Un estudio elaborado por el economista Salvador Valdés revela que los mayores de 60 años en el país no son más pobres que los trabajadores activos. Esto, asegura, es compatible con las bajas pensiones, ya que existen otras fuentes de recursos en la vejez, aparte de los ingresos laborales, que son importantes como las transferencias entre cónyuges y subsidios estatales. La conclusión es apoyada por algunos expertos; sin embargo, otros desestiman el estudio argumentando que los grupos etarios no son comparables entre ellos. Daniela Paleo
Una de las conclusiones de un informe realizado por el economista Salvador Valdés muestra que el nivel de vida de la tercera edad en Chile es superior al de los trabajadores contemporáneos.
El también profesor de Economía de la UC e investigador de Clapes UC sustenta este resultado en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2013, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y asegura que las cifras son lapidarias: la tercera edad no es más pobre que los trabajadores activos. «En efecto, en cualquier forma que se calcule, la mediana del consumo en la tercera edad en 2013 es igual o levemente superior al promedio de los trabajadores activos», señala Valdés.
La encuesta, agrega el economista, revela que el gasto mediano en consumo de la actual tercera edad en Chile fue de entre 100% y 103% del gasto en consumo de las personas que tienen entre 35 y 59 años y que habitan hogares donde no hay personas de 65 años o más. (Ver infografía).
Valdés dice que esto se explicaría, en parte, por las otras fuentes de recursos que existen en la vejez, aparte de los ingresos laborales. Estas incluyen las transferencias de dinero entre cónyuges; la pensión de viudez; un mayor porcentaje de propiedad de vivienda en la tercera edad (más ingreso de arriendo imputado); la desacumulación de ahorros distinto a la pensión, y subsidios del Estado, especialmente prestaciones de salud a precios subsidiados o gratis, entre otros.
La EPF, según aclara Salvador Valdés, tiene justamente esas ventajas sobre la encuesta Casen, ya que toma en cuenta el ahorro de arriendo de los dueños de vivienda y el uso de los ahorros de vida, entre otros. También evita algunos sesgos que ensucian los ingresos que usa la Casen: «Muchos trabajadores chilenos prefieren subdeclarar el ingreso en las encuestas para que nadie cruce los datos y les vayan a reducir algún subsidio». Por todas estas razones, asegura Valdés, los expertos internacionales están prefiriendo encuestas como la del INE, y comenta que la OCDE también se está moviendo en esa dirección.
El economista dice que la actual tercera edad recibe pensiones bajas porque tuvo enormes lagunas de cotización, pero por otro lado tienen menos gastos de educación, no requieren transportarse al trabajo (están jubilados) y algunos tienen trabajos de jornada parcial.
«Por otro lado, es importante mirar por separado a los más vulnerables. La encuesta EPF del INE revela que el 25% más vulnerable de la tercera edad tampoco tiene un nivel de vida inferior al 25% más vulnerable de los trabajadores activos». Para explicar este resultado, Valdés indica que debe agregarse una causa adicional: «el 60% más vulnerable de los pensionados está protegido por un piso para su pensión total, de casi $90 mil al mes, provisto por quienes pagamos impuestos», explica.
Visiones contrapuestas
Según el abogado Hugo Cifuentes, quien formó parte de la Comisión Bravo, sin duda los adultos mayores han mejorado su situación de jubilación a contar del año 2008, con la instalación del sistema de pensiones solidarias, lo que ha producido un alivio a la pobreza entre los mayores de 65 años. «Hoy, el número de personas con pensión es mucho más y ubica al país entre aquellos con mayor cobertura en este ámbito en América Latina», asevera Cifuentes.
En tanto, Solange Berstein, especialista en pensiones del BID y ex superintendenta de Pensiones, respalda los resultados del estudio de Salvador Valdés, confirmando que los resultados ratifican la tesis. La experta agrega que las expectativas de vida han mejorado para toda la población, pero existe una relación entre nivel socioeconómico y expectativas de vida que no ha sido demostrada en Chile. «Esto implica que probablemente cuando vemos a las personas en edad avanzada, son justamente personas que tienen en general mejor nivel socioeconómico que el promedio de la población», dice la experta. Además, explica que se debe considerar que una fuente importante de ingresos de los adultos mayores hoy son los ingresos laborales. Esto es especialmente importante para menores de 75 años.
En cuanto a los desafíos que tiene la industria, Berstein recalca que el financiamiento adecuado de la vejez, considerando los aumentos en expectativas de vida, es un punto por cumplir para Chile, así como para muchos otros países. Esto se logra mejorando los beneficios del pilar solidario y eventualmente aumentando su cobertura, junto con subir las tasas de cotización, postergar la edad de pensión de las mujeres, y mejorar el control de la evasión.
El ex subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, se suma a la conclusión de Valdés e indica que es urgente mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas mayores para que existan mejores posibilidades de trabajar por períodos más largos, además de crear incentivos y eliminar algunos obstáculos para el trabajo del senior.
Grupos etarios no comparables
Claudia Sanhueza, académica de la Universidad Diego Portales e investigadora del Centro de Conflictos y Cohesión Social, y Andras Uthoff, economista de la Universidad de Chile, ambos integrantes de la Comisión Bravo, desestiman el estudio de Valdés.
Por un lado, Sanhueza advierte que los grupos etarios no son comparables, ya que no se puede asumir en un mismo grupo a seniors y trabajadores. «Los datos indican que un 50% de las personas de tercera edad recibe pensiones menores a $82 mil, mientras el 50% de las mujeres, menores a $42 mil. Es cierto que muchos de ellos tienen fuentes de ‘autoconsumo’ como sus mismos familiares, pero eso no significa que esa pensión sea suficiente».
La experta agrega que la encuesta de percepciones que realizó la Comisión Bravo estableció que una pensión justa para vivir era, en promedio, de entre $250 mil y $400 mil.
Por su parte, Uthoff también objeta el estudio de Valdés y opina que el de él «es un estudio con un enfoque economicista e individualista», al plantear una hipoteca revertida, ya que asume que una persona recibe ingresos para consumir e invertir, y cuando llega a la tercera edad debe dejar de ahorrar y consumir. «Valdés no considera otros aspectos que se documentan en el informe de la comisión acerca de la calidad de vida en la vejez, debido al mayor costo de vida por la mayor incidencia de enfermedades crónicas, la dependencia y otros asociados a estructuras familiares extendidas», dice.
Esta diferencia de enfoque llevada a un extremo, advierte Uthoff, es la que tendría dividida a la Comisión Bravo.