Las únicas dos circunscripciones senatoriales que resultaron en doblaje para la Nueva Mayoría, Antofagasta y Coquimbo, son zonas mineras, y llegan justo en un punto que los mismos parlamentarios definen como de «inflexión» para el sector.
Por Mario Riveros M.
Tres nuevos senadores tendrán las dos circunscripciones mineras que hace una semana renovaban a sus representantes en la Cámara Alta: Pedro Araya (ILC) y Alejandro Guillier (ILC) por Antofagasta, y Adriana Muñoz (PPD), que se sumará al reelecto Jorge Pizarro (DC), por Coquimbo.
Los parlamentarios llegan en un punto que ellos mismos definen como de «inflexión» para un sector minero que ha crecido con fuerza, pero que hoy tiene casi tantos desafíos como oportunidades por delante.
Además, en un hecho inédito, las dos elecciones fueron doblaje, lo que los representantes electos atribuyen a que una minería en baja ha llevado a los electores de la zona a elegir por opciones más de izquierda.
En ese contexto existen coincidencias en los temas prioritarios que estos parlamentarios ven para sus ocho años de gestión.
Uno de los temas es la modificación de la Ley de Seguridad Minera en el cual, dice Jorge Pizarro, «se buscará establecer la diferenciación entre las grandes y las pequeñas faenas». Esto, coincide Adriana Muñoz, porque «no es lógico que las exigencias sean las mismas, si los recursos y los tamaños son los mismos. Mi compromiso es lograr establecer una diferencia, aspecto central para que existan inversiones en la minería».
«Y ahí el desafío es tener un estatuto especial para el funcionamiento de la pequeña minería, que incluya al fomento y al financiamiento», agrega Pizarro.
Custers y royalty
Jorge Pizarro le cierra la puerta a una posible modificación del royalty: «Eso ya se discutió y modificó durante este gobierno», dice el presidente del Senado, y explica que lo que debe cambiar es la estructura tributaria global, no la específica de la minería.
Los cuatro senadores son proclives a la Nueva Mayoría, por lo que uno de los temas que más ascendencia tiene entre ellos es la eliminación del DL 600, una de las promesas de campaña de Michelle Bachelet y que, dice Guillier, «efectivamente es un cambio a las reglas del juego, pero si demuestras que los fondos que pretendes recaudar son para ayudar a que la minería siga creciendo de manera sustentable, se justifican».
«El DL 600 permitió que se perdiera parte importante del cobre para los chilenos, hoy solo el 30% de la explotación del metal está en manos estatales, y por eso hay que eliminarlo», dice Muñoz.
«Pero lo que más necesitamos es revisar Codelco de punta a cabo. No se explica cómo en cuatro años la empresa haya pasado de ser una líder mundial a tener su peor rendimiento en 100 años», dice Pedro Araya.
«Es necesario conocer el estado real de esa empresa, que es de todos los chilenos y de cuya administración hoy los trabajadores dudan», agrega.
Guillier matiza diciendo que lo que más apremia hoy en cuanto a Codelco es la revisión de su sistema de financiamiento y cambiarlo por otro que procure mantener el liderazgo productivo y la materialización de todos los proyectos que aseguren su dinamismo.
Otra de las banderas de lucha de los senadores es buscar que parte de los tributos pagados principalmente por las grandes mineras se queden en las regiones mineras, «que permita el plan de una estrategia de desarrollo del norte y una mejor educación», dice Guillier.
Estos recursos, además señala Adriana Muñoz, podrían usarse en la solución de muchos temas inmediatos de esas zonas, como vivienda social y salud.
45,11% de la cartera de proyectos mineros entre 2013 y 2017 (o US$ 56.776 millones) están en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, según Cochilco.