Estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián

Desde el próximo año, Senadis comenzará a traspasar al Ministerio de Salud la administración de las ayudas técnicas para personas con dificultades.

Por NADIA CABELLO.

La discapacidad, generalmente se asocia a problemas severos que no permiten trabajar, estudiar o desempeñarse en la vida cotidiana a quienes la sufren. Pero un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián (Ipsuss) muestra que para la población ese concepto es más amplio y tiene que ver con aquellas barreras en la vida cotidiana.

De hecho, en la encuesta realizada a 777 personas en las regiones Metropolitana y del Biobío, uno de cada cinco adultos mayores de 35 años consideró que vive con algún tipo de discapacidad. De ellos, un tercio asegura que esta es consecuencia de una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca o un problema cerebrovascular. Un 11% dice que la discapacidad se originó a raíz de un accidente.

A raíz de esos males, por ejemplo, el 64% dice que tiene dificultad para subir y bajar escaleras, 55% para subirse a la locomoción colectiva y superar obstáculos en las veredas, y 30% para identificar las calles y poder moverse en la ciudad.

Cuando se cambió la pregunta y se consultó por dificultades en labores como alimentarse, vestirse o bañarse -y no por «discapacidad»-, el 15% de los mayores de 35 años dijo tenerlas, por ejemplo, para ver incluso usando lentes, hacer movimientos que requieran fuerza e incluso para oír o manipular objetos pequeños. El 17% de ellos, además dijo no tener ayuda de nadie para superarlas.

«Estamos viendo que hay todo un universo de dificultades que tiene la población y del cual el sistema no se ha podido hacer cargo. En el caso de la discapacidad en los niños, se ha hecho un trabajo enorme con privados, como es la Teletón, pero para este otro grupo, que ni siquiera son adultos mayores, hoy no hay nada», dice el director de Ipsuss y ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Agrega que «las personas se empiezan a aislar, no quieren salir a la calle», lo que coincide con que el 70% de quienes dijeron tener una discapacidad reconoció sentirse deprimido.

El director del Servicio Nacional de la Discapacidad, Mauro Tamayo, explicó que «nosotros estamos trabajando con esta mirada amplia, que considera las barreras para desenvolverse en la vida diaria, y esto requiere otro tipo de respuesta del Estado y de los privados para tener una ciudad más accesible».

Por ejemplo, contó que desde el próximo año las ayudas técnicas para los niños de 0 a 6 años (como órtesis) las entregará el Ministerio de Salud y no Senadis, para lograr mayor cobertura y entrega oportuna.

La idea es que cada año se vayan traspasando más grupos etarios a Salud para que en 2018 todas las ayudas dependan de esa cartera.

Nuevas líneas de metro consideran ascensores
«Hoy no hay ninguna ciudad del país que sea totalmente accesible», dice el director del Senadis, Mauro Tamayo. Si bien reconoce que se han hecho esfuerzos tanto desde el ámbito privado como desde la regulación, asegura que todavía a Chile «le falta mucho en materia de inclusión».

La Ley 20.422 exige a las nuevas edificaciones tener sitios especiales para sillas de ruedas para facilitar el desplazamiento, y así, por ejemplo, el transporte se ha debido ir adaptando. Metro, por ejemplo, está llevando a cabo un plan para equipar con 95 ascensores a las 29 estaciones de las líneas 1 y 2, las más antiguas de la red, y que permiten acceder desde la superficie hasta el andén a alguien en silla de ruedas. Además, todas las estaciones de las nuevas líneas 3 y 6 que están en construcción tendrán estos ascensores incorporados.

Para Tamayo, es importante terminar y tener los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad en ejecución, porque de esa forma habrá más información que permitirá tener presupuesto y llevar adelante más iniciativas urbanísticas como esas.