Los gobiernos corporativos de diversas instituciones están en la mira por malas prácticas competitivas, entre las cuales destacan la colusión y reorganizaciones internas con potenciales efectos en accionistas minoritarios, entre otros casos. Pero por estos días ha surgido un nuevo proceso que refuerza lo importante que es tener gobiernos corporativos potentes en las organizaciones del sistema de seguridad social.
La solicitud de quiebra e intervención de una caja de compensación —corporación de derecho privado sin fines de lucro acogida a la Ley 18.833— supone un daño relevante para todos sus afiliados, quienes a priori confiaron en una institución para la administración de sus prestaciones de seguridad social.
Tal como las recomendaciones para compañías del mundo privado hechas por organizaciones como la OCDE y la International Finance Corporation (brazo financiero del Banco Mundial), las entidades de seguridad social deben tener como base políticas orientadas a un buen manejo de conflictos de interés y una gestión profesional basada en las mejores prácticas, con permanentes análisis de la relación entre el directorio y la gerencia, evaluaciones del directorio y mediciones del alineamiento estratégico de la organización.
Para algunos es el Estado quien debe ejercer una supervisión estrecha y constante, mientras que otros piensan que es recomendable entregar mayor libertad a estos organismos. Sea cual fuere el caso, nunca puede estar determinado por el capricho y la arbitrariedad, ni menos por las circunstancias políticas del momento. Debe tener su raíz en la razón y la búsqueda del bien común, para que cada empresa fiscalizada pueda tener un funcionamiento fluido, sin anquilosar su capacidad de ser un aporte para el país.
Los gobiernos corporativos deben ser ágiles en la toma de decisiones, pero sin descuidar los controles. Una intervención directa sólo sería prudente en casos extremos, o sospecha de incumplimiento grave de las disposiciones legales, pues podría mermar el desempeño competitivo de la entidad y perjudicar a los afiliados.
Esto es sustancialmente sensible para los organismos que se ocupan de la seguridad social y el bienestar de los trabajadores. La calidad de su servicio repercute directamente en las personas, especialmente en aquellas con menos recursos.
Una mayor libertad en la gestión de estas entidades, por supuesto, lleva consigo más responsabilidades. Por ello, la transparencia es un elemento esencial. Existen ejemplos notables en Chile de entidades sin fines de lucro que cuentan con gobiernos corporativos balanceados a través de la incorporación en sus directorios de reconocidos expertos externos, claves en la aplicación de normas que regulan conflictos de interés y en los mecanismos de seguimiento de compromisos y cumplimiento de metas.
Columna de Ernesto Evans, Presidente de la Asociación de Mutuales A.G.
Fuente: La Segunda