Gremio asegura que propuesta de Comisión revela desconocimiento sobre salud laboral. Evans advierte que hoy trabajan en conjunto con la autoridad para resolver lista de enfermedades laborales.

Por Kharla Caniupán.

No sólo las isapres están siguiendo de cerca la redacción del proyecto de ley que modificará el sistema privado de salud. Las mutuales -entidades sin fines de lucro que administran la seguridad laboral- también están alerta. Es que no les parecen correctos varios puntos en que el informe de la Comisión para la Reforma de Isapres, liderada por Camilo Cid, hace evaluaciones y propuestas que involucran directamente al sector. El presidente de la Asociación Gremial de Mutuales, Ernesto Evans, es enfático al indicar que “cuando hay efectos indeseados deben ser medidos. Nosotros vemos una falta obscena de rigor de parte de este informe en medir los efectos que tiene lo que se está proponiendo en salud laboral”.

¿Cómo evalúa las recomendaciones de la Comisión para la reforma de isapres?

Esta fue una comisión integrada por expertos y gente del mundo de las isapres. Su informe final tiene algunas referencias y conclusiones que afectan la salud laboral. Creemos que son erróneas y pensamos abiertamente que están mal concebidas y que tienen errores de antecedentes grave.

¿En qué se equivoca?

El informe tiene aseveraciones erróneas, por ejemplo, dice que frente a una sospecha de enfermedad profesional o lesión laboral, el trabajador “debe ser evaluado en el organismo administrador al cual está afiliada la empresa en que labora y no en el sistema de fonasa o isapre. La división existente entre la salud común y la salud laboral implica que frente a la ausencia de diagnósticos y registro de enfermedad profesional y/o accidente del trabajo, estos casos sean absorbidos por el sistema de salud común”.

No sé de que están hablando. Los organismos administradores informan mes a mes todos los registros a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) respecto de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Así que primero, aquí hay un problema de antecedente muy grave. Esto es falso.

¿Pero es habitual que las enfermedades de trabajo se consideren enfermedades comunes?

Otra falsedad inmensa. Cuando llega un trabajador a una mutual y tiene una lesión común no laboral, se le da la primera atención y es derivado a su prestador Fonasa o isapre. Eso se cobra y al revés también. A nosotros nunca nos han pagado; existe una deuda histórica de $30 mil millones y un flujo mensual de $600 millones, lo que se ha informado a la autoridad.

¿Podría existir error en el protocolo médico que determina si una enfermedad es laboral?

Podría haber un error, sin duda. Este año probablemente las enfermedades laborales sean del orden de 5.000 y los accidentes de trabajo de 300.000. Alguien puede decir que este número es bajo. Lo que pasa es que en Chile las enfermedades laborales son a causa del trabajo y existen protocolos médicos para diagnosticarlas. Ese es un tema que se está trabajando en la Superintendencia donde están funcionando dos mesas de trabajo: una para las enfermedades laborales de índole mentales y otra para músculo esqueléticas.

¿Qué es lo que más les molesta?

Que el informe apunta a que no hay registros y ese es un error, porque existe. Ahora, los protocolos médicos y el listado de enfermedades pueden ser revisados. Pero en general, el sistema funciona bastante bien. Además, hay otro tema que es grave porque aquí se hace una conclusión respecto de la salud laboral sin consultar siquiera al Ministerio del Trabajo, que junto a la Suseso regula a las mutualidades.

¿Por qué considera que nadie de su sector fue invitado a esta comisión?

No lo sabemos. Tampoco por qué nadie nos preguntó a nosotros o al Ministerio del Trabajo.

¿Hay otros puntos que les molesta?

En las conclusiones se dice que el Sistema de Incapacidad Laboral (SIL) estará conformado por los recursos que hoy se destinan a las licencias médicas de trabajadores de Fonasa, isapre y las mutuales. Por esto se entiende que deberíamos destinar recursos a este fondo. Pero después se abordan las fuentes de financiamiento del Fondo Mancomunado Universal (FMU), donde dicen que “será necesario evaluar la reincorporación del aporte del empleador a la financiación de la seguridad social en salud, ya sea vía la integración de sus aportes al FMU o el aporte al SIL, siendo un adicional el aporte actual que se realiza vía la ley 16.744 (ley accidentes laborales)”.

¿Aportarían en ambos fondos?

Entendemos que se debería hacer un aporte al SIL aunque no dice cuánto; y que se haría un aporte al FMU. Aquí hay un problema de desconocimiento absoluto de cómo opera la ley de accidentes de trabajo.

¿Les preocupa la institucionalidad que tengan estos fondos?

En promedio, 1,6% de la remuneración del trabajador está destinado a financiar a las mutuales en tres prestaciones: médica, preventiva y económica (pensiones por accidentes laborales). Entonces, cuando proponen el sistema integrado de licencias médicas, al que le van a llegar todos estos aportes y que además va a calificar los subsidios por incapacidad laboral. Primero queda la duda de la eficiencia de esto, porque se plantea una institucionalidad como si de la nada fuera a funcionar. Y lo segundo es qué monto tienen que aportar las mutuales. Así, para solucionar un problema de la salud común se meten con la salud laboral sin entender que hoy las mutuales están obligadas en su recaudación a hacer fondos de reserva para pagar estos subsidios.

¿Cuál es el principal temor?

Nos preocupa que se esté redactando un proyecto de ley que no mire los efectos no deseados y sin la participación de actores importantes. Tenemos afiliados al sistema a 4,6 millones de trabajadores.

¿Es posible modificar un sistema sin impactar a otros?

Por supuesto que impacta en otros. Cuando hay efectos indeseados deben ser medidos. Vemos una falta obscena de rigor de parte de este informe en medir los efectos que tiene lo que se está proponiendo en salud laboral.

Se planteó que faltan incentivos para diagnosticar enfermedades profesionales.

Los números que hay son reflejo de la modalidad en que se califica una enfermedad o accidente laboral y las mutuales tienen que hacer cumplir la ley. Además, cuando una empresa tiene más accidentes o se detectan muchas enfermedades profesionales estamos frente a una entidad que tiene un problema de manejo preventivo y, por lo tanto, se le grava con mayor tasa. Al operar con la lógica de seguro, no existe incentivo perverso al calificar.

¿Qué otros desafíos tienen?

Hoy estamos enfrentando la modificación de la ley 16.744 en primer trámite constitucional. Ahí también se establecen el tema de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Por lo tanto, cuando se tramita una ley y aparece otra iniciativa que puede tener impacto… Tiene que existir mayor armonía regulatoria y coordinación entre las entidades que están trabajando este tipo de temas.

¿Qué pasaría si se aplica a rajatabla la recomendación de la comisión?

Si lo llegásemos a hacer habría una desintegración de sistema, más que nada financiero. Pero como no está claro cómo funcionará, tal como está planteado creemos que el impacto será reputacional, porque hoy tenemos un sistema que opera y paga.

¿Están dispuestos a perfeccionar el sistema?

Estamos absolutamente abiertos a conversar y abrir un espacio. Las mutuales aplican protocolos médicos. Si tienen que haber cambios, hagámoslos; pero bien hechos y con la autoridad. Es una conversación que no se puede dar entre cuatro paredes ni menos que lo haga una comisión que no tiene que ver con la salud laboral.

Además, el problema no son las mutuales, son las isapres. Ellas suben los planes, tienen el problema reputacional. Y el proyecto de ley es para ellas, no para las mutuales.