Por Sergio Sáez.
Tras dejar la presidencia de AFP Habitat, cargo que desempeñó durante ocho años, José Antonio Guzmán ha cultivado un perfil bastante crítico en el sentido de denunciar las malas prácticas del sector privado.
En conversación con PULSO, el ex titular de la CPC expresa que casos como Cascada o Penta, no sólo han afectado a la reputación del empresariado, sino que también han conspirado para que el sistema de libre mercado pierda credibilidad en el país.
¿A su juicio, falta conciencia de este efecto en el sector privado?
Yo creo que es muy importante que las empresas y los empresarios tomen plena conciencia de que la perpetuación del modelo económico y la validación del modelo económico tiene intima relación con el comportamiento que tienen las empresas y los empresarios. Si no se toma plena conciencia de esos casos -que pueden ser aislados, a pesar que se han repetido varios- se va a incidir negativamente en la percepción que tiene la gente sobre la legitimidad del modelo y van a inducir a los sectores políticos a introducir cambios que no sólo van a perjudicar a las empresas o los empresarios, sino que mediante incertidumbre van a afectar al resto del país.
¿Cómo se representa esta dinámica?
En general, los gremios empresariales han estado más proclives a defender a las empresas que a defender al sistema; eso lo hemos visto en los últimos años. La defensa de los principios ha estado ausente en los últimos discursos empresariales.
¿Cómo se puede volver a un cause más sano para el modelo?
Creo que es muy importante que se promuevan los principios más que las defensas corporativas. Condenar las violaciones a las leyes del mercado de modo que la opinión pública quede con la tranquilidad de que los empresarios están haciendo una tarea que va a beneficio del país.
¿Qué lecciones se sacan tras el caso Penta?
Yo creo que se va a discutir en un proyecto en el Congreso para normalizar el tema de los aportes de empresas a campañas. En ese sentido, yo creo que la manera actual de financiamiento de la política es una forma que induce a sospechas de una vinculación, de un entendimiento perjudicial a la opinión pública, a los consumidores. No solo hay que ser correcto, también hay que parecerlo.
¿A su juicio, debería estar prohibido que las empresas financien campañas políticas?
Yo soy partidario de eliminar el financiamiento de las empresas a la política y radicarlo a las personas, y en parte también en el Estado. Eso tiene un riesgo, que podría implicar perpetuar a los incumbentes en los cargos, pero yo creo que hay otras formas de poder solucionar eso. Por ejemplo, se podrían realizar cambios en la ley electoral, limitando los periodos que los parlamentarios están en el Congreso u otras formulas. Pero haciendo raya para la suma, en el financiamiento político las empresas no pueden participar.
¿Qué le parece la discusión en materia de libre competencia que promueve volver a penalizar la colusión?
Me parece que es una discusión interesante, entiendo ambos puntos de vista, uno que busca la cárcel y el otro que busca que se generen denuncias, pero creo que existen campos intermedios, otros mecanismo que se pueden poner en práctica para disuadir a las empresas en términos de libre competencia.
Creo que las multas deben incrementarse. Por ejemplo, en el caso reciente de Cascada el beneficio es el doble de la multa, así el mensaje es que los que han vulnerado la ley han hecho un gran negocio, y eso hay que corregirlo.