraestructura vial, por ejemplo. Otros parecen tener una visión conceptual que rechaza las concesiones porque el desarrollo de esa infraestructura pública se convierte en una oportunidad de negocios para los privados y no se debe lucrar con el Estado. Y hay quienes desean resucitar las sociedades estatales para la construcción de hospitales y establecimientos educacionales. Es decir, hay un gradiente desde quienes aceptan las concesiones, pero no en hospitales, a quienes piensan que el Estado no debe delegar estas obras a privados y, finalmente, a quienes quieren dar vuelta hacia un pasado lejano en que el Estado tenía sociedades estatales para la construcción de ciertas infraestructuras.

Varios de los argumentos contra las concesiones hospitalarias están basados en estudios sobre este tema en Inglaterra. En el caso inglés, la evidencia muestra que no parece existir una gran ventaja entre la eficiencia de la construcción, operación y mantenimiento de hospitales bajo privados o bajo el sistema público. El problema resulta de aplicar esta experiencia al caso chileno. Quienes creían en la eficiencia del sistema público para realizar estas actividades han enfrentado la dura realidad. El Ministerio de Salud no es capaz de construir ni mantener los hospitales, como lo muestran los continuos cambios en el programa de construcción y el pésimo estado de muchos hospitales a su cargo. Es contra esta realidad que se deben comparar las concesiones de hospitales y no con la de un Estado de país desarrollado como Inglaterra.

Aunque es válido sostener que la escasez presupuestaria no es un buen argumento para las concesiones hospitalarias, sí es favorable a las concesiones que el mantenimiento y operación eficientes estén asegurados. Además, los nuevos contratos de concesiones tienen algunas mejoras respecto de otros más antiguos: por ejemplo, al demandar modificaciones, la oferta del concesionario compite con la de otros oferentes, lo que debería permitir menores costos y, por lo tanto, mayor flexibilidad en los contratos.

Es más difícil argumentar contra quienes se oponen a las concesiones por principios. Si se sugiere que va contra la esencia del Estado que entregue en concesión ciertos tipos de infraestructura, no se puede objetar que las concesiones son más eficientes, o que prestan un mejor servicio. Este rechazo a las concesiones es de orden ideológico y es impermeable a la realidad. El problema de este tipo de tesis es que no tiene límites ni forma de clausurar el debate, ya que los costos que sufren los usuarios de hospitales mal tenidos o los pacientes que no fueron atendidos no entran en la ecuación para compararlos con una solución estatal. En la medida que el debate público sobre el déficit de infraestructura hospitalaria, o educacional o de cualquier tipo se arrastre hacia este campo, será muy difícil consensuar soluciones que pongan en el centro las necesidades de los pacientes, los estudiantes o a los usuarios en general.

 

Fuente: El Mercurio