Por ALEJANDRO BURR ORTÚZAR
Ex director del Servicio de
Impuestos
Internos
Con posterioridad a 2010, la industria inmobiliaria y de la construcción de viviendas en Chile ha tenido tasas de crecimiento bastante importantes. Si bien este boom se inició después del terremoto de ese año, cuando se produjo un aumento en la demanda de viviendas -potenciado por el término de la crisis de 2008-, no puede dejarse de lado que este crecimiento también se mantuvo como consecuencia del hecho de que comprar propiedades se convirtió, para los inversionistas, en un buen negocio (con buenos retornos). Ahora bien, cuando me refiero a inversionistas, hay que pensar e incluir a todas esas personas de clase media que consideraron que la mejor inversión para sus ahorros no estaba en los depósitos a plazo, fondos mutuos ni en la compra de acciones, sino en la compra de una propiedad.
Cabe tener a la vista que una característica de esta forma de inversión es que, al contrario de lo que ocurre con las inversiones tradicionales, genera en forma directa fuentes de trabajo. Así las cosas, como consecuencia de lo anterior, ocurrió que una gran cantidad de chilenos dejó su estado de cesantía para trabajar en la construcción. A su vez, la inmensa cantidad de proyectos en marcha permitió que un gran número de trabajadores -con y sin experiencia en el rubro- accedieran no solo a fuentes de trabajo estables, sino también a diversas capacitaciones, pudiendo asumir, en los hechos, mayores niveles de responsabilidad en las faenas propias de la construcción. Así, en algunos casos, pasaron de ser «ayudante de trazador» a «trazador»; otros, de «trazador» a «jefe de obra». Ejemplos sobre la materia sobran y son múltiples, pero lo relevante aquí es que con ello mejoraron sus niveles de renta de manera significativa. Muestra clara de esto fue la mutación de los clásicos letreros que informaban «no hay vacantes» a «se necesita contratar».
Sin embargo, este panorama podría ser modificado por la presente propuesta de reforma tributaria, toda vez que, y solo como un breve resumen, además de los efectos ya largamente comentados asociados a la eliminación del FUT y el alza del impuesto de primera categoría de 20% a 25%, existen al menos otras cinco medidas que involucran directamente al sector en cuestión. Así, tenemos la eliminación de la posibilidad de que el pago del Impuesto Territorial (más conocido como «Contribuciones») pueda ser utilizado como crédito por las inmobiliarias, la eliminación del crédito asociado al IVA en la construcción de viviendas nuevas, el pago de impuesto global complementario en la venta de viviendas, el hecho de gravar con IVA la venta de la vivienda usada y el alza del impuesto de timbres y estampillas.
Desde el punto de vista de la política tributaria, no cabe duda de que las medidas señaladas son coherentes con los objetivos trazados por la actual administración de la Presidenta Bachelet -ampliamente expuestos en la campaña presidencial- en orden a aumentar la carga tributaria y disminuir el gasto tributario. Sin perjuicio de ello, la pregunta natural y obvia apunta a determinar cuál será el comportamiento del mercado en este rubro: lo hará de una manera relativamente similar a como lo ha hecho hasta ahora, donde los oferentes (empresas) van a seguir generando nuevos proyectos y los inversionistas (compradores) seguirán evaluando como rentable la inversión, asumiendo con ello el costo financiero de las medidas de la reforma tributaria, o es que ellas tendrán un efecto diferente en la actividad de este sector de la economía, afectando el círculo virtuoso que tiene la construcción de viviendas sobre el empleo.
Además de la eliminación del FUT y el alza del impuesto de 20% a 25%, existen al menos cinco medidas que involucran a la construcción.