Proyecto crea un plan único para todos los usuarios del sistema privado:
Hay diferencias entre oficialismo y oposición sobre el precio del nuevo programa médico, su cobertura y la regulación de la integración vertical entre seguros y clínicas.

Por RENÉ OLIVARES

El mercado de las isapres vive hoy un escenario de incertidumbre tanto jurídica como legislativa. Mientras en las cortes se tramitan más de 200 mil recursos solo por los reajustes de los planes AUGE, las aseguradoras viven una reducción importante en sus utilidades al tercer trimestre -que bajaron 49% en comparación a 2012-, y en el Congreso el proyecto de reforma se volvió a estancar luego de no llegar a acuerdo la semana pasada.

Los detalles de la negociación radicada en la Comisión de Salud del Senado sitúan cuatro puntos como los que no logran acuerdo entre el oficialismo, el Gobierno y la oposición (esta última cuenta con mayoría en la instancia).

1. El primero es la discrepancia sobre el valor que tendría el Plan Garantizado de Salud (PGS), que es el centro del proyecto, y que, en términos simples, busca generar un piso mínimo de cobertura para todos los miembros de la salud privada, cuyo objetivo es eliminar las diferencias que hoy existen entre hombres y mujeres, además de contar con un precio único para todos los usuarios, terminando así con la discriminación hacia los adultos mayores, que hasta ahora se ven forzados a cancelar sus planes por la aplicación de tablas de factores de riesgo, que encarecen las coberturas.

Mientras el Ministerio de Salud -en representación del Ejecutivo- dice que el precio debe ser único, pero fijado por cada isapre, los senadores de oposición quieren que el precio esté establecido por ley.

2. El senador Guido Girardi (PPD), miembro de la comisión, propuso que los niños menores de 9 años no pagaran por el PGS, lo que se aleja de la propuesta de Salud, que es que todas las cargas menores de 24 años paguen la mitad del precio que fijen las isapres.

3. Otro de los puntos manifestados por los senadores de oposición es la necesidad de regular la integración vertical -que un mismo holding controle el seguro y el prestador de salud, como las clínicas o centros médicos-, a lo que el Gobierno respondió que no forma parte del proyecto.

4. El último punto en discordia tiene que ver con la cobertura que ofrecerá el PGS. Mientras el oficialismo propuso una cobertura ambulatoria de 60%, Girardi quiere que se aumente a 80%, lo que generaría un mayor precio del plan, según el Gobierno, con lo que aumentaría la migración de cotizantes desde las isapres al Fonasa, con el consiguiente efecto de mayor gasto para el Estado, que calcula que en el peor escenario podría generar el traspaso de un millón de cotizantes desde el sector privado al público. Al no haber acuerdo, la comisión deberá volver a reunirse. Hasta entonces, los senadores de oposición Mariano Ruiz-Esquide (DC), Fulvio Rossi (PS) y el aludido Girardi concordarán posiciones para definir si se vota y rechaza el proyecto, o se sigue negociando con el Gobierno.

Según Girardi, «no se puede avanzar, porque el Ejecutivo no ha tenido la voluntad de avanzar en aspectos fundamentales, como igualar los precios entre las isapres y establecer un PGS cuyo máximo a pagar en hospitalización sea del 20% (en hospitalización) y 40% en ambulatorio. O sea, un seguro de verdad».