De acuerdo a un análisis del think tank, los principales afectados corresponderían a empleados por cuenta propia, desocupados y asalariados sin contrato, porque se monopolizaría el empleo en quienes ya se encuentran en el mercado laboral formal, se rigidizaría aún más la legislación y se generaría un desincentivo a la inversión.

Por Pía Toro.

La reforma laboral que busca realizar el gobierno, tal cual está planteada hasta ahora con sus nueve titulares, enfocada en el fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva, perjudica el clima de inversión, rigidiza el mercado y por ende las contrataciones en las empresas, afectando a los sectores de trabajadores más “vulnerables desde el punto de vista social”.

Esa es la principal conclusión de un reporte de Libertad y Desarrollo (LyD) tras un análisis del mercado laboral y sus variables.

Actualmente en Chile, dice el estudio, hay 560 mil personas desocupadas, 1 millón 580 mil trabajadores por cuenta propia y 676 mil asalariados sin contrato, todos los cuales (probablemente) no cuentan con protección laboral.

“Estamos hablando de un total de más de 2,8 millones de trabajadores, que constituyen el sector más vulnerable desde el punto de vista social, y que se verán perjudicados por una reforma que no pone el foco en el empleo y la fluidez del mercado laboral”, señala el estudio.

En efecto, sostiene el análisis de LyD, una mayor fortaleza sindical a la deseada y mayor presión de salarios, necesariamente viene de la mano con proteger a trabajadores “insiders” (con empleo) . Pero ello va en desmedro de los outsiders (desempleados o informales) a quienes se debe esencialmente proteger a través de la política pública.

Para la economista e investigadora de LyD, autora del estudio, Cecilia Cifuentes, titulares como el fin del reemplazo en huelga y titularidad sindical, van a tener un efecto directo en este grupo de trabajadores (outsiders).

“El fin del reemplazo en huelga, desde el punto económico, es darle el monopolio del trabajo a los que ya están dentro del mercado, porque le quita el acceso a otro trabajador que estaría dispuesto a laborar en las mismas condiciones, porque se impide el reemplazo”, señala.

En este contexto, Cifuentes asegura que todas las medidas incorporadas en la reforma laboral “en el largo plazo desincentivan la demanda de trabajo formal”.

A estos antecedentes, se agrega que el crecimiento en el empleo se ha desacelerado este año en comparación con el período 2010-2013. Por ejemplo, de un ritmo promedio anual de generación de empleo de 284 mil en esos cuatro años, ha caído a 123 mil durante este año. De éstos, un 67% corresponde a trabajo por cuenta propia.

Además, el ritmo de crecimiento de las remuneraciones reales “también se ha aminorado”, de un 3% promedio anual entre 2010 y 2013, a un 1,8 % durante este año. “El centro de la reforma laboral debería ser entonces recuperar las cifras positivas”, indica el análisis.

Panorama sindical

Según el análisis de LyD, a partir de estudios de la Dirección del Trabajo (DT), en especial la Encla 2011, “no evidencian (los estudios) en el país un clima de fuerte conflictividad laboral, ni hace evidente la necesidad de fortalecer el sindicalismo”.

Según LyD, en base a los datos de la Encla 2011, menos de un 2% de los trabajadores percibe la existencia de un conflicto frecuente en la empresa, y para casi un 70% el conflicto es inexistente. La percepción de conflicto es mayor para los dirigentes sindicales, pero tampoco muy significativa, inferior a 12%.

Dentro de quiénes perciben una situación de conflicto al interior de la empresa, agrega el análisis, la razón principal son los salarios, y la menos importante la relación entre la empresa y el sindicato (ver tablas).

Otro de los argumentos de la baja conflictividad laboral es que en 2013 sólo un 3,1% de los asalariados presentó denuncias ante la DT, afectando a un 16,8% de las empresas.

Desglosando estas denuncias, un 1,1% tienen relación con la negociación colectiva, y un 0,3% por problemas de la organización sindical.

En este escenario y frente a la negociación colectiva “no pareciera existir una gran demanda por ampliarla y extenderla, lo que es consistente con el hecho de que tampoco es percibida como especialmente favorable, ni por trabajadores ni empleadores”, dice el reporte.

Frente a esto, Cifuentes asegura que las políticas laborales esenciales deben apuntar a una mayor equidad y eficiencia del mercado, y a hacer frente a los desafíos que los organismos internacionales identifican para Chile. Es así, dice, que hay que avanzar en una mayor participación de jóvenes y mujeres en el mercado laboral pues las tasas son bajas en comparación con la OCDE, producto de barreras culturales y regulatorias.