El hecho de que aún no entre en vigencia el reglamento que hará operativa la Ley Ricarte Soto es uno de los puntos contenidos en la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo.
En ese contexto, ayer fueron invitados a exponer ante la comisión de la Cámara de Diputados que analiza el libelo acusatorio representantes de distintas agrupaciones de pacientes que no conseguirán financiamiento estatal para sus tratamientos de alto costo al menos para el próximo año.
No la eximen
Si bien casi todos los dirigentes de las ocho agrupaciones de pacientes que expusieron en la jornada coincidieron en lo inoficioso de la acusación constitucional contra Castillo -aseguran que cambiarla no resolverá los problemas que enfrentan-, no la eximieron de responsabilidad respecto de las fallas en el sector como la superior jerárquica de un sistema que, a su juicio, no funciona, pese a estar asegurado en la Constitución Política del Estado (el artículo número 9 de la norma consagra el derecho a la protección de la salud).
También expuso el abogado constitucionalista Fernando Atria, quien argumentó en favor de la ministra y desechó la pertinencia de la acusación.