Ad portas del tercer intento de reforma al sistema, vocero del gremio dice que aseguradoras han entendido que su labor es entregar un servicio social.

Por Gabriela Sandoval P.

Asumió en enero la presidencia de la Asociación de Isapres y se alista para el que se perfila como el año más desafiante para la industria, en materia de regulación. Rafael Caviedes Duprá tendrá a su cargo representar al gremio frente al tercer intento de reforma al sector, mediante el envío de un proyecto de ley que el gobierno anunció para fines del primer semestre. Todo, en un escenario marcado por una cada vez mayor judicialización por alzas de precios a los planes, críticas transversales a la inequidad del sistema y la cautividad que afecta a más de un tercio de los afiliados y una asociatividad debilitada, tras la salida de dos de sus miembros (las isapres Colmena y Masvida) en el último año.

Caviedes se reconoce optimista frente a los cambios. Dice que hay consenso en las debilidades del sistema y que esto contribuirá a impulsar las mejoras necesarias. Afirma que, a diferencia de otros períodos, el sector llega maduro y preparado para ser modificado, con plena conciencia de que los tiempos le exigen a la industria avanzar hacia la seguridad social.

-De cumplirse los plazos, en menos de tres meses el gobierno presentaría un proyecto de ley de reforma. ¿Cuál es su expectativa?

Espero que esta vez logremos avanzar. Este es el tercer gobierno y el tercer intento de hacer una reforma de fondo al sistema isapre. En el primer período de la Presidenta Bachelet se hicieron algunos esfuerzos, los recogió y modificó después el ex Presidente Piñera y se envió un proyecto al Parlamento. Ahí quedó como una ley vacía, porque se aprobó la idea de legislar, pero se rechazó el contenido.

-¿Esta vez sería distinto?

Nunca se había dado en la historia de las isapres una oportunidad política como la que hoy existe para reformar el sistema. Nunca las isapres habían planteado avanzar hacia la seguridad social. Ahora han entendido que deben estar en sintonía con lo que sus afiliados necesitan, hay una sensibilidad distinta y tienen claro que sus obligaciones van más allá de ser una empresa eficiente, pues incluye entregar un servicio social. Por eso están dispuestas a los cambios.

-¿A qué se debe esto?

Hubo una comisión presidencial que, a diferencia de las anteriores, logró consenso sobre las reformas estructurales que se deben hacer al sistema, al menos a corto plazo.

-¿Cuáles son las modificaciones?

La creación de un plan garantizado de salud, financiado con la cotización del 7%, más una prima capitada, igual para todos los afiliados de una misma isapre, pareja para hombres y mujeres. A eso se le pueden agregar beneficios complementarios y suplementarios. También es fundamental lograr movilidad en el sistema y para esto se requiere un fondo de compensación de riesgo entre las isapres que, como todos pagan igual, opera según el perfil de cada cartera. Esto le da al sistema una solidaridad que hoy no tiene, debido a que los pagos son individuales: las mujeres y ancianos pagan más, porque gastan más. Con esto, se produce solidaridad por concepto de riesgo y de ingresos.

-¿Cómo se abordaría la judicialización del sistema?

Ese tema, junto con la movilidad de los afiliados, es el más urgente de resolver, porque se están generando 100 mil juicios al año y un enorme gasto ($ 15 mil millones en 2014). Hay acuerdo en tener un procedimiento técnico regulado para el ajuste de tarifas y hay precedentes en la economía, como los sectores de transportes o energía. Necesitamos que esto se objetivice, porque tenemos una población que envejece, una medicina que se encarece y mayor demanda de prestaciones. Todo eso tiene un costo. La idea es un modelo matemático y un panel de expertos, independiente, que arbitre. Estamos dispuestos a que eso se transparente hasta la última cifra.

-¿Y las licencias médicas?

Saldrían del sistema. Los seguros en el mundo no consideran la cobertura del reposo laboral, porque eso es un beneficio pecuniario, no tiene que ver con el gasto en salud, sino con resolver un problema social del trabajador que debe permanecer en reposo. Se plantea que una entidad distinta administre el sistema integral de licencias.

-Esos son los puntos de consenso, pero la comisión de expertos votó, en mayoría, por eliminar a las isapres a largo plazo…

Creo que no es lo que el país quiere y eso lo demuestra nuestra tasa de crecimiento: 100 mil personas se incorporaron al sistema el último año, el 50% de la nueva masa laboral. Las personas se siguen afiliando y se quedan, pese a que podrían irse cuando quisieran. No es fácil para un gobierno ir contra la preferencia de casi tres millones y medio de personas, muy exigentes en materia de salud y con una cultura de calidad de servicio. Creo que no están dadas las condiciones en el aparato público para reemplazar los servicios del sector privado.

-¿Por el costo político que tendría?

No están dados los elementos para que el sistema público entregue un servicio de calidad similar. Entonces, veo absolutamente imposible que se decida terminarlas. Creo que si desaparecieran las isapres, la gente saldría a marchar a las calles.

-¿Qué aspectos cree que serán más controvertidos en el trámite?

Existe debate en torno a la integración vertical, pues es más bien ideológico y constitucional. Pero si el proyecto recoge y se estructura en base a las propuestas y consensos de la comisión de expertos, no debería haber mayor demora ni discusiones mayores. Hay un acuerdo político con el sector empresarial de generar paquetes de cambios, aunque sería útil que la reforma se presentara como un paquete de proyectos, para que, en caso de entramparse alguno, se pueda avanzar en los más relevantes y que no pueden esperar, como movilidad y judicialización. Licencias médicas también podría quedar separado y, a la par, avanzar en crear un plan garantizado.

-También generan debate las utilidades del sector…

Yo no asumí la presidencia de la asociación ni para defender utilidades ni para explicar pérdidas. Es una definición básica que me he hecho. Mi rol es tratar de que el sistema isapre avance hacia un sistema más justo, más equitativo y que entregue un servicio más transparente, incuestionable en cuanto a las tarifas que cobra y los beneficios que entrega.

-Pero es un tema. Incluso, una isapre, que no está en la asociación, anunció que fijaría un tope y devolvería parte de sus utilidades.

Todas las propuestas son dignas de ser estudiadas y esa en particular no la he analizado, pero puede haber herramientas mejores, como un modelo matemático y un panel de expertos. Además, las personas libremente aportan el 7% a una isapre y hay un servicio entregado detrás de ese aporte, que es bien evaluado por la comunidad. En los últimos 10 años, el promedio de rentabilidad de la industria es del 3,5% y eso se ajusta a todos los estándares internacionales.

-Pero los precios suben y las coberturas bajan, según informó la Superintendencia de Salud…

Las coberturas han bajado porque los precios de los prestadores han subido por sobre lo que lo han hecho los ingresos del sistema isapre. Si el precio del prestador sube más, se genera una brecha mayor. También han subido los costos médicos y aumentado las prestaciones, el uso del sistema. Es una situación global.

-¿Cómo llega el sector a la reforma? Hay dos socios menos, isapres que no subían de precio, ahora lo harán, otras los congelaron y una ofrece devolver dinero. Se ve disociación.

Hay un mercado competitivo. Las isapres tratan de hacer lo mejor posible para mejorar la posición de su empresa en el mercado y eso es válido. Lo importante es resolver la movilidad, para que si alguien no está satisfecho con su isapre, pueda cambiarse, aunque tenga preexistencia.

-En este escenario político controvertido y con variedad de normas en el Congreso, ¿ve posible la reforma?

Quiero ser optimista y ver que hay espacio. El gobierno está trabajando y nos ha dicho que a fines del primer semestre este proyecto de ley estará en su etapa de inicio de la discusión. No tengo por qué no creer que no será así.