Grupo de trabajo avanzará en temas que van desde la facilitación de trámites hasta la adaptabilidad laboral:

La instancia, presidida por el ex timonel del empresariado Rafael Guilisasti, será integrada por Juan Claro, Carlo Solari, Jorge Marshall, Manuel Olivares, Antonio Walker, Jorge Gómez e Iván Arriagada, entre otros.

Por Silvana Celedón Porzio.

Un potente grupo -que incluye a dos ex presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y a empresarios de los principales sectores productivos del país- conformó la CPC para su nueva Comisión de Productividad.

La instancia será presidida por el ex timonel de la CPC Rafael Guilisasti, y tendrá como directora ejecutiva a Joanna Davidovich, quien fue directora de la Oficina de Competitividad durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Sus integrantes serán Juan Claro, ex presidente de la Sofofa y CPC y quien lideró la Agenda Pro Crecimiento lanzada durante la Administración de Ricardo Lagos; Jorge Eugenin, gerente general de Melón y experto en temas de innovación industrial; Jorge Marshall, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile y ex ministro de Economía; Manuel Olivares, gerente general de BBVA y experto en temas de innovación financiera; Antonio Walker, director de Fedefruta y conocedor de las temáticas del rubro agroindustrial, principalmente las ligadas a competencia; Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi y experto en materias de energía; Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals y experto en materias de energía; Florencio Correa, director de la Constructora Besalco y experto en temas de infraestructura; Antonio Errázuriz, director de Constructora MasErrázuriz y experto en infraestructura, y Carlo Solari, presidente de Falabella y experto en temas sobre coherencia regulatoria.

La nueva comisión -que forma parte de las medidas tomadas por Alberto Salas, tras asumir a la cabeza de la CPC en marzo de este año- tendrá su primera reunión el próximo jueves 4 de junio, día donde la instancia acordará con qué periodicidad se realizarán las reuniones. Sin embargo, la idea es que los encuentros sean a lo menos una vez al mes y que en el intertanto la dirección ejecutiva siga trabajando.

De hecho, esta última ya definió seis áreas temáticas para una primera etapa, adelantó Salas a «El Mercurio».

De acuerdo con el presidente de la CPC, la idea de la comisión es presentarle durante junio esta carta Gantt al Gobierno y determinar de qué forma es posible avanzar para contribuir a la reactivación de la economía.

La carta Gantt

El primer tema que figura en la primera minuta de la Comisión de Productividad es la facilitación de trámites, área donde lo que se busca es una reingeniería de los procesos en busca de mayor eficiencia y menor tiempo y costo de permisos para desarrollar los proyectos de inversión.

En infraestructura, algunas de las ideas son revisar barreras regulatorias y distorsiones para mayor competencia en distintos tipos de transporte y proponer una ventanilla única que integre a los respectivos servicios públicos en función de las necesidades de los usuarios.

En materia laboral, la CPC se la jugará por la adaptabilidad laboral, concepto que hoy está presente en la reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso, pero que, a juicio del empresariado, es posible ampliar con el objetivo de elevar la participación femenina y juvenil.

Calendario de trabajo
Alberto Salas, presidente de la CPC, adelantó que la idea es presentarle en junio al Gobierno una carta Gantt y determinar de qué forma es posible avanzar para impulsar la reactivación de la economía. Los otros temas definidos
Otros temas en los cuales espera avanzar la nueva Comisión de Productividad de la CPC son los siguientes:

n Las trabas que impiden la existencia de costos de energía más competitivos y problemas en la construcción de nuevas instalaciones en ese sector.

n Medidas para facilitar el acceso a nuevos actores a diferentes mercados.

n Coherencia regulatoria y evaluación de políticas públicas. Acá la idea es eliminar duplicidades, dar certeza jurídica y evitar una posible judicialización de los proyectos de inversión.