Abogado Augusto Bruna dice que el proyecto plantea una paradoja en la construcción, pues en dicho sector son escasos los sindicatos, por lo que esta materia debiera ser complementada en la discusión.

Por Lina Castañeda.

En la reforma laboral propuesta al Congreso, el Ejecutivo recogió un planteamiento de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), al establecer un sistema especial de negociación colectiva sin derecho a huelga para actividades por faena u obra. Sin embargo, les da la titularidad de la negociación a las organizaciones sindicales, lo que para el abogado Augusto Bruna -de la Comisión Laboral del gremio- constituye una paradoja, dado que «los sindicatos de la construcción son muy escasos y con poca representatividad».

No está dicho en el texto, pero -adelanta Bruna- puede ser que la respuesta de la autoridad apunte a que el proyecto acepta que haya negociación semirreglada, en la cual los trabajadores donde no haya sindicatos puedan negociar.

La reforma no toca el artículo 314 bis letra «C» del Código Laboral, que dice que en las negociaciones que no sean regladas no se aplican los derechos de la negociación reglada, uno de los cuales es la huelga. No hay mención a este tema y en su opinión esta materia debiera ser objeto de un complemento durante la discusión legislativa.

Por otro lado, sostiene que las normas propuestas parten de la premisa de una necesidad imperativa de fortalecer al máximo las organizaciones sindicales en el ámbito de la negociación colectiva, lo que contrasta con la baja sindicalización que hay en el país.

En algunas partes, observa Bruna, el proyecto es muy insistente en la titularidad de los sindicatos y en otras -como en la referida a la construcción- alude a las organizaciones sindicales, concepto amplio, que incluye a las federaciones, confederaciones e incluso, a la CUT.

Repara también en otra paradoja, como es propender a una mayor igualdad y cobertura de la negociación colectiva en las micro y pequeñas empresas, lo que, a su juicio, difícilmente se logre. Argumenta al respecto que con la reforma de 2001, que lideró el entonces ministro del Trabajo, Ricardo Solari, la constitución de sindicatos se facilitó enormemente, pero finalmente no dio resultado. En opinión de Bruna, «por el desinterés de los trabajadores y no por una supuesta barrera de los empleadores».

Refrenda su afirmación con estadísticas: «Los trabajadores del sector privado dependientes son 4 millones 500 mil, de los cuales negocian 700 mil, considerando períodos bianuales porque los contratos colectivos no pueden durar menos de dos años. Solo el 14% de los trabajadores está afiliado a sindicatos».

En la práctica, afirma Bruna, «el proyecto les da más fuerza y poder a los sindicatos de las grandes empresas de la minería, industria, retail y del sector financiero, y no a la mayoría de los trabajadores». Y agrega: «Los sindicatos son mínimos e insignificantes en las micro y pequeñas empresas y va a demorar mucho para que los trabajadores que hoy no negocian y que son la inmensa mayoría, logren los beneficios que van a tener aumentados los trabajadores de las empresas más grandes», puntualiza.

Entre otros temas que le merecen reparos, menciona la adaptabilidad. El proyecto permite negociar condiciones especiales de trabajo (jornada, capacitación y reconversión de trabajadores, sistema de bienestar, entre otros), con una gradualidad de cuatro años a partir de la entrada en vigencia de la ley. Parte con empresas donde haya un 65% de trabajadores sindicalizados, y Bruna dice que hay pocas en Chile, por lo que recae en el universo de las grandes empresas.

Además, la eliminación del reemplazo en caso de huelga, que contempla turnos de emergencia o turnos éticos, cuya composición en muchos casos deberá determinar la Dirección del Trabajo (DT) pidiendo información técnica a organismos públicos y privados, lo que puede tomar mucho tiempo y afectar, por ejemplo, el funcionamiento de calderas. Se podría tener informes técnicos previamente determinados y que la DT coteje algunos detalles, dice.

En relación con los aprendices: se elimina la prohibición de negociar para ellos, en circunstancias que el contrato de aprendizaje que se estableció en 1978 nunca ha tenido aplicación porque no es un mecanismo atractivo, aun con subsidio, señala.

El proyecto contempla normas especiales de entrega de información de las micro y pequeñas empresas a los sindicatos para efectos de la negociación y la exigencia para empresas grandes y medianas es entregar información permanente. Bruna dice que se trata de gran cantidad de información que afectará el desempeño de las empresas.

«Los sindicatos son insignificantes en las pymes y va a demorar mucho para que los trabajadores que hoy no negocian (…) logren los beneficios que van a tener aumentados los trabajadores de las empresas más grandes».