Rafael Caviedes, presidente de las Isapres, dice que mientras existan listas de espera, no se puede abrir el libre ingreso al seguro privado.
G. Sandoval y O. Fernández.
Como “impracticable” definió Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, la propuesta de eliminar la declaración de salud en las aseguradoras, que es utilizada en el sector como “filtro” para seleccionar a sus afiliados. El gobierno planteó ayer que el proyecto de ley que reforma al sistema de aseguramiento privado -que adelantó La Tercera-, pondrá fin a dicho requerimiento, por considerarlo una forma de discriminación.
El timonel de las aseguradoras dijo que sus críticas a ese punto tienen una base: “no es viable, desde el punto de vista financiero, porque, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad grave que requiera una intervención quirúrgica, y está postergada en el sistema público, en listas de espera, va a irse a una isapre y ésta estará obligada a aceptarla y a pagar la cirugía, para que luego ese usuario retorne a Fonasa”, dijo Caviedes, quien agregó que “mientras el sistema público tenga listas de espera tan gigantescas, y deficiencias en la entrega de prestaciones, no se puede eliminar la declaración de salud. Es algo deseable, pero impracticable”.
Caviedes añade que también se deben hacer precisiones sobre el fondo mancomunado que propone el gobierno y que estaría conformado por un monto menor al 1% de la cotización de salud de los beneficiarios de isapre y de Fonasa, para ser destinado a atenciones de salud. “Es un impuesto que se les va a aplicar a los afiliados y entonces hay que explicarles por qué una parte de su cotización no va a ser para ellos y sus familias, sino que va a ir a Fonasa”, dijo. Agregó que se ha planteado que esos recursos irán destinados a atenciones de urgencia o trasplantes, “pero no se ve, claramente, el beneficio para el afiliado de isapre si se desvía ese monto al sector público”.
Con todo, Caviedes valoró la creación de un plan de seguridad social y que las adecuaciones de las tarifas sean calculadas por una comisión de expertos “que dé transparencia al sistema y que ponga fin a la judicialización que está apremiando a la industria”.
En tanto, Gonzalo de La Carrera, presidente de Colmena, sostuvo que eliminar la declaración de salud “generaría una conducta oportunista”, pues con los fondos de los beneficiarios de isapres se cubrirían prestaciones “que le corresponden al Estado. Es inviable”.
Agregó que la creación de un fondo mancomunado es “inconstitucional”, pues constituye “una expropiación” de la cotización de los afiliados de isapres. A su juicio, la propuesta del gobierno es más “radical” que la entregada por la comisión de expertos convocada por la Presidencia.
Camilo Cid, secretario ejecutivo de la reforma a las isapres, descartó una “fuga” de usuarios del sector público al privado “porque hay una barrera de entrada que es el precio de los planes”. También recordó que el sector más vulnerable recibirá ayuda de quienes “tienen más (usuarios isapres), porque han puesto más recursos para financiar los eventos que cualquiera necesite”. Aclaró, además, que el precio del plan sería de $ 40 mil, en promedio.
Emilio Santelices, académico de la escuela de Salud Pública de la U. de Chile, dijo que es necesario perfeccionar el sistema e introducir solidaridad, pero que “ojalá esto no se convierta en un Transantiago. Por eso es importante que se conozca cuánto valdrá el plan y qué incluye”. Asimismo, aseveró que es necesario que se “transparente” quiénes van a ser parte del panel de expertos que calculará el reajuste de las primas: “tiene que ser un grupo de profesionales de alto nivel y que no sean designados a través de cuoteo político”.