El problema es que la reforma sindical en curso, hasta donde se sabe, es para los que ya tienen trabajo, pero no sirve a los que no lo tienen, o lo pierden si aumenta la cesantía.

Por Oscar Guillermo Garretón, economista.

NO ME nace discutir sobre las bondades o perversidades de la reforma laboral a partir de trascendidos. Hoy se da a conocer. El atrincheramiento de posiciones es fuerte. Por eso me nace proponer como buen deseo posible, que en el futuro, cada fin de año nos sentemos a evaluar el impacto inclusivo de estas reformas para intentar compatibilizar visiones que unan y fortalezcan a un Chile hoy debilitado.

Hay indicadores para medir inclusión y mejor distribución que nos ayudan.

Uno relevante proviene de Cieplan, centro con vínculos en la Nueva Mayoría. Entre 1990 y 2013 las remuneraciones reales crecieron en Chile un promedio anual igual al de la productividad laboral, salvo en las remuneraciones más bajas, donde el crecimiento de ellas la superó en un 22,5% promedio por año. Con esos números habrá que comparar las políticas futuras de redistribución e inclusión.

En otro ámbito, Rodrigo Vergara, Presidente de nuestro Banco Central, afirmó hace poco al diario “El País” de España: “Las dos principales políticas para mejorar la distribución son la educación y la inclusión laboral”. Encontré entre los trabajos de la Ocde, uno del 2 de junio de 2014 de pertinencia casi milagrosa: “Policies for making the chilean labor market more inclusive”. (Políticas para hacer el mercado laboral chileno más inclusivo).

La primera frase del informe fue un golpe: “El funcionamiento reciente del mercado laboral chileno es muy bueno.” Destaca que es uno de los pocos países de la Ocde donde las tasas de desempleo son menores que las de antes de la crisis y sostiene que “la creación de empleos ha sido muy sólida”. Luego se concentra en los problemas más agudos que permitirían mejorar esa “performance”. Señala que son dos los principales: la baja participación femenina y el débil acceso de jóvenes a puestos de trabajo. El informe concluye que “incluir estos grupos en el mercado laboral es una alta prioridad” y que eso requiere el soporte de políticas públicas. O sea, de lo que estamos hablando.

El problema es que la reforma sindical en curso, hasta donde se sabe, es para los que ya tienen trabajo, pero no sirve a los que no lo tienen, o lo pierden si aumenta la cesantía. Por lo mismo, no da respuesta a la débil participación femenina y juvenil en el mercado laboral, claves de la inclusión según la Ocde. Abordarlas, supone ante todo, inversiones, empleos, capacitación, etc; o sea, una sólida acción público-privada. Este nudo pendiente es inescapable en los balances futuros, más aún, con un gobierno que hace de la inclusión un eje ordenador de toda su obra.

De paso, me informé que la tasa de sindicalización de Chile (15%) bordea el promedio de la Ocde y está por sobre países como Francia (8%) y EE.UU. (11%).

Veamos qué ocurre con las reformas. Sus resultados serán la verdad sobre la calidad de las actuales políticas de inclusión, y si la verdad no nos une mañana, ¿qué lo hará?

Asimismo, de 1990 en adelante, las estadísticas y los cambios en la sociedad reflejan una fuerte inclusión social. El actual gobierno, por sus énfasis, está obligado a hacer más que ellos.