El manifiesto apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores a la Mandataria electa abre interrogantes. ¿Contará la próxima administración con un salvoconducto por parte del movimiento sindical? La respuesta de la presidenta de la entidad, Bárbara Figueroa, es un no rotundo. Esperan que lo manifestado en el programa llegue luego, sino saldran a protestar.

Por Óscar Galaz

El apoyo explícito dado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al programa de la mandataria electa, Michelle Bachelet, para la segunda vuelta presidencial, abrió una interrogante sobre el tiempo que la entidad le dará al nuevo gobierno para cumplir sus promesas, cuál será el alcance de ellas y cómo se vivirá el 2014 en términos sindicales. ¿Habrá acaso un congelamiento en las movilizaciones?

La decisión adoptada por la CUT no es inédita en la historia de la colectividad. Ya en el balotaje de 2010, entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei, la multigremial respaldo al actual senador argumentando que querían avanzar «en un modelo de justicia y más democracia social».

Pero a pesar de que esta vez el apoyo fue una decisión del consejo directivo de la CUT, desde otros gremios no ven con buenos ojos este espaldarazo.

Según Esteban Maturana, presidente de la Confederación de Trabajadores de la Salud (Confusam), lo hecho por la Central «no es correcto, porque la CUT no representa sólo trabajadores que piensen como la Nueva Mayoría. Nosotros somos celosos de nuestra autonomía. No somos el brazo armado de ningún partido político: la autonomía es un valor supremo para nosotros», dice.

Coincidente con este aspecto es el timonel de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, quien puntualiza que siempre «se debe mantener la independiente del gobierno de turno, porque la organización permanece en el tiempo. Debiéramos tener mayor cuidado de mostrar la preferencia».

Con todo, el plazo autoimpuesto por la CUT para evaluar movilizaciones, al parecer, no es ilimitado. Para ellos, los lineamientos están claros.

Así al menos lo sostiene la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, quien asegura que el apoyo dado a la hoy presidenta electa se dio porque sus planteamientos «le daban mejores garantías a los trabajadores». Además, su programa «coincide en fondo y forma con algunos de los elementos que nosotros nos hemos propuestos en nuestro programa», indica.

EXIGENCIAS Y PLAZOS

En concreto, el tiempo que tomará la CUT para ver materializada sus demandas es diferenciado. Va desde días a un año. En este último caso, el período es porque se buscarán cambios laborales de mayor elaboración, como reformas al sistema previsional.

En detalle, Figueroa explica que para los tres compromisos iniciales – fijados en las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno-, el tiempo es «más que suficiente». Agrega que «se puedan llevar a cabo las reformas planteadas, toda vez que son muy explícitas, no hay dobles lecturas de las reformas que buscan fortalecer el movimiento sindical y al Código del Trabajo».

Para aquellas más complejas, la dirigenta «espera» que las reformas laborales se concreten «dentro del primer año de gobierno y ojalá en el primer semestre, dado que se cuenta con las mayorías simples para los proyectos de ley, y (bastaría) sólo con la disposición y voluntad política de la autoridad y del gobierno para la implementación, por ejemplo, del Convenio 87 en torno a las libertades sindicales».

En el caso de los trabajadores del sector público, la mirada es «distinta», reconoce la sindicalista: «es ahí donde efectivamente hay mayores ausencias y ambigüedades, pero esperamos que se pueda avanzar».

Respecto a la independencia con que actuará la CUT frente a un gobierno que llegó al poder apoyado por el PC, y teniendo en cuenta además que esa es su militancia, Figueroa asegura que los lazos que pueden existir, «en ningún caso inhibe el rol del movimiento sindical ni de la organización social».

Aclara que «ninguna organización social ni menos el movimiento sindical va a temer salir a la calle. Y si uno mira la historia sindical, debiera entender que la herramienta movilizadora nunca se descarta. Nunca la CUT ha temido movilizarse. Nunca. Ni en los peores momentos. Y este no va a ser el momento en que nosotros vamos a temer a eso».

No obstante ello, plantea que «yo no voy a transformar eso en la pequeñez del movimiento sindical. Nosotros no somos pura calle. También somos propuestas, podemos construir proyectos de ley y ocupar otros espacios».

LA MIRADA GREMIAL

En cuanto a los gremios del sector público, sus planteamientos son exigentes para la nueva autoridad y no le garantizan una luna de miel.

En esta línea, la Confusam se declara «expectante» sobre el rumbo que tomará su sector con la llegada de la administración Bachelet.

Esto, porque «debemos saber la conformación del nuevo gabinete en Salud, Trabajo o Hacienda. Son definiciones que veremos atentos», dice el presidente de la entidad, Esteban Maturana. Esperan que el programa de salud, «que no es prioridad para la nueva administración», lo puedan poner en la agenda gubernamental.

Reconoce sí que antes de salir rápido a la calle, pretenden conversar con la Mandataria. Ahí, la principal definición pasaría por qué política de salud pública quiere construir a futuro y cómo pretenden ordenar lo privado.

Y desde ésta perspectiva, dice Maturana, «me interesan dos cosas: cuánto van a ser los recursos destinados a salud pública en 2015 y qué pretenden hacer con el traspaso de recursos públicos hacia privados con el tema del Auge. Estas dos definiciones son centrales».

Con un plazo determinado, en tanto, es la mirada que da el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, quien asegura que el plazo para que el nuevo gobierno atienda sus demandas «debiese hacerse los primeros meses del primer semestre».

Confiesa que van a estar alerta, «vamos a ser actores y vamos a movilizarnos detrás de nuestras reivindicaciones que son también las de todos los trabajadores. Creemos que el sindicalismo no debe estar con los brazos abajo, sino con los funcionarios alertas para defender sus derechos».

Para Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, por su parte, tres son los temas que deben ser atacados a la llegada del nuevo gobierno: desmunicipalización, carrera docente y pago de deudas acumuladas a nivel municipal con los docentes.

Y para ello fija tiempos determinados. «Creemos que estos temas deben ser abordados el primer año y medio, porque después la cosa de va a complicar. A la mitad de este gobierno debiese resolverse este tema. Entonces, ahí vamos a poner el mayor hincapié el año que viene. El mayor avance se tiene que producir en 2014. A más tardar a mediados de 2015».

¿Y si no hay mayores avances, qué pasara los primeros meses?. Al respecto, Gajardo asegura que «si se cierran y hay una actitud poco dialogante, es evidente que viene un conflicto. Además, el que haya un conflicto en otra área (de su sector) es natural, porque es parte de la crisis que vive el sistema. El sistema, tal como está, es fuente de conflictos».

Puntualiza sí que cada cosa se va a evaluar en su momento, porque «no llamamos a paro por llamar a paro, sino que es un instrumento para avanzar. Será parte de un proceso de cómo se desarrollen los acontecimientos. Eso nos irá indicando los pasos que vamos a dar en acción movilizadora», sentencia.