Accidente en la Mina San José y la ratificación del Convenio 187 de la OIT, impulsaron su creación. La propuesta a cargo de expertos, se presentará a el lunes a un Comité de Ministros.
Por Lorena Leiva.
A partir del debate en torno a la seguridad y salud en el trabajo, generado tras el accidente de los 33 mineros en el yacimiento San José, hace cinco años, el gobierno decidió ratificar el Convenio 187 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y generar una nueva política nacional al respecto.
Para eso se dispuso la creación de un Consejo Consultivo asesor de la Presidencia, formado por expertos y representantes de las empresas y los trabajadores, que el próximo lunes presentará sus conclusiones a un Comité de Ministros de las carteras de Trabajo, Salud y Hacienda.
En la cita, se informarán tanto los principales diagnósticos de falencias detectadas, como propuestas y resoluciones para mejorar este ámbito laboral. “Actualmente, cuando ocurre un accidente laboral, acuden organismos de Trabajo y Salud, principalmente, con las mismas potestades, pero con criterios distintos, y el que llega primero se queda con el problema, entonces nadie sabe quién lo resuelve. La intención de crear una nueva política al respecto es unificar criterios, actualizar la normativa vigente, que data de 1968, y que ojalá sea un sólo organismo el que coordine”, indicó Guillermo Campero, sociólogo y presidente del Consejo Consultivo.
Entre las propuestas, destacan tres campos de acción: el enfoque preventivo como principio fundamental, donde se garantice el derecho a la protección de todos los chilenos; la universalidad de cobertura, para que abarque tanto a trabajadores dependientes como independientes e informal, y la participación y diálogo de todos los actores, es decir, trabajadores, empleadores, y gobierno.
La propuesta contempla, además, la creación de un Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de un observatorio en la materia. Y algo fundamental para el Consejo Consultivo, para que todo el resto de las propuestas se sustenten, es crear un sólo organismo que se encargue de la seguridad del trabajo, que coordine las distintas instituciones y defina los criterios.
Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, anualmente fallecen más de 200 personas a causa de accidentes de trabajo y trayecto, relacionados con vehículos. Sin embargo, una de las falencias que tiene la actual normativa, es que no reconoce las enfermedades profesionales. “Es necesario actualizar la Ley 16.744 que establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y sus reglamentos, pues no reconoce las enfermedades profesionales, principalmente las de salud mental, así como el acceso a servicios preventivos de buena calidad”, dijo la Ministra de Salud, Carmen Castillo.
La secretaria de Estado agregó que la nueva política debe contemplar lo antes mencionado, “entendiendo el impacto en la calidad de vida y promoción de la salud de nuestros trabajadores