Frente a demanda de aumento nominal de 10,7% y 12,7%, Hacienda ofreció 3%. Si mesa del sector público no baja pretensiones, desde la cartera señalan que no habrá acuerdo previo. Este jueves haría nueva oferta y el próximo martes proyecto se iría a la Cámara.

Por Pía Toro.

Todos los años cuando se negocia el reajuste salarial del sector público, en general la consideración que predomina es la inflación pasada, es decir, en este caso sería el IPC hacia el cierre de 2014. Sin embargo, las condiciones de negociación por parte del Ministerio de Hacienda cambiaron esta vez.

El viernes pasado, durante el tercer encuentro entre los representantes de la mesa del sector público (compuesta por 15 gremios) y las autoridades de Teatinos 120, estos últimos propusieron un reajuste salarial de 3% nominal, muy por debajo de lo solicitado por los gremios, quienes pidieron un reajuste real del 5% para las remuneraciones menores a $801.00 y de 7% real para los sueldos inferiores a esa cifra, lo que daría hasta ahora un 10,7% y 12,7% nominal, considerando el IPC acumulado en 12 meses hasta octubre de este año (5,7%).

Hay que recordar que entre 2011 y 2013 el reajuste anual para este sector fue de 5% nominal.

Esto da cuenta que Hacienda ya no estaría haciendo el cálculo respecto a la inflación pasada, sino que futura, la que estaría entorno al 3% para 2015, según sus estimaciones.

En este contexto, desde el sector público no descartan endurecer las presiones ante el Gobierno para que puedan acercarse a lo solicitado. De hecho, ayer la mesa del sector público se reunió para delinear las estrategias a seguir.

Oscar Yáñez, presidente de la Confederación de trabajadores municipales (Asemuch), señaló que “la propuesta que nos planteó el ministro (Alberto Arenas) tiene contemplado el IPC para el próximo año, y que estaría aproximado en un 3%, eso significa que nos estarían cambiando la metodología tradicional que consideraba la inflación pasada y no futura. Nos están cambiando las reglas del juego y, en ese contexto, estamos en desacuerdo, por eso se organizó una marcha para este miércoles”.

Una visión que es compartida por Esteban Maturana, presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), quien indicó que” el Gobierno sólo nos está ofreciendo la inflación proyectada, y nos está quitando poder adquisitivo, ya que nos está reduciendo el salario en un 2,7%”.

Maturana sostuvo que los argumentos detrás de este cambio en las condiciones para negociar estuvieron centrados en la desaceleración de la economía, la necesidad de la responsabilidad fiscal, y preservar el equilibrio estructural.

En una declaración pública, la Confusam asegura que en esta negociación las metas consisten primero en recuperar el poder adquisitivo perdido en el año previo, por lo que demanda un 5,7% para empezar a hablar, y a “esa cifra se le debe sumar los puntos porcentuales que corresponden a nuestro pedazo de la torta de un país que si bien está en desaceleración económica, sigue creciendo y generando riqueza, riqueza que sin el concurso de los servicios públicos no sería posible generar.

Para mañana los trabajadores del sector público tienen programada una marcha en rechazo a la propuesta de Hacienda. Además, Maturana señaló que “nosotros como organización tenemos muy claro que si no se logra avanzar, vamos a tener que llegar a paro para llegar a un reajuste decente”. Una idea que reforzó Yáñez, quien indicó que “el paro nacional no es una medida que esté descartada”.

Hacienda y la Nueva Mayoría

Para el Gobierno la solicitud que ha hecho la mesa del sector público es “excesiva”, dada la situación que está cruzando la economía. Por eso indican que el reajuste del 3% ofrecido “busca proteger de la variación de la inflación del próximo año, las remuneraciones de los funcionarios”.

De hecho, durante la reunión del viernes pasado las autoridades de Hacienda advirtieron a los dirigentes que “no existía ninguna posibilidad de negociación para un reajuste de dos dígitos”, señalan fuentes del proceso.

Si bien desde el Ministerio de Hacienda reconocen que lo ideal es poder llegar a un acuerdo en esta materia antes de ingresar el proyecto al Congreso -situación que se concretaría el próximo 25 de noviembre para aprobarlo antes del 1 de diciembre cuando empieza a regir por ley- por ahora la posibilidad se ve muy lejana.

Incluso fuentes del proceso señalan que de no existir una flexibilidad por parte de los gremios del sector público y bajar sus aspiraciones de los dos dígitos, el proyecto se iría sin acuerdo al Congreso y se negociará directamente con los parlamentarios.

Respecto a un reajuste salarial mayor para los funcionarios que reciben menos de $801.000, el gobierno descartó que se pueda llevar a cabo, pero planteó la posibilidad de elevar “las remuneraciones iniciales” del sector público.

Este tema fue tratado ayer en el tradicional almuerzo de coordinación entre Hacienda y los parlamentarios de la Nueva Mayoría que componen las comisiones especializadas en el Congreso.

En este escenario, el diputado DC, Pablo Lorenzini, señaló que “a algunos (ministros) les gusta mirar el futuro, pero también hay que mirar el pasado para corregir los errores. Es obvio que vamos a tener una inflación en torno al 5% (este año), por lo que hemos dicho que el reajuste debe estar entre un 6% y 7% nominal, menos de eso yo no lo voy a votar”.

Una posición similar manifestó el diputado PPD, Enrique Jaramillo, quien indicó “creo que el gobierno debe dar un reajuste de un punto superior al IPC de este año, no debería ser menor. En base a esto nosotros vamos a votar en la comisión y en la sala”.

Para este jueves, ambas partes negociadoras (gremios y Gobierno) se reunirán nuevamente para ver la posibilidad de acercar posiciones. Ahí Hacienda llegaría con una nueva propuesta.