El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, afirmó que, agotadas todas las instancias, si se comprueba un atentando a la libre competencia, los implicados no se pueden «sentar a comer en la misma mesa con nosotros».

Por Julián Mazzucco.

Cuando se compruebe, agotadas todas las instancias, que gente ha violado la ley, que ha atentado contra la libre competencia, mi postura personal es que no deben pertenecer más a los gremios”. Fueron las palabras del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Andrés Santa Cruz, respecto del fallo del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que sancionó por colusión a las empresas productoras de pollos.

En el programa Estado Nacional emitido ayer en Televisión Nacional, el líder gremial reveló una crítica posición del gremio respecto a las malas prácticas empresariales.

“Evidentemente que nos preocupa porque sin ninguna duda esto le causa un perjuicio no menor al sector privado. Cuando se cuestiona al sector privado porque hay malas prácticas, colusión, casos que atentan contra la libre competencia, falta de probidad en algunos casos o abusos en otros, evidentemente que nos preocupa”, admitió Santa Cruz.

Asimismo, agregó que “siempre vamos a condenar todos los atentados contra la libre competencia. Todo lo que sean actitudes monopólicas, todo lo que atente contra la libre competencia, lo que se aparte de la legalidad, de la ética va a merecer nuestra más enérgica condena”.

Sin embargo, el titular de la CPC que reúne a las más importantes ramas del sector privado nacional, opinó, a modo personal, que transcurridos todo el debido proceso, si se comprueban los casos de violación a la ley, los implicados debería dar un paso al costado y abandonar los gremios.

“Cuando efectivamente se termine una causa y alguna industria o alguna empresa ha violado la ley y ha atentado contra la libre competencia, debe tener una sanción que vaya más allá. No se puede sentar a comer en la misma mesa con nosotros”, remató Santa Cruz.

De este modo, si se comprobase el cartel en la industria avícola las compañías como Agrosuper, Ariztía y Agrícola Don Pollo Limitada, sus ejecutivos o dueños deberían dejar de ser parte de la multigremial si se acogen las palabras de Santa Cruz.

Sin embargo, el presidente de los empresarios planteó cautela: “Sin perjuicio de lo anterior, en este caso aún queda una instancia que es la Corte Suprema, por lo tanto dar un juicio definitivo no corresponde”.

Por lo mismo, Santa Cruz declinó comentar el proceso pues aún no se ha concluido. El TDLC decidió, de forma unánime, aplicar millonarias multas contra las empresas Agrosuper, Ariztía y Agrícola Don Pollo Limitada (Don Pollo) por colusión respecto a la proyección de la demanda futura de pollo y la asignación de cuotas de producción. Las empresas podrían recurrir a una última instancia que es la Corte Suprema.

“Los que tienen que pronunciarse son los tribunales. Ya se pronunció el Tribunal de la libre competencia, hoy día falta la Corte Suprema. Ellos son los que deben calificar, no somos nosotros los llamados a hacerlo”, afirmó.

Carcel para colusión

Además, el timonel de la multigremial consideró como “casos circunstanciales” la colusión avícola e hizo un llamado a no generalizar. No obstante, se mostró abierto a la posibilidad de cambiar la legislación para que se pueda sancionar con cárcel a los empresarios que se coluden. Aseguró que es una materia digna de estudiar : “siempre debemos tratar y estar dispuestos a mejorar las legislaciones”.

En esta misma línea, recordó que la CPC cuenta con un marco ético, a fin de avanzar en las buenas prácticas del empresariado y remarcó que buscan ser claros en esta materia. “No nos debe temblar la voz cuando las cosas son indebidas, no podemos tener un doble discurso”, añadió.