Se trata de un análisis encargado por la Dirección de Presupuestos:
Barreras se vinculan a la edad mínima de 25 años para acceder al bono del Ministerio de Desarrollo Social, lo que se suma a exigencias de cotizaciones previsionales.
Por David Lefin y Marco Gutiérrez.
Tras casi un año de retraso, finalmente salió a la luz pública la evaluación del programa Bonificación Ingreso Ético Familiar -uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Sebastián Piñera- que realizó la Universidad del Desarrollo (UDD) tras una licitación efectuada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
La actual Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, ya remitió sus comentarios a la Dipres sobre el informe, el cual, a la vez, debe ser visto en el Congreso.
El estudio, que analizó la implementación del plan entre abril y diciembre de 2011 (primera etapa), destaca positivamente algunos efectos del plan y resalta que los gastos de administración son razonables. Pero detectó algunos obstáculos y aspectos que podrían mejorarse.
Una de las observaciones tiene relación con los requisitos que se pide a las mujeres trabajadoras para acceder al bono. La exigencia se modificó en agosto de 2011, elevándose de 18 a 25 años la edad mínima para acceder al estímulo y exigiendo determinadas cotizaciones previsionales. Lo anterior, según el informe, podría haber implicado una reducción en la población potencial beneficiaria.
Según una encuesta realizada en el estudio a beneficiarias, las mujeres no veían rentable tener que cotizar para poder lograr el beneficio. Esta situación se observó, principalmente, en mujeres con empleos informales y emprendedoras.
Otro de los aspectos que se advirtieron es la duplicidad en los requisitos de algunos beneficios condicionados con el Subsidio Único Familiar que, además, comparte la población objetiva con el Ingreso Ético Familiar, lo que podría haber incidido en la estructura de incentivos. Esta duplicación es en exigencias ligadas a asistencia escolar y niño control sano.
El texto de la UDD señaló que el gasto promedio mensual por familia fue de $46.288, de los cuales $43.778 corresponden a pago por ítem de beneficios, lo que equivale a 12,7% del ingreso autónomo promedio de las familias.
Como apreciación positiva se destacó el empoderamiento de la mujer en la familia, pues es quien administra los dineros de este programa. Los recursos son utilizados principalmente en alimentación, ropa, pañales, emergencias. Todo focalizado en los niños.
Si bien las mujeres receptoras de recursos valoraron este programa como un premio a la crianza de los hijos en condiciones adversas y al trabajo femenino, criticaron los montos entregados. El estudio advirtió que por la metodología usada en el análisis, los resultados no son concluyentes.
Si bien ayer no fue posible obtener una opinión de la ministra Villegas, en su comentario enviado a la Dipres señala que el informe es «una importante fuente de información, que nos entrega una gran oportunidad para plantear mejoras a distintos componentes de este programa, para que de esta manera el Estado cumpla de manera efectiva con los objetivos que se ha propuesto alcanzar a través de la implementación del Ingreso Ético Familiar». También lamentó que la metodología elegida restringiera la posibilidad de obtener conclusiones robustas.
Hasta el cierre de esta edición no fue posible contar con la visión de Joaquín Lavín, ex ministro de Desarrollo Social.
Gasto
En el periodo analizado, el gasto llegó a $60.777 millones según datos del consultor. Experto dice que programa debería ser reevaluado
Una nueva evaluación del programa de Ingreso Ético Familiar cree necesaria el académico de la Universidad del Desarrollo y uno de los autores del estudio, Rodrigo Troncoso.
«Uno de los objetivos de la Dipres era ver qué efectos tuvo este programa. Y ahí nos encontramos que parece que, en promedio, no tuvo mucho en las familias, pero la evidencia no es concluyente», afirma.
Troncoso explica que la complicación en los resultados se debe a que no se contó con la base de datos adecuada para hacer el estudio. En cambio, optaron por utilizar los datos de la encuesta Casen, que resultaron no ser los que requerían.
No obstante, el economista señala que estudios posteriores que ha realizado sobre la materia señalan que, efectivamente, la asignación familiar tiene un impacto en las sectores de menores ingresos.
«Por los problemas de la Ficha de Protección Social, hay familias de ingresos altos que tienen asignación familiar, pero cuando se despeja eso, en las familias de menores ingresos sí hay un impacto, por ejemplo, en el aumento de la participación laboral femenina», señala.