Presidente del gremio, Hernán Doren, dice que el marco legal del sistema privado debe ser revisado.

Por Gabriela Sandoval P.

“Nosotros queremos una certeza jurídica y eso hoy día está pendiente. En eso tenemos que enfocarnos los próximos años, para corregir algunas falencias y mejorar el sistema”, dice Hernán Doren, presidente de la Asociación de Isapres, tras conocerse esta semana los fallos de la Corte Suprema que validaron las alzas de prima Auge que en julio pasado aplicaron las aseguradoras a los afiliados.

Al mismo tiempo, se cumplen dos años de la presentación de un proyecto de ley que pretendía reformular el sistema isapre, creando un Plan Garantizado de Salud (PGS) único y a precio conocido, que pondría fin a las preexistencias y discriminaciones de sexo y edad. La iniciativa, tras sufrir algunos avances y retrocesos, sigue en trámite, pero quedará pendiente para el próximo período legislativo.

Doren dice que el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el reajuste de la prima Auge -fundado en que el programa este año elevó de 69 a 80 las enfermedades cubiertas-, se esperaba con preocupación. Eso, pues el máximo tribunal ha determinado arbitrario, ilegal e injustificado el aumento anual del precio base de los planes de salud que, a juicio de las aseguradoras, es lo que permite al sistema enfrentar las permanentes alzas en los costos de salud.

“El fallo de la Corte Suprema nos ha tranquilizado en lo que se refiere a la cobertura Auge, pero queda pendiente el resto, que tiene que ver con los planes de salud y cómo se calcula el ajuste. También hay otros cambios que tenemos que hacer para superar falencias detectadas, como las preexistencias y el cobro diferenciado para las mujeres”, añade.

Para el gremio, el proyecto del PGS es rescatable en la medida que se hagan modificaciones tendientes a establecer tres valores según la edad del beneficiario -para evitar la fuga de cotizantes a Fonasa-, y fijar coberturas sobre un arancel determinado. Las aseguradoras también respaldan que un ente externo se encargue de administrar las licencias médicas y que un IPC de salud elaborado por un ente independiente calcule los reajustes anualmente, para corregir la crítica de las cortes del país . “Debemos terminar con la incerteza jurídica. Han salido fallos donde la Corte Suprema dice que hay que cubrir un fármaco o tratamiento que nunca estuvo en convenio. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en un marco legal que diga si vamos a aceptar que entren todas las tecnologías o cuáles medicamentos o qué se va a cubrir y de manera racional, porque uno ve que se lanzan propuestas y cuando uno las aterriza, ve que son utópicas”, añade Doren.