En sus últimos consejos nacionales y comités ejecutivos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reconoció que el actual escenario económico y político podría entrampar el desenlace de la reforma laboral en el Congreso.
Por eso es que decidieron priorizar sus demandas, abocándose a restringir aún más los servicios mínimos y a sacar los pactos de adaptabilidad de la negociación colectiva. Dejaron para un próximo Gobierno la discusión de otras demandas históricas como cambios a las leyes de despidos.
Sin embargo, en los últimos días emergió en el escenario la opción de que el Gobierno impulse la limitación de la huelga en las Pymes, cambios en los quórum de constitución de sindicatos en ese mismo segmento y la reposición de las sanciones por violencia en las huelgas.
Al interior de la multisindical hay cierta disposición a asumir los ajustes en el sector de empresas de menor tamaño, debido a que la mayor cobertura de la negociación colectiva y la sindicalización no se da en ese rubro, sino que en las grandes empresas.
Donde no ven espacio para innovar es en reponer lo que califican como la “criminalización” del movimiento sindical, al restituir el concepto de huelga pacífica.
Alegan que ese fue un tema que se zanjó en la discusión en la Cámara de Diputados, por lo que no sería lógico volver a instalarlo. Además advierten que ese punto es una bandera de lucha del empresariado.
En cambio, destacan como un avance el piso político para sacar la adaptabilidad de la negociación colectiva.