En una declaración pública, la Central Unitaria de Trabajadores y diversos organizaciones representativas de los trabajadores del Estado rechazaron que los ministros de Hacienda, Justicia y Trabajo «insistan en criminalizar el ejercicio sindical de los funcionarios públicos».
Por Ramón Reyes A.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la mesa del sector público rechazaron y repudiaron el rol cumplido por los ministros de Hacienda, Justicia y Trabajo durante la prolongada paralización de los funcionarios del Registro Civil.
En un comunicado se señala que «rechazamos que la ministra de Justicia y otras autoridades de gobierno, pero muy particularmente los ministros de Hacienda y Trabajo, quienes serán contraparte de la mesa del sector público en la negociación del reajuste general que hemos dado por iniciada en días recientes, insistan en criminalizar el ejercicio sindical de los funcionarios públicos, argumentando su supuesta ilegalidad e inconstitucionalidad, cuando por 25 años los sucesivos gobiernos democráticos han reconocido los derechos colectivos de los trabajadores del Estado».
Luego la declaración agrega que «repudiamos tajantemente que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, amenace a los funcionarios del Registro Civil con despidos por mantener la movilización. No corresponde a la investidura del cargo que ostenta, el recurrir a la práctica antisindical por excelencia, apuntando en contra de los trabajadores precarizados y desprotegidos del Estado en un intento inaceptable de aplastar la movilización sindical en curso, más aún cuando la Presidenta de la República, por medio del Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, ha establecido el deber de todas las autoridades de gobierno de garantizar los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores del Estado».
En el comunicado que lleva las firmas de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y Carlos Insunza, consejero nacional de la multisindical y coordinador del sector público, se expresa finalmente que «reiteramos nuestro llamado al gobierno a construir una solución pactada del conflicto enmarcada en los compromisos programáticos y éticos que el propio gobierno ha declarado sustentar, evitando caer en la tentación de terminarlo por la vía del agotamiento y la amenaza represiva».