El director de la DT dice que el rol del organismo estará definido en el proyecto del gobierno, de manera de potenciar la negociación colectiva.

Por Cristina Cáceres Jara.

Como “una reforma para Chile” es calificada por el director del Trabajo, Christian Melis, la agenda laboral que está impulsando el gobierno y que la Presidenta Michelle Bachelet dará a conocer hoy en La Moneda.

Melis, quien fue parte del equipo técnico que trabajó en la elaboración de la iniciativa, asegura que los cambios “vienen a saldar una deuda que se tiene con los trabajadores” y que busca mejorar la calidad de las relaciones laborales dentro de las empresas.

Sostiene, además, que la modernización de la Dirección del Trabajo -contemplada en el programa de gobierno-debe ir a la par con los cambios laborales, ya que la institución jugará un rol fundamental en el desarrollo de las relaciones laborales, particularmente, en la negociación colectiva y en el fortalecimiento de los sindicatos.

¿La Dirección del Trabajo (DT) tendrá un papel importante en los cambios laborales?

Obviamente. La reforma laboral tiene como un actor central a la Dirección del Trabajo, particularmente, en la negociación colectiva y el fortalecimiento de los sindicatos. Tiene que ser un facilitador del diálogo al interior de las empresas, entre trabajadores y empleadores, y queremos potenciar ese rol de mediación.

¿Eso viene determinado en el proyecto de reforma laboral?

Viene incluido ese rol, de manera de potenciar el diálogo durante la negociación colectiva. Efectivamente, la iniciativa favorece los sindicatos, haciéndolos más poderosos, con más fuerza. Eso potencia el rol de diálogo que pueden tener los trabajadores al interior de la empresa y, por lo tanto, la DT actúa como facilitador, como un instrumento para que las partes puedan llegar a acuerdo.

¿Provocará mayor carga de trabajo para la institución?

Es probable. Históricamente, ocurre que cuando hay una nueva ley que entrega nuevos derechos a los trabajadores, naturalmente eso significa una mayor carga para la DT. Pero,en ese sentido, creemos que vamos a estar preparados. Ya nos aumentaron en 100 fiscalizadores -para los años 2015 y 2016- y vamos a potenciar nuestras áreas de solución de alternativas de conflicto.

¿Eso va de la mano con el proceso de modernización del organismo?

Claro. Una de las aristas tiene que ver con la reforma laboral, pero es un paquete completo de fortalecimiento de la labor en su conjunto.

¿Cómo se está llevando a cabo ese proceso?

Ha ido caminando con paso firme, hemos hecho una serie de actividades con la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Nos ayudó a hacer un autodiagnóstico en la institución en áreas relevantes, de manera de poder destacar cuáles son las brechas que tenemos en fiscalización, en áreas laborales, etc. Y es un proceso que ya hemos concluido.

¿Cuál fue el diagnóstico?

Si bien nos reconocemos como una institución que está presente en el ámbito de las relaciones laborales, de protección a los derechos de los trabajadores, naturalmente nos falta mejorar la cobertura de fiscalización. Hay sectores productivos a los que no estamos llegando, porque están sumergidos y no tienen mucha denuncia, como los que concentran trabajadores informales o trabajadores inmigrantes. Y en materia previsional -que va a ser uno de los focos principales que va a tener este proceso de modernización-, la cobertura de fiscalización es muy baja. Y, por lo tanto, como parte de este proceso, hemos iniciado una etapa de fiscalización electrónica.

Ustedes también están haciendo un análisis de las facultades de la institución…

Sí, estamos comenzando ese proceso, de manera de ver cuáles son las brechas que tenemos y cuáles son las limitaciones para el ejercicio de esas facultades. Hoy, uno podría decir que la ley contempla, en materia sancionatoria, multas que fueron establecidas hace bastante tiempo. El máximo de una multa que puedo aplicar a una gran empresa hoy es de 60 UTM -cerca de $ 2 millones- y, por lo tanto, parece ser que ésa puede ser una norma que pudiese necesitar una revisión, porque el objetivo de la norma sancionatoria, por una parte, es el reproche social que se le hace a la conducta infractora, pero también, por otro lado, es el efecto disuasivo que tiene que tener la norma y parece que ese rol no se está cumpliendo.

¿Habría que incrementar las multas?

Probablemente. Una vía sería la necesidad de aumentar el sistema sancionatorio, por lo menos en los niveles de grandes empresas. Diría que en el nivel de pequeñas empresas las multas son bastante disuasivas. Además, nosotros no tenemos la facultad de aplicar multas por reincidencia, es decir, hoy día una empresa deja de pagar remuneraciones a sus trabajadores, voy y la multo. Si voy al mes siguiente y todavía no paga esas mismas remuneraciones, yo no puedo volver a aplicar esa misma sanción. Podría aplicar una sanción por un mes distinto y por trabajadores distintos, pero no por la misma sanción.

¿Para hacer esos cambios se necesita cumplir con un trámite legislativo?

Eso necesita una modificación legal. Por eso, la idea es que terminado ese proceso de análisis, seamos capaces de hacer una propuesta en materia de atribuciones, de facultades y en sistemas de instrumentos de fiscalización, como pueden ser las sanciones, de manera que ellas se puedan transformar en materia legal.