Un grupo de trabajadores aceptó la oferta de la empresa:

Puerto Central, una de las tres concesionarias privadas de San Antonio, ofreció contratos indefinidos a trabajadores eventuales, limitando de esta manera el uso del antiguo sistema de nombradas, en que los sindicatos designan, de entre sus afiliados, quiénes pueden ingresar a trabajar al puerto.

Por Pablo Obregón C.

Martes 16 de septiembre, nueve y media de la mañana, cae una persistente llovizna sobre San Antonio. A un costado de la antigua sede del sindicato de estibadores, en el Paseo Bellamar de esta ciudad, Sergio Vargas, el poderoso presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios Eventuales (Fetrampec) y un grupo de sus cercanos miran con resignación cómo en el puerto se afinan los detalles para iniciar, en el segundo turno, el desembarco del carguero Río Malleco, con dos mil automóviles en sus bodegas.

Se trata de la primera señal de normalidad después de 18 días de paralización en los sitios de atraque que administra la empresa Puerto Central, controlada por el grupo Matte. Esta concesionaria, más el Terminal Puerto Panul y Terminal Internacional (STI), manejan el principal complejo portuario del país, que mueve 17,4 millones de toneladas al año, casi el doble que Valparaíso.

La normalidad es precaria, eso sí. Prueba de ello, es que un contingente de carabineros, apoyados por carros lanzagua y lanzagases, monta guardia en el ingreso principal del terminal para evitar incidentes. Todavía está fresco en la memoria de la autoridad y de la concesionaria el enfrentamiento del 22 de enero de este año, cuando un grupo de trabajadores liderados por Vargas se enfrentó con la policía para evitar que otros operarios reiniciaran las tareas del puerto con la descarga de unos cinco mil autos desde la nave Eukor.

A pocas cuadras de ahí, en las afueras de la Torre Bioceánica -el único edificio de altura de la ciudad, donde operan las oficinas de Puerto Central- unos 150 trabajadores celebran lo que consideran la caída de Sergio Vargas y se aprestan a firmar nuevos contratos.

Esta vez -dice el trabajador portuario Juan Carlos Neira- firmarán los que se lo merecen y no los designados por el sindicato a través del mecanismo de nombradas, en que los dirigentes deciden, de entre sus incondicionales, quién ingresa a trabajar al puerto.

En las oficinas de Puerto Central, Diego Silva y otros dirigentes de la Federación Trabajadores Portuarios de Costanera Espigón (Fetraportces) -antiguos compañeros de Vargas y hoy enconados enemigos- conocen los detalles de una propuesta que, en lo grueso, significa que unos 140 trabajadores eventuales pasarán a la planta de la compañía en lo inmediato; se llegará a 200 antes de fin de año y a 500 cuando esté operativa la ampliación del puerto que ejecutará el grupo Matte y que involucra una inversión por US$ 480 millones al 2017.

Para la empresa, dicen cercanos a la industria portuaria, esta medida significará asumir un costo laboral mayor, pero con la ventaja de que podrá seleccionar a los trabajadores que contrata. Además, podrá reclutar operarios de otras zonas portuarias si es necesario.

El sistema de nombradas ha sido utilizado durante décadas en los puertos chilenos, incluso cuando eran estatales, ya que permite a las empresas aumentar o disminuir sus dotaciones con altos grados de flexibilidad, recurriendo a los cientos de trabajadores eventuales que integran las nóminas de los sindicatos.

Este mecanismo -considerado muy eficiente en una industria altamente expuesta a la estacionalidad- solo empezó a cuestionarse en 2013, cuando los líderes sindicales comenzaron a utilizar la autoridad que ejercen sobre los eventuales para paralizar los puertos en demanda de beneficios, como el pago retroactivo de las horas de colación.

Politización del conflicto, una de las razones del quiebre sindical

En el peak de su poder, la Federación presidida por Vargas controlaba a unos 500 operarios eventuales de San Antonio y tenía redes que le permitían influir sobre las actividades de las otras dos concesionarias de San Antonio -Terminal Internacional y Puerto Panul- apelando a un acuerdo de solidaridad sindical suscrito en 2013 que generó una serie de paralizaciones en cadena.

Vargas era el vocero de todos los trabajadores portuarios del país, a través de la Unión Portuaria, y en 2013 fue capaz de poner en jaque la actividad exportadora con más de 22 días de paralización, justo durante el período de envíos de fruta. Ese año, la Asociación de Exportadores (Asoex), encabezada por Ronald Bown, incluso pidió al gobierno revisar las concesiones entregadas en San Antonio si las empresas no eran capaces de entenderse con los sindicatos.

El conflicto estuvo latente hasta enero de 2014, cuando el Ministerio del Trabajo ingresó al Congreso un proyecto de ley corta que permitió al Estado pagar con recursos públicos el dinero equivalente a media hora de colación que demandaban los trabajadores (unos US$ 40 millones) y que estableció un descanso que se entrega alternadamente a los trabajadores, resguardando la continuidad de las faenas.

La mayoría de los sindicatos apoyaron la propuesta- Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano-, pero Sergio Vargas no, pues a su juicio esa medida dejaba la puerta abierta para que se contrataran trabajadores de reemplazo.

A esa altura su agenda había girado desde reivindicaciones gremiales -sueldos y beneficios- hacia demandas de un mayor espesor político, como por ejemplo, el debate sobre la renacionalización de los puertos o el régimen previsional. Esta estrategia fue la que lo fue aislando de otros dirigentes sectoriales, quienes preferían mantener sus demandas dentro de un marco estrictamente gremial: «Aquí hubo un trabajo de joyería (del Gobierno y de las empresas). Habíamos planificado temas que tienen que ver con cómo nos insertamos los portuarios en las problemáticas nacionales y nos quedamos solos. Nosotros nos sentimos traicionados por nuestros pares», dice Sergio Vargas.

En marzo de este año, se descolgó de la organización el secretario general de los trabajadores de Puerto Central, Diego Silva, para formar un nuevo referente sindical; en agosto, Vargas fue relevado como vocero de la Unión Portuaria de Chile y, el martes 16, los afiliados que se mantenían fieles decidieron aceptar la propuesta de la empresa Puerto Central y concurrir al llamado para contratarse indefinidamente y limitar el sistema de nombradas.

Vargas: «Tenían que derribarme, porque me convertí en figura nacional»

«El Gobierno y los empresarios apuntaron a San Antonio porque la gente de este puerto ha sido la punta de lanza del movimiento portuario en los últimos años. Tenían que derribarme porque me convertí en figura nacional, porque era el hombre que ponía en peligro los puertos en Chile», dice Vargas.

Descarta, además, que la federación que lidera sea responsable de la paralización del Puerto ocurrida durante los últimos días: «Los trabajadores de esta federación siempre estuvimos dispuestos a salir a trabajar, pero estuvimos parados porque la empresa no ingresó buques, la empresa paró el terminal con la intención de presionarnos para aceptar las condiciones que puso encima de la mesa. Nos tuvieron ocho meses en una mesa de negociación que era un fraude para preparar toda esta maquinación, crearon una federación paralela con gente que nunca fue portuaria», dice.

¿Por qué no apoya la idea de que sus afiliados sean contratados indefinidamente y no que se mantengan en un régimen precario? «Es un tema difícil de entender, porque es una tradición histórica, los trabajadores eventuales no se van a acabar nunca. Están ofreciendo un sueldo de $220 mil más $90 mil de gratificación (anual), más los turnos. Eso es eventualidad disfrazada, porque aquí no hay trabajo para que todos hagan turnos y se van quedar con el sueldo base. Esa condición la queríamos cambiar, queríamos que si nos iban a contratar, fuera por un sueldo fijo», explica.

Silva: «Los trabajadores estaban cansados de la dictadura de Vargas»

Detrás del quiebre de los trabajadores en dos bandos, retruca Diego Silva -quien dice apoyar la propuesta de la empresa- no hay ninguna conspiración: «Los trabajadores estaban cansados de la dictadura de Vargas, de que no se subieran las tarifas de los turnos desde hace dos años, de no poder levantar la mano en una asamblea por temor a las represalias. Por eso nos fuimos y formamos esta nueva federación y por eso la gente se vino con nosotros», señala.

Sin embargo, conocedores de la industria portuaria señalan que la oferta que hizo Puerto Central fue un llamado abierto a los trabajadores que quisieran ser contratados, pero que no se estableció ningún pacto con el sindicato de Silva que le garantizara cierta cantidad de vacantes a sus afiliados: «Sería incomprensible liberarse de Vargas para caer en las manos de Silva. Aquí no hubo ningún negocio con Silva, aunque él lo presente como un acuerdo logrado por su federación. Obviamente, la empresa está contratando primero a los trabajadores eventuales de San Antonio, pero según los criterios de la empresa y no siguiendo las listas de los dirigentes».

Pese a esto, el martes en la mañana «El Mercurio» constató en San Antonio que el proceso de reclutamiento se realizó en la Torre Bioceánica bajo la mirada de Silva y de su directiva, que organizaban a los grupos que subían a firmar los contratos.

Otras fuentes indican que, si bien no hay un acuerdo formal con Silva ni con Vargas, esta actividad va a seguir requiriendo eventuales y lo más probable es que, en el corto plazo, ambos dirigentes sindicales tengan que organizarse como pymes y seguir aportando eventuales.

Defensores: las nombradas permiten distribuir entre más los escasos puestos de trabajo

La nombrada es un mecanismo de reclutamiento propio de la actividad portuaria que consiste en que las empresas solicitan a los dirigentes sindicales un determinado número de trabajadores eventuales, dependiendo de las necesidades del puerto. Los dirigentes manejan una nómina de afiliados con sus respectivas especialidades y deciden ante sí quién puede ocupar esos puestos.

Se supone que la oferta de Puerto Central -contratar directamente y por tiempo indefinido- significará el fin de la nombrada en ese puerto, pero algunos trabajadores mantienen dudas.

Para ellos, este mecanismo permitió que los terminales funcionaran de manera eficiente durante décadas y, además, ayudó a distribuir las escasas plazas de trabajo que ofrece el puerto en una ciudad de alto desempleo.

José es nieto de estibadores y es un férreo defensor de las nombradas: «En San Antonio hay 11 mil tarjetas portuarias entregadas por Directemar (la entidad que habilita para desempeñarse en esta actividad) y hay trabajo para dos mil personas. La empresa llamaba al sindicato y decía necesito tantos supervisores, tantos movilizadores, tantos capataces y ahí el sindicato hacía la distribución. La gente iba rotando y se distribuían los turnos entre todos».

La ventaja de este sistema, agrega, es que permitía mantener funcionando los puertos pese a que la cultura de los portuarios (sobre todo los más antiguos) es reacia a establecer relaciones de dependencia. Joel, por ejemplo, tiene 46 años, es movilizador de carga y dice que preferiría seguir trabajando con el mecanismo de nombrada: «Si un día no quiero trabajar porque está de cumpleaños mi hija, llamo a mi dirigente y le digo que me cambie la nombrada. Siempre va a haber alguien, porque un trabajador nuevo tiene que ir a ganarse el puesto cuando el dirigente le diga, así como lo hemos hecho todos acá», señala.

Conocedores de la industria agregan que la nombrada permitió contar con un mecanismo de reclutamiento eficiente y de bajo costo en una industria extremadamente expuesta a imponderables: «Si hay mal tiempo y un barco no puede entrar, el puerto se cierra y funciona con lo mínimo. Y si necesita con urgencia a cinco operadores de grúa, llama al nombrador y el problema se soluciona», dicen estas fuentes.

Detractores: «Algunos ganan más de $1 millón y otros $100 mil».

El problema de este esquema, agrega Juan Carlos Neira, trabajador portuario por más de diez años, es que dirigentes como Vargas fueron acumulando poder y comenzaron a distribuir los turnos privilegiando a sus incondicionales: «Hay personas que hacen 45 turnos al mes y ganan más de un millón de pesos y gente que hace cinco turnos y gana cien mil».

Otro estibador señala que prefiere ganar menos, pero tener contrato: «Yo gano $600 mil, pero nadie me da crédito, uno es igual a un temporero», afirma.

Sobre el quiebre que existe entre las federaciones de Vargas y Silva, señala que ambos utilizan las mismas prácticas: «En mayo, la Federación de Silva también se tomó el espigón porque la empresa no los llamaba a hacer turnos y querían quedarse con una parte de las nombradas que hacía Vargas», afirma.

LA NOMBRADA permite a los dirigentes sindicales decidir quién puede trabajar en el puerto.

500 TRABAJADORES serán contratados para cuando esté operativa la ampliación del puerto que ejecutará el grupo Matte y que involucra una inversión de US$ 480 millones al 2017.