Ante definiciones de la reforma al sector, que considera un plazo de 4 años para el traspaso de afiliados al nuevo sistema:

Aseguradoras cuestionan también que se obligue a los usuarios a cambiarse al nuevo sistema. A su vez, expertos critican la creación de un fondo común con Fonasa y llaman a Salud a definir pronto su postura.

Por Carlos Said.

Una alarma se encendió entre los ejecutivos de distintas isapres, luego que el encargado de redactar la reforma a la salud privada, Camilo Cid, afirmó -en entrevista a «El Mercurio»- que se buscará traspasar a todos los afiliados del sector, en un plazo de cuatro años, al nuevo sistema que define el Gobierno.

Además, planteó que, en el nuevo esquema, las aseguradoras podrán reajustar el precio de sus planes cada tres años y solo si tienen problemas financieros, decisión que será aprobada o rechazada por un panel de expertos que será creado a través del mismo proyecto.

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, califica de «graves» los dichos del encargado: «Son una invitación al sector privado para que abandone el aseguramiento de la salud», afirma.

«El Estado no puede controlar las tarifas de aquellos sectores que no son monopólicos. Y este no es un sector monopólico, ya que el plan de salud estaría definido y garantizado, y las personas tendrán movilidad entre una isapre y otra. Entonces, es una competencia perfecta», detalla.

Según Caviedes, «no hay ninguna razón que justifique que el Estado intervenga», y que lo planteado por Cid «a nuestro juicio podría ser inconstitucional» y sentar precedentes en otras áreas. «Sería interesante saber qué opinan otros sectores económicos de que nos sometan a una norma de esta naturaleza», puntualizó.

Para el presidente de Colmena, Gonzalo de la Carrera, lo que plantea el asesor del Ministerio de Salud «no solo es expropiar el 7% de la salud de los chilenos, sino que también quitarles sus contratos actualmente vigentes», en referencia al traspaso obligatorio de afiliados que habría al nuevo sistema.

Además, advierte que este nuevo escenario le quita el piso al superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, quien estaba conversando con Colmena a propósito de estos cambios. «Esta es una reforma mucho más ideologizada que lo que hemos visto en lo tributario y lo laboral», acusó.

El presidente de Empresas Masvida, Claudio Santander, declinó referirse al tema, a la espera del análisis que hará su directorio el lunes. Pero desde ya dice que es necesario que el ministerio publique los estudios con los que está redactando el proyecto de ley.

Debate constitucional

Para el abogado experto en isapres, Germán Concha, las aseguradoras tienen razones para estar alarmadas y coincide en que fijar precios a través de un grupo de expertos es inconstitucional.

«La regla general de la Constitución es que existe libertad para desarrollar actividades económicas, y la esencia de eso es determinar cuánto cobro por lo que hago», explica.

Además, concuerda en que no existe un monopolio natural en el sector -como es el caso de los servicios sanitarios- como para intervenir esos precios. «Restringir esa actividad necesitaría argumentos poderosos», acota.

Respecto de la creación de un fondo común entre Fonasa e isapres para financiar medicamentos de alto costo, Concha dice que «es al menos discutible constitucionalmente», ya que les está quitando a los afiliados su cotización de salud.

Pero otros expertos tienen una visión distinta. El director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, dice que «la fijación de precios es un mecanismo que si se establece por ley y con un sistema de técnicos independientes que definan esos costos, es bastante razonable».

Lo mismo opina Pedro Barría, encargado de salud del Consejo de Defensa del Estado y ex miembro del consejo asesor para la reforma a las isapres, quien dice que una fijación de precios permitiría solucionar la judicialización del sistema.

«Por más de 30 años el precio ha dependido exclusivamente de las isapres, al punto que lo pueden subir una vez al año y sin ninguna rigurosidad técnica, por lo que un sistema con reajuste trianual es sumamente positivo», dice. Y detalla que la medida no tendría problemas constitucionales, ya que a su juicio sí existe un monopolio en el sector: «Un afiliado que tenga más de 50 años y que esté enfermo, no tiene ninguna posibilidad de negociar», plantea.

Sin embargo, los expertos sí ven problemas en la obligatoriedad de que todos los afiliados pasen al nuevo sistema.

«Eso le podría disminuir los beneficios a algunas personas, lo que es ilegítimo y jurídicamente insostenible», asegura Sánchez. Barría coincide en que «se debería reconocer a las personas su derecho a permanecer con sus antiguos planes».

Definiciones de Salud

Más allá del debate sobre los alcances legales de la reforma, entre las isapres y los expertos existe consenso en que la ministra de Salud, Carmen Castillo, debe decir si los dichos de Camilo Cid representan o no la posición del Gobierno en el tema.

«Me parece poco prudente que aparezcan estas declaraciones de parte de personeros que no sabemos qué responsabilidad administrativa asumen. Habrá que ver si la ministra refrenda o no sus dichos, pero me parece muy grave este nivel de desorden», ejemplifica Pedro García, ex ministro de Salud y ex miembro de la comisión asesora.

Senadores piden apurar el ingreso del proyecto
Ante las críticas de las isapres por las nuevas definiciones de la reforma, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi (PPD), criticó a las aseguradoras, afirmando que «deben entender que están en un área que no es la venta de zapatos o de ropa, sino que tiene que ver con la salud». Además, afirmó que estas empresas «no serán colegisladores en el proyecto».

Sin embargo, pidió que el Gobierno ingrese pronto el proyecto de ley para comenzar lo más pronto posible su discusión. De lo contrario, «comenzaremos a tramitar el proyecto que está en tabla en el Congreso y del que soy autor», dice Girardi.

La senadora de la misma comisión, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), también emplazó al Gobierno a que entregue más detalles del proyecto, ya que de lo contrario comenzarán ellos la discusión.

Según ella, lo más preocupante de los aspectos que se han conocido de la reforma, es la «apropiación por parte del Estado de un porcentaje de la cotización», en referencia a los 0,4 puntos porcentuales del 7% en salud que irían al fondo común con Fonasa, para financiar medicamentos de alto costo.

Además, advirtió que la articulación de redes de prestadores podría complicar la libertad de las personas, pues «cada uno debe atenderse donde decida, no donde el sistema lo obligue».