El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) dio a conocer a los senadores de la Comisión de Hacienda los informes que encargó el gremio sobre el proyecto de reforma tributaria.
Por L. Aravena.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, dio a conocer este lunes a los senadores de la Comisión de Hacienda las conclusiones de los informes encargados por el gremio sobre las implicancias del proyecto de ley de reforma tributaria que se tramita actualmente en la Cámara Alta.
El dirigente gremial enfatizó que consideran «fundamental que un sistema tributario incentive las decisiones de ahorro versus las de consumo de manera que se maximice la tasa de crecimiento de tendencia del producto con el consiguiente efecto favorable en la creación de empleo especialmente a través del impulso a las inversiones»
«No da lo mismo, creemos, consumir que ahorrar. Es lo que por desgracia trae consigo la reforma. Creemos que quien retira utilidades para consumir debe pagar más impuesto que quienes reinvierten, crean y dan trabajo. Esto no está presente en la reforma», acusó.
En ese sentido, Santa Cruz recordó que el proyecto de reforma tributaria se está discutiendo y analizando en el Congreso en un contexto de desaceleración económica, en que justamente «el componente que más ha influido en esta disminución es lo que dice relación con la inversión», apuntando sus críticas a cómo la eliminación del FUT y el establecimiento de la renta atribuida afectará el nivel de las inversiones.
Si bien el representante de la CPC admitió que el sector acepta el objetivo de esta reforma de recaudar US$8.200 millones para financiar la reforma educacional, recalcó que los «reparos y dudas se refieren a sus instrumentos, a sus diseños y a los graves problemas de implementación que vemos en ella».
En esa línea, Santa Cruz afirmó que han identificado al menos 40 errores técnicos serios en la aplicación de la reforma, solo en lo que dice relación a la ley de impuesto a la renta.
Asimismo, dijo que de acuerdo al informe elaborado por el ex presidente del Tribunal Constitucional, Juan Franciso Colombo y el experto en derecho Enrique Navarro el proyecto también tiene problemas de constitucionalidad.
Esto, en cuanto establece una modalidad de renta atribuida a los socios de una empresa infringiendo los derechos fundamentales que forman parte del orden público, económico, contemplados y protegidos en la Constitución Chilena como La Igualdad de los tributos; El Derecho a Asociación, La Libertad Económica, La Igualdad ante la Ley y El Derecho a Propiedad, entre otros.
En cuanto a los problemas operativos, Santa Cruz señaló que la reforma asume una perfección que no existe, «porque las empresas deben calcular y entregar oportunamente y en secuencia toda la información de sus rentas sin errores. Cada empresa en la cadena, hace depender de su acción, la correcta declaración de las personas que siguen. Esto es extremadamente improbable que llegue a ocurrir».
«Las personas naturales deberán pagar las consecuencias, multas o intereses, por los actos, errores y demoras de las empresas. Eso es lo que va a ocurrir en la práctica», advirtió.
También, sostuvo que en términos operativos la reforma vulnera los tratados de doble tributación, como el de la OECD que protege los beneficios de los accionistas de una sociedad por considerar que no es empresario y no son suyos propios, por lo que, no se les puede atribuir.