La idea es dar pleno cumplimiento a los convenios OIT. También se revisarían las tarifas de los arbitrajes, lo que hoy está siendo un obstáculo para resolver conflictos en esa instancia.

Por Pía Toro.

La próxima semana el Ministerio del Trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) iniciarán el debate respecto a la reforma laboral que ingresaría en octubre al Congreso. Hasta ahora no se ha fijado un día exacto de la cita, pero preliminarmente ambos actores quedaron de reunirse el martes 12 de agosto.

La idea es instalar una mesa que vaya haciendo la bajada de los titulares que hoy están establecidos en el programa de gobierno.

Si bien hasta ahora el Ejecutivo tiene considerados nueve puntos, entre ellos el fin al reemplazo en huelga y titularidad sindical, no se cerraría a extender ese listado e incorporar temáticas que surjan del diálogo con los gremios de trabajadores y empresarios.

Así lo habría expresado la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, en la reunión sostenida el lunes pasado con los parlamentarios de la Nueva Mayoría de las comisiones de Trabajo y la CUT.

Entre esos temas que podrían incorporarse se estaría evaluando restringir el listado de empresas que hoy no se pueden ir a huelga, más conocidas como empresas estratégicas, según señalan fuentes ligadas al proceso.

Esto además está ligado a las 25 temáticas que quiere integrar la CUT a la agenda laboral, ya que uno de eso puntos señala que se debe establecer la negociación colectiva con derecho a huelga para los sindicatos de trabajadores de las llamadas empresas estratégicas, eliminando la normativa legal del arbitraje y el de las lock – out.

El argumento detrás de esta propuesta está en la necesidad de dar pleno cumplimiento a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la libertad sindical, negociación colectiva y huelga efectiva. Ambospactos fueron ratificados por el Estado de Chile en el año 1999.

Lo que se analiza.

Si bien a mediados de junio, la ministra Javiera Blanco reconoció en entrevista con PULSO que se considerará dentro de la reforma laboral la posibilidad de que las empresas puedan apelar,no sólo a la Contraloría General de la República, sino también en Tribunales , por no ser consideradas en el listado elaborado todos los años por los ministerios de Trabajo, Economía y Defensa, ahora se estaría revisando la norma en general.

En este sentido, el gobierno buscaría acotar este tipo de empresas, que hoy alcanzan a 97 a nivel nacional, y definir la real utilidad pública que éstas prestan a la sociedad. En este sentido, señalan las fuentes del proceso, se busca evitar que comunidades y asociaciones de vecinos,o los puertos, estén dentro de las empresas estratégicas.

De hecho, ya para el listado 2014 se eliminaron las empresas portuarias de la zona centro sur, dado que éstas no pertenecen a un servicio de utilidad pública, por lo que la Contraloría señaló que la autoridad tenía discrecionalidad para su incorporación en la nómina publicada el 31 de julio pasado. Esto, sería una señal clara de lo que desea hacer el gobierno, señalan las fuentes.

Sin embargo, hay expertos que indican que eso no es suficiente, ya que estas empresas no sólo tienen departamentos operativos, sino que también comerciales, que perfectamente podrían ir a huelga en un proceso de negociación.

Dado que la restricción al derecho a huelga en las empresas que prestan servicios esenciales es una norma constitucional (artículo 19, Número 16 de la Constitución), en la reforma laboral se podría incorporar una modificación a la Carta Fundamental.

También se modificarían normas ligadas a las tarifas de arbitraje, luego que durante 2012 el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, emanó un decreto que limitaba los valores, ya que en una negociación un árbitro podría llegar a cobrar $20 millones, lo que impedía que los sindicatos pudieran costear dicha magnitud.

Pese a la voluntad del gobierno de turno, eso generó un retroceso, ya que ahora no existen árbitros que quieran resolver conflictos, por lo cual se intervendría nuevamente esta norma. Además, se actualizaría la nómina de abogados que pueden ejercer esta función, ya que es un listado antiguo, donde muchos de los juristas ya no ejercen sus labores profesionales.