La secretaria de Estado adelantó detalles de la regulación al seguro privado: pone fin a la declaración de salud y establece un fondo compartido entre Fonasa e isapres.

Por Gabriela Sandoval y Oriana Fernández.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, cumplió el jueves pasado seis meses en el cargo. Un semestre en el que, además de impulsar la compleja cartera de proyectos hospitalarios, la secretaria de Estado ha estado trabajado en la próxima reforma al sistema de salud privado, para presentarla al Congreso Nacional, a más tardar, a mediados de septiembre próximo.

En entrevista con La Tercera, y mientras se desarrolla el trabajo prelegislativo, la ministra adelanta el contenido de la iniciativa, basada en la propuesta de mayoría de la comisión de expertos convocada el año pasado por el gobierno para diseñar las bases de la reforma, y de la que fue integrante. Y antes de todo, disipa las aprensiones de la industria: “Lo que menos queremos es que las isapres tengan el temor de que van a desaparecer. El sector privado sigue”, aclara.

La iniciativa incluye un Plan de Seguridad Social que contempla atenciones base y que pone fin a la discriminación por sexo, edad y condición de salud. También, otros puntos reñidos por el sector: se elimina la declaración de salud, lo que hoy opera como un “filtro” en las aseguradoras para el ingreso de afiliados, y se crea un fondo mancomunado, en que los usuarios de Fonasa y de isapres aportarán menos del 1% de su pago mensual para beneficios comunes. También habrá otro fondo interisapres, que recaudará las cotizaciones de los usuarios del sector privado. Sin embargo, es el espacio común con el seguro público lo que genera preocupación en las isapres, por la eventualidad de que sea el punto de partida hacia un seguro único de salud.

¿En qué etapa está la iniciativa?

Estamos dando a conocer nuestro plan, que tiene los componentes de la comisión de expertos y que ha sido evaluado por la Presidenta Bachelet, que nos dio instrucciones e indicaciones. Ahora estamos en trabajo prelegislativo, con parlamentarios y otras entidades, y en agosto trabajaremos con las isapres, que también tienen que estar involucradas, para recibir sus aportes. Estamos dando a conocer nuestro plan y todo perfeccionamiento es bienvenido.

¿Qué incluirá el proyecto de ley?

Se plantea que cada isapre ofrezca tres planes de salud para los afiliados, con diferentes tarifas y variantes según hotelería, por ejemplo. La idea es que desaparezcan los más de 14.000 planes que existen actualmente y que sean transparentes y claros. Se deben fortalecer las coberturas hospitalarias, sin desmerecer las ambulatorias. Lo que variará en estos planes será la asistencialidad de la red, pero sin disminuir la calidad. Para eso habrá un control de la calidad, y se está viendo qué organismo se hará cargo de supervisarlo. La diferencia es que el Plan Garantizado de Salud (planteado por el gobierno anterior) era más limitado: no impactaba en las grandes estrategias que se están tratando de buscar.

Actualmente, los usuarios rechazan que las isapres aumenten los precios. ¿Cómo se abordará eso?

Es factible que haya una comisión de expertos, tal como existen para el Auge o el sector eléctrico, que vea y calcule el tema de las tarifas. Pensamos que es posible, porque no se tenderá a llegar al límite de que las isapres no tengan utilidades, pero que sean utilidades razonables. La idea es darle fuerza a esa comisión y que lo que concluya, en cuanto al rango real del reajuste, sea mandatorio.

Además de los precios, hay reclamos por la declaración de salud, que opera como filtro para el ingreso de afiliados. ¿Se le pondrá término?

Para allá vamos. Queremos que no existan limitaciones debido a la salud de las personas, por la edad o sexo, que son las preexistencias. Este gobierno puso fin a las preexistencias por el embarazo, lo que fue bienvenido por la gente. La idea es que las personas puedan atenderse en el sector privado con libertad y sin limitaciones en salud.

Las isapres dicen que sin declaración de salud podrían quebrar…

Hay una premisa de eso, pero el interés es de que todas las mejoras que se hagan en isapres también signifiquen mejoras en el sector público. No todo el sector público se irá a las isapres, porque los montos económicos del 7% son diferentes en cuanto a los ingresos que tiene cada persona. Pero esto tiene que ver con un fin social que queremos recuperar para el sector salud ,y se considera que el 7% es un componente de la seguridad social.

¿Cómo se llevaría a la práctica la incorporación libre de usuarios?

Las isapres definen preexistencias que inciden en que las personas que acceden al sector privado sean más o menos riesgosas. La idea es que ingresen las personas, y que exista un fondo interisapre que mida los riesgos de cada uno de los que entran y que cada isapre reciba un financiamiento, según el riesgo de los cotizantes que tenga en su cartera. Las mismas aseguradoras han planteado que haya un fondo interisapres; así que esa es una posibilidad importante que estamos viendo y que nos permitiría tener la seguridad de que no vayan a ser discriminados por preexistencia o por una enfermedad muy costosa.

También se planteó otro fondo, que mancomunara recursos del seguro público y de los privados. ¿Se va a impulsar?

Del 7% de la cotización para la salud que pagan todas las personas mensualmente, hay un porcentaje que, se está considerando, pueda ser utilizado tanto por las isapres como por Fonasa. El aporte sería menos del 1% del total de la cotización de salud a este nuevo fondo mancomunado. Es decir que, en conjunto, aporten a áreas que les interesan a ambos sectores como, por ejemplo, la atención prehospitalaria, las urgencias, o bien, los trasplantes. Y en el sector privado, también hay necesidad de fortalecer lo preventivo y promocional. Podríamos llegar incluso a mancomunar el Auge. Para ninguno va a ser un castigo, al contrario, es una fortaleza de que ambos seguros trabajen unidos por un mismo motivo.

¿Por qué alguien de Fonasa debiera entregar a ese fondo una parte de su cotización?

Las personas van a seguir teniendo sus atenciones independientemente de estos cambios. Si esa persona necesita un trasplante, por ejemplo, podrá hacerlo. Esto tiene que ver con la solidaridad del joven al viejo, del sano al enfermo. Los principios que se quieren impulsar son los de la solidaridad, equidad y universalidad.

Las isapres temen que esto sea el punto de partida a un seguro o fondo único de salud…

En el mundo moderno ya se está observando que tiene efectos positivos y creemos que es factible que nuestro país desarrollado pueda implantar un fondo único de salud, como meta a largo plazo, pero esto no es ahora. Es una mirada a largo plazo que uno tiene que ir trabajando y todas las miradas serán parte de la discusión que hay que tener.

¿Y por qué el fondo único sería mejor?

Porque el fin social del 7% no podemos perderlo.

¿Entonces el fondo mancomunado es la primera piedra para eso?

En este momento, es una fórmula de trabajo que tenemos que ir evaluando.

Las isapres temen por la creación de ese fondo porque, a la larga, les pone fin.

Ojalá no le tuvieran miedo, pero esto no va a estar en la historia actual. Además, las isapres pueden reformularse en otros elementos y componentes. Pero la ley no va a contemplar el fondo único a largo plazo.

¿Qué pasará si la industria se opone a estos cambios?

Lo que menos queremos es que tengan el temor de que van a desaparecer. El sector privado sigue. Pero tiene que reorientarse con un componente social y que, también, para ellos tenga utilidad, a través de distintas vías, primas o elementos que se irán agregando. En esta fase prelegislativa está en discusión cuáles son los elementos que se les agregarán a las aseguradoras para que tengan utilidades.

¿Se abordará el manejo de licencias médicas en esta iniciativa?

Quedan fuera del proyecto, porque es un tema muy complejo que requiere otra mirada.

¿Se regulará la integración vertical (participación de una empresa en más de una fase productiva) de los prestadores y los seguros?

Queremos que se trabaje en torno a la integración vertical en el proyecto. Hay empresas que tienen esa situación y por eso está en la discusión. Se ha visto que la integración no tiene utilidad real para los beneficiarios. b

“Los costos están llegando a niveles insostenibles”

La ministra de Salud se ha reunido en la última semana con senadores de todos los partidos de la Nueva Mayoría para estudiar las propuestas de los parlamentarios, además de la visión del gobierno, sobre lo que contendría la reforma. A esto se suma que le han presentados los análisis a la industria para que entregue su visión.

“Los parlamentarios ven el proyecto como una buena alternativa. Por supuesto, han hecho observaciones y aportes: las estamos acogiendo. Uno de los temas más importantes que han propuesto es que haya un fondo interisapres, el cual debe estar bien estructurado para que no tenga problemas legales”. Sobre la posibilidad de que las isapres ofrezcan planes o beneficios complementarios al plan de salud, Castillo aseveró que “esa es la discusión que se está dando ahora” entre el Ejecutivo y el Congreso.

La ministra añade que la nueva regulación es clave para disminuir la judicialización por el reajuste de los precios de los planes: “Los costos y demandas están llegando a niveles insostenibles. Con este proyecto va a haber un beneficio hacia ellos y vemos que va a ser una buena solución, porque habrá cálculos transparentes y claros”.

De hecho, la propia Asociación de Isapres ha planteado que se fije un mecanismo nuevo para estimar las tarifas, dado que ya llevan 44 mil recursos de protección este año de afiliados que desean congelar el precio de sus planes. La secretaria de Estado señaló que la meta de su cartera es que la iniciativa esté aprobada en 2016.