CPC y las seis ramas están trabajando con cálculos, estudios y sondeos:

Posponer la entrada en vigencia de la renta atribuida y el esquema semiintegrado es una alternativa que ha comenzado a tomar fuerza. Incluso algunos han esbozado adelantar la tasa de impuesto de 27%, pero que a cambio se mantenga un sistema integrado de tributación.

Por Silvana Celedón Porzio.

El segundo semestre de 2016 las empresas entrarán en lo que muchos han denominado la «zona roja» o «fase crítica». Aluden así a cómo implementarán la reforma tributaria.

Es que entre octubre y diciembre del próximo año deberán informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) qué sistema escogerán para pagar el Impuesto de Primera Categoría que con la reforma se abrió a dos esquemas: renta atribuida, que llegará a una tasa de 25%, o el sistema parcialmente integrado con una tasa de 27% a partir del año comercial 2017 (correspondiente a la Operación Renta 2018).

Para ello, en el tercer trimestre de 2016 los directorios deberán llamar a una junta extraordinaria de accionistas con el objetivo de sellar dicha decisión. La ley aprobada por el Congreso el 29 de septiembre de 2014 incluso establece los quórums necesarios para optar por un esquema tributario u otro.

Dado este escenario, los gremios empresariales han emprendido en las últimas semanas una serie de acciones. Cálculos, estudios y sondeos son parte de las iniciativas que han tomado con un objetivo en mente muy claro: preparar una verdadera «artillería» con miras a solicitar al Gobierno perfeccionamientos profundos a la reforma tributaria apenas finalice la discusión legislativa de la reforma laboral, lo que debería ocurrir entre agosto y septiembre de 2015, de acuerdo con los plazos del Gobierno.

Circular clave en este proceso tendría más de 180 páginas

Hasta ahora, el nuevo sistema impositivo ha sido acompañado por 37 circulares, nueve resoluciones del SII y una aclaración de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) respecto de la contabilización de los activos y pasivos. Sin embargo, faltan aún precisiones importantes como, por ejemplo, la circular donde se aclarará la implementación y convivencia de la renta atribuida y esquema semiintegrado.

Solo el borrador de esa normativa ya supera la extensión de la propia ley de reforma tributaria: cuenta con 180 páginas, según fuentes cercanas al diseño de dicha circular.

Este complejo y para algunos «difuso» escenario ha llevado a varios empresarios a analizar la idea de posponer la entrada en vigencia de los dos nuevos sistemas de tributación, e incluso algunos, en privado, han esbozado derechamente la conveniencia de plantearle al Gobierno que adelante en un año el alza en la tasa de 27% (es decir, para el año comercial 2016), pero que a cambio se mantenga un sistema unificado integrado para todas las empresas, sin distinción (ver recuadro). De este modo, se quiere evitar lo que avizoran como un «caos» en la implementación de la reforma, debido a la serie de dudas que persisten en las empresas.

Esta última alternativa, reconocen varios empresarios, es un camino «que tiene costos» para el Gobierno.

La reforma tributaria es un tema emblemático en el programa de la actual administración de Michelle Bachelet. Pero empresarios consultados dicen -en reserva- que no ven imposible avanzar en una mantención del actual esquema integrado de impuestos, debido al complejo escenario económico que enfrenta el país, con una actividad que no muestra todavía señales concretas de reactivación y un cuadro fiscal estrecho. Pues aunque se haya elevado gradualmente la tasa de impuesto corporativo, un punto menos de crecimiento en el Producto Interno Bruto del país (PIB) implica cerca de US$ 600 millones menos para las arcas públicas.

CPC y ramas consultan a sus asociados y harán reportes

Para respaldar su crítica visión, los empresarios han estado las últimas semanas trabajando de lleno en pesquisar en sus filas los problemas concretos que está mostrando la puesta en marcha de la reforma.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y sus seis ramas acordaron a inicios de este mes realizar un catastro con el objetivo de elaborar en los próximos dos meses un completo reporte donde se expongan las dificultades prácticas del nuevo esquema impositivo.

El objetivo de los privados es salir del cuestionamiento general a la reforma tributaria y evidenciar con casos los problemas que existen, explican.

En su comité ejecutivo del próximo martes la CPC hará una primera revisión del avance en el trabajo que están realizando las ramas. La multigremial también está avanzando en los cálculos sobre el impacto fiscal de distintas opciones y no descarta sumar asesorías externas a este proceso, pero ello dependerá de los resultados que arrojen los sondeos que están realizando los gremios en estos momentos.

En la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el comité tributario, liderado por Félix Bacigalupo, además de estar analizando los vacíos que persisten en materias ya abordadas por las circulares del SII, está con sus más de tres mil empresas, entre directas e indirectas, catastrando inconsistencias o problemas de la ley.

El comité tributario de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), presidido por el abogado Christian Asté, fue mandatado por el titular de la CNC, Ricardo Mewes, para analizar en detalle todas las adecuaciones necesarias que se requieren para tener claridad sobre los dos nuevos sistemas para los impuestos corporativos. Además, la instancia está elaborando una minuta con las cámaras regionales para evaluar los efectos prácticos.

La Sociedad Nacional de la Minería (Sonami) está trabajando con el abogado tributario Juan Manuel Barahona para revisar con sus empresas las dificultades de la reforma.

Los problemas que este proceso ha revelado son diversos. La abogada Soledad Recabarren -que asesoró en 2014 a la CPC en la discusión de la reforma tributaria en el Congreso- detalla solo uno de los ejemplos para explicar el nivel de ambigüedad. En primer lugar, faltan registros para cumplir con nuevos controles que surgieron de la reforma. De hecho, varios auditores ya hablan del «Registro X» para referirse al control de las utilidades «distribuibles», que son aquellas utilidades que se imputarán a los retiros que hagan sus socios, en el caso de las empresas que opten por el sistema semiintegrado. Esto, para hacer el empalme de dichas ganancias con el Impuesto Global Complementario que deben pagar los socios que reciban esas utilidades, y los créditos respectivos.

Desaceleración podrían allanar el camino

El diagnóstico de los gremios es que si bien hasta ahora el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha cerrado la puerta a cambios legales, hay dos situaciones que no se pueden obviar: uno, que el principal rechazo del jefe de las Finanzas Públicas ha sido para modificar las tasas. Y dos, que la mayor desaceleración de la actividad podría abrir una opción para avanzar por este camino, señalan fuentes empresariales.

Junio ha sido un mes especialmente duro en materia de cifras y esto ha generado una mayor sensibilización respecto del tema incluso en el ala más dura de la Nueva Mayoría.

El 3 de junio el Banco Central redujo su proyección de PIB para 2014 (de un rango de 2,5% y 3,5% a uno de entre 2,25% y 3,25%), pero además expresó una fuerte preocupación por la pérdida de confianza. El 5 de junio vino un nuevo dato del organismo: el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró un crecimiento de 1,7% en abril, resultado que se ubicó bajo las expectativas de los analistas que habían apostado por una expansión de 2,5% para la actividad en el cuarto mes del año. Ese mismo día el INE informó sobre una caída en los salarios nominales de 0,2% en abril, la primera caída para ese mes desde que comenzó a operar la nueva encuesta de empleo en enero de 2010. Así suma y sigue, hasta que este lunes, tras un consejo de gabinete, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue categórico en hacer un llamado a no avanzar en «aventuras» y plantear la necesidad de «contener las expectativas».

Es este contexto el que ha generado que la idea de realizar cambios drásticos a la reforma tributaria, sin que esto implique bajar las tasas establecidas en el proyecto aprobado en septiembre del año pasado, esté tomando más fuerza.

Incluso algunas fuentes cercanas a Hacienda señalan que el equipo de esta cartera que está trabajando en la implementación del nuevo sistema impositivo habría reconocido, en privado, las dificultades que se han presentado en la elaboración de las circulares y que dado ello se estarían sacando cálculos para evaluar con cifras el impacto de posponer la entrada en vigencia de la renta atribuida y el esquema semiintegrado.

«Posponer la entrada en vigencia de los distintos sistemas sí es relevante para las expectativas de los agentes. Podría mejorar el ánimo empresarial y el clima de inversión, con un acotado costo en el corto plazo en recaudación, pero que podría compensarse en gran parte por una mayor tasa de crecimiento del PIB. De ahí su efecto en mayor recaudación por mayor crecimiento económico», señala el economista Patricio Rojas, quien también asesoró a la CPC en la discusión de la reforma tributaria.

EL OBJETIVO DE LOS PRIVADOS es claro: preparar una verdadera «artillería» con miras a solicitar al Gobierno perfeccionamientos profundos a la reforma tributaria apenas finalice la discusión legislativa de la reforma laboral, lo que debería ocurrir entre agosto y septiembre de 2015.

ENTRE LOS PROBLEMAS detectados para implementar la actual reforma está la falta de registros. Varios auditores ya hablan del «Registro X» para referirse al control de utilidades «distribuibles».

Mantener la integración del sistema tributario con un impuesto corporativo único de 27% tendría un impacto de US$ 600 millones en la recaudación fiscal, según estimaciones de BBVA
Si el Gobierno aplazara la implementación de los dos sistemas tributarios (renta atribuida y semi integrado) manteniendo la integración del sistema el impacto en menor recaudación fiscal sería cercano a US$ 600 millones al año.

Así lo muestran cálculos realizados por BBVA Research. La entidad financiera estima que si en el año comercial 2017 -que corresponde a la Operación Renta 2018-, la tasa de Primera Categoría subiera a 27% para todas las empresas, sin implementar los sistemas de renta atribuida ni el parcialmente integrado, la recaudación de la reforma tributaria bajaría en 0,3 puntos del PIB.

O sea, sería el 2,7% del PIB, en lugar de 3% del PIB proyectado por la Dipres con la reforma tal como se aprobó.

En la práctica, esto implicaría menos ingresos para las arcas fiscales cercanos a $300 mil millones al año o US$ 600 millones, tomando como referencia un dólar de $495 que fue el nivel usado por la Dipres para el informe financiero de la reforma tributaria.

Para llegar a la cifra de $300 mil millones, BBVA estimó que en el año comercial 2017 la recaudación por Primera Categoría sería mayor, al considerar una tasa pareja de 27%: pasaría de $874.308 millones a $1.190.000 millones.

Pero por contrapartida, el fisco dejaría de percibir por el Impuesto Global Complementario $672.205 millones. Esto debido a que se volvería a un esquema como el actual, en que se imputa el 100% de lo pagado en Primera categoría como crédito para el contribuyente (con la reforma, en el sistema integrado solo se imputa como crédito el 65% de lo pagado).

Jorge Selaive, economista jefe de BBVA, señala que si el Gobierno decidiera definitivamente eliminar los sistemas de renta atribuida y el parcialmente integrado, esta sola medida tendría un impacto positivo en el crecimiento del país. Porque se estaría eliminando una de las principales fuentes que hoy generan confusión e incertidumbre en las empresas.

El experto advierte que no es posible cuantificar con exactitud el efecto directo en la actividad del país, pero que el impacto sí se daría de todas maneras, ya que se clarificarían reglas del juego, incidiendo favorablemente en la inversión.

Si la correlación se diese, la actividad del país se dinamizaría, impulsada principalmente por una mayor inversión.

Lo paradójico es que si la economía chilena crece un punto más, en términos fiscales eso también implica US$ 600 millones. La coincidencia de esta cifra con la menor recaudación por mantener integrado el sistema se explica porque 0,3 puntos del PIB, es equivalente a un punto de crecimiento del PIB.

$672.205 millones es la recaudación adicional en el Impuesto Global Complementario que estimó la Dipres con la reforma tributaria para el año comercial 2017.