Industria prevé que se presentarán 155 mil causas este año y costas de casi $ 20 mil millones.
Por Gabriela Sandoval.
Un total de 68.688 recursos de protección contra las isapres, porel alza de los precios base a los planes, se presentaron en las distintas cortes de apelaciones del país durante el primer semestre de este año. La cifra, que alerta sobre la expansión de la judicialización en el sistema, constituye un aumento del 54% en comparación a las causas ingresadas entre enero y junio del año pasado, por el mismo motivo.
De acuerdo a las cifras entregadas por el Poder Judicial, a estos recursos se suman otras 1.802 casos por distintos reclamos de los usuarios, como faltas de coberturas ante prestaciones, traslados o medicamentos; además de 24 acciones judiciales por materias relativas al Auge. Con esto, los recursos de protección, en general contra las aseguradoras privadas, totalizan 70.514 en el primer semestre del año.
“Es una cifra preocupante, pero que no nos sorprende porque sabíamos que esto iba a ir en expansión. Hay que tener claro que alrededor de estos recursos de protección se ha desarrollado todo un negocio para muchos abogados, que es lo que ha incidido en este aumento”, dice el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien prevé que este año se presentarán cerca de 155 mil recursos contra las aseguradoras, lo que implicaría, en costas judiciales (dineros que paga la isapre cuando pierde el juicio), cerca de 20 mil millones de pesos. “Para dimensionarlo, eso es entre el 50% y el 70% de las utilidades del sistema isapres. Otra implicancia son los 155 mil contratos a los cuales no se les aplica ajuste de precio y eso es una tremenda inequidad para los beneficiarios que no reclaman y que tienen que pagar su propio plan de salud, y asumir el del que congeló, más las costas y los gastos de administración por los procesos de defensa”, añade.
En la superintendencia de Salud, que el año pasado comenzó a recibir estos reclamos y a congelar el precio de los planes, suma 7.958 recursos desde la implementación del sistema, que en más de un 90% de los casos ha resuelto en favor del afiliado.
“Mi impresión es que las isapres han aprendido a convivir con la judicialización, porque la incluyen en sus precios. Pero, ¿se puede sostener a largo plazo esto? No. Hay que reformarlo, pero el gobierno ha planteado una reforma macro, que es necesaria además por varios otros aspectos, y no una ley corta exclusiva de esto”, dice el académico de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez.
Reforma
Para resolver las discrepancias que han planteado las cortes de apelaciones y la Suprema, sobre el mecanismo de cálculo del reajuste que realizan las aseguradoras y la modificación unilateral de los contratos -que han dado pie al cúmulo de reclamos y recursos de protección-, Caviedes plantea el envío de un proyecto de “ley corta” que se haga cargo de la judicialización, estableciendo un sistema matemático para cifrar la variación de precios, de corte técnico y que incluya a un panel de expertos.
Este modelo, sin embargo, será abordado en la iniciativa que en septiembre próximo, antes de Fiestas Patrias, enviaría el gobierno al Congreso, para reformar además otros aspectos del sistema, como la creación de tres planes de seguridad social y que pondría término a la discriminación y las preexistencias, además de crear un fondo mancomunado entre las isapres y Fonasa (ver recuadros).
Sobre el proyecto, la ministra de Salud, Carmen Castillo, dijo que la iniciativa busca poner fin a la preexistencias que afectan a más de un tercio de los afiliados en el sistema. “Queremos buscar una solución y creemos que se podría generar un fondo inter-isapre en el cual ellos puedan compartir los riesgos a través de ese fondo, sin que las personas sean sea discriminadas por contar con alguna enfermedad y eso creemos que es una solución enorme”, dijo la ministra, quien añadió que el proyecto está en etapa prelegislativa, con consultas a parlamentarios, expertos y representantes del sector.