Se evalúa que a futuro el fondo común permita cubrir consultas médicas:
Si el fondo único que se propondrá solo repartirá dineros o podrá gestionar las compras es parte del debate para la última etapa del trabajo.
Por René Olivares y Carlos Said.
Todavía no se firma ningún acuerdo por escrito, pero ya hay claridad sobre algunos de los puntos que propondrá, a mediados de octubre, la comisión asesora presidencial para una reforma al sector privado de salud.
El grupo de 18 comisionados sancionará antes del 30 de septiembre, por ejemplo, la creación de un fondo al que irá parte de la cotización de afiliados tanto de las isapres como de Fonasa, que servirá para dar cobertura a los gastos en medicamentos. Se estima que este aporte mancomunado será de alrededor de 0,4 puntos del 7% de cotización obligatoria.
Sin embargo, queda abierta la discusión para dilucidar si este fondo comprará y entregará los medicamentos a los usuarios (lo que es apoyado por la mayoría de los comisionados), o solo financiará y entregará los recursos a Fonasa e isapres para que estos los distribuyan.
Esto, en paralelo al trabajo que debe hacer la comisión de proponer qué otros aspectos podrían quedar al alero del fondo único. Hasta ahora, se estima que luego de los medicamentos se incorporaría la atención primaria de salud (consultas médicas).
El otro punto en discusión es si lo que se garantiza es un plan de salud único o la prima para cubrirlo. En el caso del primero (que apoya la mayoría), se argumenta que esto iría en la línea de la «seguridad social» a la que se pretende llegar, mientras que los comisionados más afines a las isapres creen que debe garantizarse una prima que permita a la gente elegir dónde atenderse.
A través de la creación de estos dos mecanismos (fondo y seguro único, pero de implementación progresiva) la comisión pretende lograr terminar con las preexistencias, la discriminación por riesgo (que afecta a menores de dos años, mujeres y adultos mayores) y garantizar un plan mínimo vitalicio a los usuarios, y con ello se daría respuesta al mandato encargado por la Presidenta Bachelet.
Al interior de la instancia ya se asume que no habrá un informe de consenso, sino uno que expondrá votos de mayoría y minoría en gran cantidad de tópicos. Este debe ser entregado a mediados de octubre a la Presidenta Bachelet para la elaboración de el o los proyectos de ley que surjan a partir del trabajo de la comisión.
Conferencia internacional
Consultada sobre el trabajo de la comisión, la ministra de Salud, Helia Molina, expresó que «estaríamos en condiciones de enviar la ley a fin de año, yo creo que en diciembre. Vamos a tratar de trabajarla con urgencia. Tenemos buena acogida de las comisiones de salud de la Cámara y el Senado para trabajar esto, porque significará un cambio sustantivo para las personas que se atienden en el sistema privado».
Si bien Molina asegura que se hará con premura, también afirmó que quiere someter el trabajo que se ha hecho a la visión de un grupo más amplio de expertos: «La comisión ha recibido a mucha gente y hecho audiencias con muchos grupos de interés. Entre comillas, ya ha habido una consulta, pero en el corto plazo queremos hacer una conferencia, quizás internacional, para conversar todo lo que va a quedar y trabajarlo con un criterio abierto hacia la sociedad».