Indicaciones apuntan a servicios mínimos y pymes, principalmente. No incluiría reemplazo. Ministros de Hacienda y Trabajo se reunieron ayer con la CUT y senadores oficialistas.
Por C. Valenzuela, C. Cáceres y C. Reyes.
Una extensa jornada de conversaciones desarrollaron ayer los ministros y subsecretarios de Hacienda y Trabajo -junto a sus respectivos equipos técnicos- con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y senadores de la Nueva Mayoría, de cara a las indicaciones que el gobierno ingresará a más tardar el lunes a la reforma laboral.
De acuerdo a fuentes cercanas a las negociaciones, serían poco más de 30 los ajustes que la autoridad ingresaría al proyecto que actualmente discute la Comisión de Trabajo del Senado. Durante el primer trámite legislativo de la iniciativa, en total se introdujeron 819 indicaciones, 113 de las cuales fueron responsabilidad del gobierno.
Por la mañana la dirigencia de la CUT llegó hasta el Ministerio del Trabajo. Tras la cita, la titular de la cartera, Ximena Rincón, calificó como “franca” la conversación y enfatizó en que “se presentarán indicaciones para cada uno de los temas que se han debatido y en donde nosotros creamos que es necesario”.
Por su parte, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sostuvo que aunque están “tranquilos”, el volver a exponer su postura ante la autoridad, están “conscientes de que aún restan discusiones que se tienen que realizar”. Fuentes de la CUT aseguraron que en la cita ambos ministros reafirmaron su compromiso de seguir con la reforma sobre la base que aprobó la Cámara de Diputados y que las modificaciones al proyecto serían sólo de redacción.
Más tarde, las tratativas se trasladaron hasta el ex Congreso Nacional y participaron de ella senadores de todas las bancadas del oficialismo. A la salida del encuentro los secretarios de Estado se retiraron sin hacer declaraciones.
El senador PPD Ricardo Lagos Weber, por su parte, afirmó que existió “un avance significativo en ir despejando dudas, inquietudes, perfeccionamientos (…) Si ven los rostros de los que han estado trabajando, son rostros que reflejan progreso”, enfatizó.
Juan Pablo Letelier, senador PS, dijo que “se han ido revisando, sucesivamente, los temas y se ha logrado incorporar conceptos que nos interesan”. Enfatizó que el reemplazo interno “está absolutamente descartado. La huelga efectiva y la titularidad sindical son el corazón de este proyecto. Perforarlos (esos elementos) está fuera de discusión”, precisó.
Las indicaciones del Ejecutivo apuntarían, hasta ahora, principalmente a regular la aplicación de servicios mínimos en caso de huelga, normas específicas para las pequeñas y medianas empresas (pymes), reincorporar la prohibición de huelga en aquellas empresas denominadas estratégicas-que por su naturaleza pueden causar un daño mayor al país en caso de paralizar- e incluso en relación a la entrada en vigencia de algunas de las medidas previstas en la iniciativa legal.
Reemplazo
Desechada la opción de permitir explícitamente la posibilidad de reeemplazo interno, se buscaría en cambio perfeccionar la redacción del articulado en orden a subrayar las “facultades de administración” del empleados, previstas hoy en el Código del Trabajo, y que le permitirían disponer del personal que no participa de una movilización. Ello en un contexto en que la prohibición del reemplazo es respecto del puesto de trabajo y no de las funciones específicas de un trabajador.
Con todo, las mismas fuentes aclaran que hoy y el fin de semana serán claves para la redacción de las indicaciones que se presentarán el lunes. En ese contexto, aún es materia de debate si retirar o no del proyecto la prohibición del descuelgue de trabajadores durante una movilización y reponer el concepto “pacífico” de la huelga. Tanto el descuelgue como la huelga “pacífica” están presentes en el actual Código Laboral.
Pymes
En el gobierno existe interés en acotar el impacto que tendría en la viabilidad de algunas empresas de menor tamaño la prohibición del reemplazo durante una huelga. Por eso, una de las fórmulas que ha ganado fuerza es poner un límite a la extensión de la paralización en estas firmas.
Actualmente, la huelga tiene una duración indefinida, si bien desde el día 15 los trabajadores pueden optar voluntariamente por reincoporarse a sus labores, lo que se conoce como descuelgue y que, en la práctica, es percibido como una restricción temporal a la movilización. Este descuelgue requiere que el empleador cumpla las mismas condiciones que permiten el reemplazo con personal externo -que el proyecto prohíbe definitivamente- y que son, entre otros, el pago de un bono de 4 UF por cada trabajador reemplazado.
En este caso se buscaría, por ejemplo, que la huelga de una pyme pueda extenderse un máximo de cinco días. Luego de llo se obligaría a una mediación forzosa y el pronunciamiento de un árbitro sobre la propuesta de contrato colectivo realizada por el empleador.
En materia de servicios mínimos, una de las fórmulas que se analiza es que estos se definan con al menos 60 días de anticipación al inicio de una negociación colectiva. Adicionalmente, se precisarían las empresas que deben cumplir con dicha norma.
Según otras fuentes que participan de las conversaciones, también podrían existir cambios de la entrada en vigencia de la reforma laboral, particularmente respecto de aquellas medidas que requieren reglamentos para su implementación.