Antes de dejar La Moneda, el Presidente Piñera enviará al Congreso el proyecto de ley que institucionaliza la entidad. Contará con ocho miembros.

El Reino Unido tiene uno y Australia también. Dada la efectividad que ha mostrado la experiencia en ambos países, Chile no quiere quedarse atrás y, por ello, la administración Piñera enviará al Congreso, antes de que culmine su mandato, el proyecto de ley que crea un comité de expertos asesor del ingreso mínimo.

La iniciativa, que sería una de varias herencias que se dejará a la administración Bachelet, viene a institucionalizar la forma en que el actual gobierno ha tratado de fijar este guarismo en el sector privado.

A sólo un mes y medio de haber asumido, los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y del Trabajo -por entonces-, Camila Merino, convocaron a un grupo de expertos liderado por el economista del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, para que les propusieran una fórmula que permitiera desarrollar las negociaciones del salario mínimo sin las tensiones que se habían generado en los años previos.

Si bien en dicha oportunidad no se llegó a acuerdo en torno a la cifra, sí se elaboró un informe donde se detalló la realidad salarial de los chilenos y se determinaron las vulnerabilidades en términos de empleabilidad.

Posteriormente, la llamada Comisión Asesora del Salario Mínimo continuó con su cometido, siendo un soporte en la tramitación legislativa, tanto, que así lo validó el Ejecutivo en el mensaje del proyecto de ley: “El gobierno reconoce que el desarrollo de una institucionalidad permanente para la fijación del reajuste del ingreso mínimo mensual, resulta esencial para promover la transparencia de este proceso”, acota.

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El proyecto crea un Comité de Expertos Asesor de Ingreso Mínimo Mensual, que tiene como objetivo proponer a los ministros de Hacienda y del Trabajo el rango en que debiese situarse el reajuste salarial y el que tendrán las asignaciones familiares y maternal del Sistema Unico de Prestaciones Familiares.

En el caso del reajuste salarial, la propuesta deberá considerar un rango de valores cuya diferencia no exceda de un 2% entre el valor mínimo y el máximo sugeridos.

Requisito sine qua non para su cálculo es considerar mejoras en el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo, pues el temor que se instala entre los analistas en estas negociaciones es que un aumento que vaya más allá de lo que aconsejan los parámetros macroeconómicos actúe como barrera de entrada para nuevos trabajadores.

Aquí, la mirada apunta a lo que ocurrió en 1998, cuando el entonces titular de Hacienda, Eduardo Aninat, presentó al Congreso un alza nominal de 24% en tres años para el salario mínimo (desde $ 80.500 en 1998, a $ 100.000 en 2000) y luego se vino la crisis asiática, que junto con llevar al país a una recesión elevó el desempleo a dos dígitos.

Ahora bien, llegue o no a un acuerdo sobre la cifra de reajuste, el comité deberá enviar un informe a los ministros respectivos, el que posteriormente estará en manos de los legisladores, una vez que el Presidente de la República haya presentado su propuesta al Congreso, según la iniciativa.

Como en el Central

¿Quiénes conformarán este comité? Ocho miembros designados por el Presidente mediante decreto supremo, expedido a través de Hacienda y con previo acuerdo de, al menos, 4/7 de los senadores en ejercicio. La propuesta se hará en un solo acto y la Cámara Alta deberá pronunciarse por la propuesta como unidad.

Los integrantes del comité durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevos períodos. Se renovarán por parcialidades. Se buscará a personas de conocido prestigio en el campo de la economía, derecho, disciplinas relacionadas y representantes de los trabajadores y del mundo empresarial.

Según el proyecto, 60 días después de publicada la ley, el Presidente designaría a los integrantes del comité.

Uno de los miembros de la última comisión asesora del salario mínimo, el académico de las universidades de Chile y Católica, David Bravo, valora la idea. “La institucionalidad de salario mínimo es importante en la medida que genere estudios e información para el segmento de población de bajos ingresos”, indicó y agregó que debiera propender a entregar una sola cifra de reajuste.